De la Dictadura genocida a la concentración y miserabilización actual

A 41 años del golpe genocida del 24 de marzo de 1976 hay que hacer memoria y recuperar los objetivos entonces propuestos por las clases dominantes para considerar cuanto lograron y como los profundizan en nuestra cotidianeidad.
Con el terror de Estado se ejerció la “necesaria” violencia para reestructurar la economía, el estado y la sociedad, por eso, la cultura del miedo, represión explícita mediante, para obtener una férrea disciplina social. Por eso no debe sorprender la argumentación ideológica en el presente contra la movilización social en defensa de los derechos de los de abajo. Es la cultura represora de la dominación que defiende el derecho a circular junto a los de propiedad, contra los de las/os trabajadoras/res, sus salarios y las condiciones de empleo.
Hay matices en 41 años, sí, no es lo mismo la dictadura que los gobiernos constitucionales, no necesariamente “democráticos”; pero existen algunas regularidades institucionales que atraviesan todo el periodo.
La más importante es la ofensiva del capital sobre el trabajo y la flexibilización y precariedad laboral constituye una constante en el periodo. El tercio de irregularidad en el empleo es menos que la máxima hacia 2001/02, pero refleja la voracidad de la impunidad empresarial que deteriora derechos y condiciones de vida de las/os trabajadoras/es.
Producto de la ofensiva capitalista cambió la relación cotidiana entre trabajadoras/es y sus empleadoras/es, con la clara intencionalidad de restringir la capacidad de protesta y organización sindical, que no es mayor producto del empecinamiento de una cultura social y sindical en la Argentina, con tradición histórica en diferentes identidades político ideológicas anti capitalistas.
Los instrumentos de la ofensiva capitalista fueron variados, no solo para transformar la relación laboral, sino el tipