Los Estados nacionales y sus poderes relativos en la economía mundial

Una vez regresado de Nueva York el Presidente Mauricio Macri, EEUU informó oficialmente sobre las restricciones al ingreso del biodiesel argentino a su territorio. Algo similar hizo Europa en el 2013 y motivó demandas ante organismos internacionales que otorgaron la razón a la Argentina 4 años después.
Macri estaba en busca de inversores externos en EEUU y la realidad de la economía mundial le devuelve más problemas a la situación externa de la economía Argentina, ya que los aranceles superiores al 70%, establecido en Washington para el biodiesel argentino, frenan exportaciones por 1.200 millones de dólares y contribuyen al incremento del elevado déficit comercial del país, que se proyecta cercano a los 6.000 millones de dólares para el 2017. Un déficit que exige ingreso de divisas a cualquier costo.
El argumento estadounidense es que la Argentina subsidia a los exportadores de la agro-energía y perjudica al complejo agro energético en su territorio, por lo que sugieren aplicar retenciones a las exportaciones, sugiriendo guarismos en torno al 27%, algo que estaría a contramano de la “ideología” del equipo gobernante. Recordemos que una de las primeras medidas al asumir Macri en diciembre del 2015 se concentró en la eliminación y/o reducción de las retenciones a las exportaciones.
Ahora, el país llevará el tema a los organismos internacionales para obtener un laudo favorable en 3 o cuatro años. Las normas internacionales postergan decisiones que la lógica de la competencia capitalista dirime a favor de la Argentina y su modelo productivo agroindustrial, que no puede ser sostenido desde la debilidad relativa del Estado capitalista local ante otros con más poder, no solo económico, sino militar y cultural.
Es el precio del menor peso relativo de los Estados nacionales de la periferia capitalista.  Aun con tecnología de punta en la agroindustria y la subordinación a la transnacionalización de la producción, el peso del Estado capitalista en la Argentina es reiteradamente subordinado a la lógica del poder mundial, sea de EEUU o de Europa Unida, o cualquiera de los países o bloques que disputa la hegemonía del capitalismo mundial.
Queda claro el pragmatismo “proteccionista” estadounidense (ayer europeo), que no le impide la formulación discursiva de la lógica “aperturista”, tal como ratificó en estas horas el acuerdo entre China y EEUU para liberalizar el sistema financiero del gigante asiático. Suscripto ante la presencia de Donald Trump en Beiging, se habilita el ingreso de la banca estadounidense o mundial a la posibilidad de adquirir paquetes accionarios de la banca china. Gradualmente se podrá adquirir paquetes accionarios de la banca china por capitales externos.
Los gobernantes del capitalismo desarrollado pueden actuar en simultáneo con un discurso contradictorio, de apertura y/o de protección, derivado en su capacidad relativa para intervenir en uno u otro sentido. Es algo que en mucha menor medida pueden realizar Estados nacionales de menor peso relativo, para el caso la Argentina.
Cada Estado nacional defiende sus intereses locales y en la disputa por un lugar en el sistema mundial. EEUU protege la producción local estadounidense y establece reglas que restringen el ingreso de la producción externa, p.e. de la Argentina, al tiempo que empujan la liberalización en otros países para favorecer el ingreso de sus productos y capitales.
En rigor, es lo que intentan todos los Estados nacionales y en función de sus tamaños relativos y su poder real es que pueden tener éxito en sus propósitos o no.
Las empresas transnacionales acumulan capital y capacidad de dominación articulando con el poder negociador de los Estados nacionales  en donde originaron su potencial de acumulación económico. Se trata de una relación dialéctica entre acumulación de capitales privados y desarrollo del Estado capitalista en cada país.
Como trasfondo operan los acuerdos bilaterales y multilaterales en organismos internacionales y tratados regionales o globales. Trump dice privilegiar ahora los bilaterales desde una concepción “First America” mientras China sustenta la “globalización” y Argentina, anfitrión de la OMC en diciembre próximo promueve un librecambio ideologizado y alienta desde el Mercosur el asimétrico acuerdo con la Unión Europea.
Necesidad de financiar el déficit
Los problemas externos de la economía local demandan financiamiento y el ingreso de capital de préstamos es lo que está lubricando la economía en la Argentina. Es algo que escamotea problemas estructurales y al mismo tiempo contribuye a generar un clima social de evolución favorable de la economía local. Sin duda, es uno de los aspectos que interviene en el consenso electoral a la propuesta del oficialismo.
Argentina tiene el record de endeudamiento entre los países emergentes para los años 2016 y 2017 por encima de China, México u otros tomadores de deuda en el mercado mundial. El stock de deuda del Estado argentino supera los 300.000 millones de dólares, casi un 60% de un PBI estimado en 550.000 millones de dólares y reservas internacionales por 50.000 millones de dólares.
El problema del stock de la deuda deviene de los compromisos de intereses anuales que devenga, ya que el capital se renueva recurrentemente y acrecienta la exigencia de cancelación de intereses, limitando el gasto público social para atender derechos, caso de educación o salud. Como en otras ocasiones de la historia local, los intereses de la deuda superan el presupuesto de educación y salud en conjunto. Un dato no menor está expresado en la tendencia al alza de la tasa de interés mundial empujada por la Reserva Federal de EEUU.
Junto a la deuda asumida por el Estado nacional e incluso las provincias, preocupa la creciente deuda asumida por el BCRA con la colocación de sus letras, las LEBAC. Estas se explican como instrumento anti inflacionario y más allá de su discutido éxito para una inflación superior al 20% para todo el año 2017, las LEBAC constituyen un mecanismo oneroso para el Estado que compite en el uso de la masa de dinero disponible para el crédito privado.
Veamos. El stock de LEBAC supera el billón de pesos y el total del crédito privado, según el BCRA alcanza a menos de 1,5 billones de pesos. A fines del 2015 el stock de LEBAC era de 300.000 millones de pesos, por lo que se multiplicaron por más de tres veces y pagan tasas gigantescas. Ese nivel de endeudamiento a elevadas tasas de interés, que esta semana volvieron a subir al 28,75% y negociaciones en el mercado secundario en torno al 30%, suponen un costo financiero muy importante para el sector público.
El BCRA es un gran captador de recursos y compite con otros demandantes de préstamos, que ante esas elevadas tasas prefieren postergar cualquier decisión productiva y privilegiar incluso opciones de tipo especulativo. Así, la economía argentina privilegia el sector especulativo financiero a contramano de la predica oficial por la recomposición de la actividad productiva a estimular con inversión productiva extranjera.
La política económica del Estado local está financiada con el ingreso de capital de préstamo que además favorece la fuga de capitales, sea por cancelaciones de los vencimientos de capital de deuda; por crecientes remesas de utilidades al exterior y saldo negativo de la balanza de turismo; sin perjuicio de otros mecanismos relativos a cuentas y empresas en el extranjero que involucran a principales funcionarios del gobierno nacional.
El FMI avala el ajuste y la reforma regresiva. ¿Cómo contra argumentar?
Lo explicitado son las razones del ajuste propiciado desde el gobierno y la batería de reformas reaccionarias en materia laboral, previsional o tributaria. Argumento coincidente con el balance de la misión del FMI sobre las cuentas argentinas. Dice el FMI que el rumbo es el correcto pero que hay que acelerar las “reformas” y bajar el déficit fiscal y comercial profundizando las medidas anunciadas desde el Poder Ejecutivo.
Más allá del debate y los consensos que puedan lograrse con gobernadores y parlamentarios; empresarios y dirigentes sindicales, la sociedad necesita discutir el orden socio económico y sus formas de financiamiento. Un desafío es que no solo actúe la iniciativa ideológica política del poder sobre la población. La propaganda del discurso oficial y el accionar de la prensa tradicional multimedia que habla al 42% del consenso electoral se transforman en “sentido común” favorable al único camino posible para resolver la cotidianeidad.
Necesitamos confrontar con ese diagnóstico gestado por la asociación entre el discurso oficial y la brega mediática mayoritaria, instalando que el presente de ajuste se deriva de la situación del pasado reciente y es el único camino posible para un futuro de expectativas. Esto supone discutir el pasado, el presente y el futuro, que involucra una sustancial discusión sobre y contra el capitalismo imperante.
Los capitales asociados a la producción del vino o la cerveza presionan para evitar impuestos sobre sus productos. Lo mismo hace la Coca Cola, quien actúa sobre sus proveedores de jugos para incidir sobre el gobierno y limitar la pretensión tributaria. La transnacional amenaza con parar inversiones por 1.000 millones de dólares si prospera el impuesto sobre las aguas azucaradas.
Esa presión empresaria incluye el lobby sobre los consumidores, generando opinión pública, algo que no ocurre sobre aspectos esenciales de la tributación, tal como eliminar el impuesto a las ganancias sobre los salarios; o definir una estructura progresiva de los tributos. Desde los trabajadores se protesta contra la regresividad impositiva y se enfrenta la articulada acción de los capitales y el Estado, que buscan en la sociedad una opinión pública en defensa de los intereses empresarios en desmedro de derechos sociales para la mayoría de la sociedad.
Por eso, ¿con que discurso discutimos el régimen tributario y su impacto en el modelo productivo y de desarrollo? ¿Cómo explicitar que la reforma laboral es precarización del empleo? ¿Cómo discutir el régimen previsional y el deseo de profundizar el deterioro de los ingresos de jubilados y jubiladas con las reformas al régimen de actualización?
Empezar a desarrollar argumentos críticos al discurso oficial e instalar una perspectiva anticapitalista constituye un desafío para el movimiento popular.

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2017

Vuelven los Martínez de Hoz al gobierno y nosotros recuperamos el proyecto centenario de la revolución

El gobierno Macri definió la agenda de debate luego del resultado electoral del 22/10 y se concentró en reaccionarias reformas laborales, del régimen de jubilaciones y tributarias. Mientras se debaten los borradores y antes de la formal presentación para la discusión parlamentaria se redefinió el Gabinete con la designación del titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA) al frente del ministerio de Agroindustria y al mismo tiempo el ministro de Energía anunció cambios en el sector energético con privatizaciones por 1.000 millones de dólares.
Por si hay duda de la relevancia de esas decisiones, recordemos que la SRA es la institución más antigua del poder hegemónico desde la instalación del capitalismo en la Argentina. Nacida en 1866, tuvo como primer Presidente a José Martínez de Hoz entre 1866 a 1870[1] y desde allí coordinó la estrategia de la “generación del 80” para incluir el territorio patagónico a la República Argentina, junto al genocidio indígena y a la capitalización de Buenos Aires con la primacía del puerto porteño en la definición del modelo agroexportador bajo la dirección de la oligarquía terrateniente y el capital extranjero.
Otro Martínez de Hoz, José Alfredo, descendiente del fundador redefinió un siglo después como Ministro de Economía de la Dictadura genocida en 1976 el plan de reestructuración capitalista reaccionario del país. El propósito apuntaba a modernizar e insertar a la Argentina en las nuevas condiciones del desarrollo capitalista con el eje puesto en las fuerzas productivas de la agro-industria.
El pecado original supuso el arrebato de las tierras a los pueblos originarios y la limpieza de la población no sometida al régimen del salario, caso del gaucho cooptado para la causa del ejército de ocupación o como jornalero, peón o trabajador asalariado.
La militarización y la violencia resolvieron el asunto de la tierra y de la población, que junto a la migración generaron las condiciones de apropiación territorial y oferta de fuerza de trabajo para el desarrollo capitalista.
En ese marco puede entenderse el circuito mercantil de las tierras que permiten a Benetton acceder a casi un millón de has patagónicas y el conflicto actual con la comunidad mapuche, sus reclamos y protestas seguidas de represión y el caso Maldonado, aun con caratula judicial de “desaparición forzada”.
Luis Miguel Etchevehere es Presidente de la SRA desde 2012 y desde ahora Ministro de Agro-Industria del Gobierno de Mauricio Macri. El sector agrícola e industrial de la Argentina está en la cima de la competitividad mundial capitalista y por eso Europa primero y EEUU luego le cierran las fronteras a las exportaciones del agro negocio (el llamado bio-diesel). Se trata de la fertilidad de la pampa húmeda y el desarrollo de un paquete tecnológico ofrecido por transnacionales de la alimentación y la biogenética con desarrollos productivos locales que se imponen mundialmente como la siembra directa.
Más allá del precio internacional de la soja, la recesión local fue aminorada en los últimos tiempos por la expansión de la producción agraria e industrial del complejo sojero, desde el grano a sus derivados con desarrollo industrial para producir aceites y combustibles.
Los objetivos originarios de los Martínez de Hoz, en 1866, en 1976 y ahora en 2017 llevan el sello de la oligarquía terrateniente como clase burguesa hegemónica asociada al capital transnacional para la disputa de un lugar en el mundo de los capitales más concentrados de origen local. Es el espíritu de clase que ostenta Mauricio Macri y su equipo y por eso se predisponen a satisfacer las demandas de máxima por la liberalización de la economía bajo el concepto de desarrollar las fuerzas productivas del capitalismo, como sentenció Marx hace 150 años vienes al mundo “chorreando sangre”.
No sorprende entonces la convergencia de la incorporación de Echevehere con el anuncio de Juan José Aranguren por las privatizaciones energéticas. El ex titular de la filial argentina de la petrolera Royal Dutch Shell entre 2003 y 2015 comparte mesa con el jefe de la SRA para continuar la histórica alianza entre los terratenientes locales y el capital foráneo, base de sustento del desarrollo capitalista de la generación del 80 del Siglo XIX y la reestructuración reaccionaria promovida desde el terrorismo de Estado un siglo después.
Es cierto que el Gobierno Macri es constitucional y surgido del voto, pero sus objetivos remiten al proyecto estratégico del poder histórico de la dominación capitalista surgida de la entente oligárquica con el capital externo, inglés en origen, estadounidense desde comienzos del Siglo XX. Un poder construido desde el fraude hasta la emergencia de la Ley Saenz Peña y el acceso de gobiernos bajo procesos electorales desde 1916, pero restituido en procesos golpistas entre 1930 y 1976 para condicionar todo proceso constitucional.
No es menor que por primera vez un gobierno electo por votación popular asuma el programa histórico de procesos del fraude político o los golpes de Estado. Son señales de nuevos fenómenos asociados a otros similares en el ámbito mundial que definen el retorno de las derechas más reaccionarias a la conducción del destino de las sociedades en diversos países del planeta.
Resta el debate sobre las reformas para flexibilizar el empleo y reducir las asignaciones de jubilados y pensionados, como la reestructuración del régimen tributario. Todas pensadas para favorecer la lógica de la ganancia, numen del capitalismo de siempre, pero al mismo tiempo vale recordar que el capitalismo es una relación social, donde no solo está el programa y la aspiración del propietario de los medios de producción, sino que también la relación se constituye con los propietarios de la fuerza de trabajo, que para el caso de la Argentina han construido una historia de organización y lucha.
Lo visible en los medios tradicionales y hegemónicos es la iniciativa del poder económico, del gobierno y la hegemonía empresaria,  pero aunque la nieguen existe una iniciativa alternativa de movilización y organización popular que no solo resiste esos propósitos, sino que también se propone construir imaginarios alternativos con perspectiva emancipadora, más pensando en la recuperación en estos días de la gesta anticapitalista de la centenaria revolución rusa.
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2017



[1] http://www.sra.org.ar/

Euforia del gobierno y el poder económico

Hay euforia en el gobierno de Mauricio Macri y en el poder económico con el resultado electoral del pasado 22 de octubre. Se nota en los festejos luego del escrutinio y en la primera conferencia de prensa del Presidente, justificando el aumento de combustibles con un inexplicable análisis sobre futuras bajas del petróleo, ahora que asciende a 60 dólares el barril.
Luego de los aumentos en los combustibles vienen las tarifas acrecidas en una escalada que solo tiene límites en la capacidad de protesta de la sociedad afectada, incluidos los votantes del gobierno, tal como ocurrió desde el primer incremento en 2016.
El poder festeja
Pero no solo hay euforia en los gobernantes, ya que los “mercados” mostraron confianza con alzas de las cotizaciones y volúmenes negociados, con guiños de consultores y evaluadores de riesgo que miran con expectativa el avance electoral de la derecha liberalizadora en la Argentina.
El BCRA decidió a dos días del triunfo subir las tasas de interés en 150 puntos porcentuales. Las tasas no se movían desde mayo y el temor era un impacto negativo en la percepción social antes de los comicios.
Una vez logrado el triunfo electoral, los ortodoxos dirigidos por Federico Sturzenegger subieron la tasa al 27,50%, favoreciendo la captura de liquidez financiera e impidiendo cualquier destino productivo del crédito en la Argentina.
Son tasas de usura en la lógica productiva que confirma el sentido especulativo de la economía local.
Un informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, con datos del BCRA señala que “el 77.8% de las inversiones recibidas en los últimos 12 meses se destinaron a la especulación financiera, generándole al Estado un gigantesco derroche de recursos en concepto de intereses”.
Por ende, solo el 22,2% corresponde a inversiones productivas de no residentes.
Convocatoria para consensuar la ofensiva liberal
Ese es el marco para la convocatoria a empresarios y sinidcalistas junto a otros sectores para la próxima semana e informar sobre propuestas legislativas y de política económica.
Uno de los ejes pasa por lo laboral, donde se concentra la demanda patronal y gubernamental para reducir el costo laboral y mejor la perspectiva de la rentabilidad de las empresas.
Como no pueden con el costo financiero, presionan con el laboral, apuntando al eslabón más débil, claro que con ciertas complicidades sindicales. A cambio, se ofrece la reducción de la “irregularidad” en el empleo, que mejor resulta definir como impunidad empresaria que condena a 1 de cada 3 trabajadores a quedar afuera de todo mecanismo de seguridad social.
La presión patronal también actúa sobre el costo fiscal y trasciende una reducción de la alícuota de ganancias para las empresas, postergando una vez más la promesa de reducción o eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios.
Reforma fiscal, laboral y previsional asoman para la discusión con los sectores afines del poder económico y los que están dispuestos a negociar desde el sindicalismo.
La concepción de pacto social y político se recrea con aquellos que buscan beneficio en la cuenta de resultados de sus empresas y quienes imaginan una cuota de poder para contener el conflicto social.
Ajuste y endeudamiento
El Presupuesto del 2018 de la Nación y las Provincias entra en etapa de negociación parlamentaria para consolidar el ajuste del gasto social y la consolidación de un compromiso creciente en pagos futuros de intereses de una deuda pública en expansión.
A más intereses de la deuda le corresponden disminuciones del gasto social, lo que se acompaña de una orientación de reestructuración regresiva de las relaciones socioeconómicas.
Solo la conflictividad social por la inflación sostenida y la descarga del costo en la mayoría empobrecida podrá frenar o contener la euforia de una ofensiva reaccionaria en el orden económico.
Es una euforia sustentada en una votación de medio turno presidencial que inspira una perspectiva de gobierno de mediano plazo, más allá de la renovación presidencial del 2019, para insertar a la Argentina en la lógica de la liberalización que empuja el poder económico mundial.
Aún con Donald Trump “nacionalista” y una China “globalista”, en la disputa hegemónica del sistema mundial, el poder económico de las transnacionales puja por la liberalización.
Las campañas locales, continentales y globales contra la OMC y el G20, con cónclaves en Argentina en 2017 y 2018 pueden contribuir a obstruir los propósitos de la liberalización.

Buenos Aires, 28 de octubre de 2017

La política en la Argentina después de las elecciones legislativas

El macrismo se consolida como primera minoría electoral en Argentina, aunque todavía incluye una votación de rechazo al kirchnerismo, que no debe considerarse voto fiel al ideario y práctica de Cambiemos en el gobierno.
La suma de macrismo (41,60%) y kirchnerismo (21,72%) los coloca como las fuerzas más votadas (63,32%) y confirman que son la novedad política en la representación institucional de la Argentina en este Siglo XXI.
El radicalismo acompaña mayoritariamente al PRO y también en menor medida se incluye como parte en el kirchnerismo. El peronismo se incluye en el kirchnerismo, fuera del mismo y también minoritariamente con la alianza liderada por el PRO.
Por eso aludimos a una nueva situación política con crisis de las identidades tradicionales: radicalismo y peronismo; y la emergencia de nuevas representaciones institucionales.
El  macrismo ya no es solo una fuerza de la Ciudad de Buenos Aires, sino que se extiende como identidad nacional, con peso electoral en los principales distritos por población y peso económico, especialmente la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Es algo que le otorga fuerza en la negociación con los gobernadores y las fuerzas políticas tradicionales en la Argentina, peronismo y radicalismo, disminuidas en su visibilidad como expresión política.
La votación del kirchnerismo sigue siendo amplia y de carácter nacional, con expresiones organizadas en el movimiento social. Anuncia que se posiciona como la principal fuerza de oposición al gobierno de Macri e intentará hegemonizar al peronismo, que en sus variantes se presentó por lo menos en tres espacios electorales. El liderazgo del peronismo está en disputa y Cristina Fernández pretenderá erigirse como la más votada hacia la candidatura presidencial del 2019.
Macri es el primer presidente no radical ni peronista desde 1916, y aspira a constituir un nuevo tiempo político en el país bajo una nueva identidad, de derecha y con consenso electoral de masas, lo que supone apoyo entre los más pobres y los trabajadores.
No todo es institucional, el conflicto social existe
El triunfo electoral no elimina el conflicto social como parte de la disputa política. De hecho, las tensiones de último momento se asociaron a la desaparición de Santiago Maldonado, con responsabilidad directa del Estado y la represión.
Se trata de un tema que continúa, a la espera de la autopsia y la consideración de la responsabilidad estatal en la muerte de Maldonado, incluso y más allá de dictámenes oficiales, la sociedad, o una parte de ella responsabiliza al Estado y el conflicto en torno a su esclarecimiento no se agota en la voz oficial.
El movimiento de DERECOS HUMANOS y más en general el movimiento popular batalló contra la impunidad hasta lograr las leyes de nulidad y los juicios en curso; una lucha de décadas en la que puede inscribirse la demanda por el esclarecimiento de la muerte de Santiago Maldonado.
La batalla contra las actualizaciones de tarifas involucró a votantes del macrismo durante estos años y es previsible que sean parte de nuevas protestas. No debe asociarse adhesión electoral con consenso a políticas de ajuste explícito que afecta a buena parte de la población de menores ingresos.
Una ampliación del consenso electoral y parlamentario no significa contención del conflicto social.
Con el consenso electoral se pretenderá avanzar con la agenda del ajuste y la regresiva re-estructuración de la economía, el Estado y la sociedad. Por eso se alentarán reformas diversas: laboral, previsional, fiscal, penal, educativa, de salud, etc.
A no dudar que esos intentos generarán respuestas diversas, entre quienes intentarán darle cobertura social, sean parte de la burocracia sindical negociadora, mayoritaria en la CGT; el periodismo afín a las patronales de la comunicación y una intelectualidad funcional a la liberalización; pero también se habilita el despliegue de alternativa política popular, especialmente en la construcción de un nuevo modelo sindical, donde la unidad de acción es fundamental para construir nuevo proyecto sindical y popular articulado.
Las CTAs y otros ámbitos del movimiento sindical están desafiados a superar la fragmentación y con audacia proponer formas de organización de la protesta social y generarse condiciones de efectividad en la construcción de alternativa de poder.
En el movimiento sindical, territorial y popular se dará el principal espacio para la acumulación política de la izquierda y un proyecto popular por la emancipación social.
La izquierda partidaria logra 1.350.000 con el 5,59% de votos, con picos muy importantes en algunos distritos como Salta, Jujuy, Mendoza, e incluso el ingreso de legisladores nacionales. La fragmentación de la propuesta electoral de la izquierda diluye una mayor presencia legislativa y desafía a ampliar los espacios de unidad.
Unidad más posible y deseable en el ámbito del movimiento social y el conflicto, territorio adecuado para construir confianza para disputas institucionales próximas.
Sin perjuicio de la confrontación al ajuste, que incluye alianzas estratégicas y tácticas que involucran al propio kirchnerismo, el desafío pasa por la unidad ante situaciones de una agenda por la liberalización.
En ese plano destaca la confrontación contra las reformas laborales y previsionales y otras que mencionamos antes, pero especialmente contra la agenda de la presidencia Argentina en el G20 del 2018, que empieza en estos días con una reunión en Bariloche, que anticipa la ofensiva capitalista en territorio argentino durante el próximo año.
Más aún, en diciembre próximo, entre el 10 y 13 de diciembre se reúne la 11° Ministerial de la OMC y la programada semana de acción global contra la OMC será la oportunidad de generar una importante acción de masas en unidad de lucha para habilitar la discusión de una agenda alternativa al proyecto de liberalización del gobierno y las clases dominantes.
Sea por la agenda del ajuste nacional o las reformas reaccionarios y el alineamiento con la demanda del capital trasnacional para bajar el costo laboral y previsional y asegurar rentabilidad al capital, el desafío se instala en la potencia de la unidad de acción del movimiento popular y que en su desarrollo se desplieguen formas eficaces de articulación para la disputa del poder.
Menos consignas y más argumentos
Desde la izquierda y el movimiento popular se requiere mayor capacidad de argumentación.
El discurso pos electoral del macrismo es vacío, asentado en el consenso electoral y convocando a “seguir” en el rumbo, respondiendo a una religiosidad que convoca al seguimiento acrítico.
Somos conscientes que eso supone la agenda de la liberalización y el ajuste, la promoción de las inversiones externas y el mayor endeudamiento público, y que no alcanza con la oposición.
La demanda es por construir adecuada argumentación que no se contenten con la crítica al neo-liberalismo, sino ir más allá en una prédica anti-capitalista que pueda generar conciencia por cambios profundos.
El problema no es el neo-liberalismo o Cambiemos, el tema de fondo es el capitalismo. Hace falta una propuesta anti-capitalista y para ello discutir más a fondo que pasa en los sentimientos y consciencia de los sectores popular, ver como se discute contra la argumentación desde el poder.

Buenos Aires, 23 de octubre de 2017

La política más allá de las elecciones y por los derechos

La aparición del cuerpo de Santiago Maldonado en el Río Chubut agregó incertidumbre al análisis político electoral y general.
Fueron meses de conmoción social por la desaparición, lo que profundizó las diferentes lecturas sobre la realidad, con variadas sospechas sobre las responsabilidades y alcances del acontecimiento, centradas en la responsabilidad del Estado y el accionar de la represión.
Sea cual sea el resultado en la elección del 22/10/17 y con el informe de la autopsia se abrirá un debate sobre las responsabilidades en la muerte de Santiago Maldonado.
El resultado electoral desafía a los principales proyectos que disputan institucionalmente la política, sea el macrismo, como coalición o pretendida nueva representación política, como al peronismo, o si se quiere, al kirchnerismo como parte que lo trasciende; pero también a quienes desde otras expresiones por izquierda o derecha disputan representación política.
La realidad es más compleja que el ámbito institucional y afirmamos que el conflicto social ocupa un lugar central. El tema de fondo es la defensa de los derechos en sentido integral, como derechos humanos, económicos, sociales o culturales, algo que trasciende a los poderes constitucionalmente definidos.
Responsabilidad del Estado
Variadas fueron las explicaciones que se difundieron en los 80 días de la desaparición de Santiago Maldonado, lo que generó una demanda social extendida por la verdad y el esclarecimiento.
Algo que debiera consolidar una posición masivamente sustentada en el esclarecimiento de todos los casos de desapariciones en tiempo constitucional y obvio, de la irresuelta situación de los desaparecidos en tiempos de la dictadura genocida y el previo periodo constitucional signado por la presencia de grupos parapoliciales y paramilitares.
La responsabilidad es del Estado, que se dice de Derecho, mucho más en el caso Maldonado, con participación de fuerzas de seguridad dirigidas por el poder judicial y el ejecutivo en el desalojo de la ruta el 1/8, seguido de persecución a los manifestantes.
Bajo la defensa de los derechos humanos se constituyó un nuevo sujeto socio político en tiempos de dictadura, ampliado en los turnos constitucionales desde 1983, habilitando con acuerdo de gobiernos de turno los juicios, a las juntas y a responsables directos de la represión, sin agotar a todos los involucrados, algo que se mantiene vigente gracias a la anulación de las leyes de la impunidad.
Vale resaltar el tema porque no alcanza con el accionar de las instituciones y sus leyes, los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. El poder popular es lo que constituye ese accionar y legitima o deslegitima las disposiciones del poder relativo de las instituciones.
La dictadura ejerció el poder indiscriminado y combatió derechos, especialmente a la vida. El límite provino de la lucha social y en forma destacada por el movimiento sindical y el de los derechos humanos. La razón se explica en la agresión a los derechos de las trabajadoras y trabajadores, a quienes se pretendió disciplinar con prohibiciones y restricciones a sus derechos esenciales.
Así, la lucha por los derechos humanos, sociales, económicos y sindicales apareció en la constitución de un contrapoder que habilitó las bases para un nueve tiempo desde fines del 83.
El Estado es un ámbito de relaciones sociales sujeto a la disputa, sobre el que actúa el poder con todas sus formas, incluida el poder de la violencia y la represión, en tiempos de dictadura o de vigencia constitucional; pero es también espacio de disputa para la satisfacción de la demanda social extendida y organizada.
No decimos nada nuevo y así como hace 100 años la lucha universitaria habilitó una reforma progresista de la Universidad, las luchas en torno al 2001 gestaron una legislación favorable a las empresas recuperadas y especialmente la inimaginable nulidad de las leyes de la impunidad.
Hegemonía en el Estado y disputa del poder
Está claro que en la coyuntura actúa más el proyecto del poder sobre el Estado y por eso crece la represión y la demanda de los sectores hegemónicos para instalar el orden necesario para la reproducción normal de la lógica del capital. Ello está presidido por las condiciones necesarias para el ingreso de capitales externos: reformas regresivas contra los derechos adquiridos.
Insistamos que la realidad no es solo la hegemonía transitoria en las instituciones, sino que la realidad se establece en disputa entre las iniciativas contradictorias en uno u otro sentido.
Por eso, desde el gobierno se intentará empujar las políticas de ajuste y reforma laboral, previsional, educativa, de salud y penal sustentadas en un resultado electoral que imaginan favorable.
La discusión se instala en el ámbito del conflicto social, por esclarecer el caso Maldonado y contra el ajuste en las condiciones de vida de la mayoría de la población.
Es una disputa por los derechos. De un lado el derecho a la explotación, la ganancia y la acumulación, propias del desarrollo capitalista. Por el otro, el derecho a sostener históricas conquistas del movimiento obrero y social y expandir la demanda social para satisfacer necesidades, incluso una perspectiva alternativa contra el modelo productivo y de desarrollo.
Resulta estratégico discutir el Estado y la disputa de la hegemonía en su interior, lo que puede permitir el debate sobre el rumbo de la política estatal, para consolidar el orden capitalista, que puede ser restringido a reformas progresistas, o para construir una sociedad en contra y más allá del régimen del capital.

Buenos Aires, 22 de octubre de 2017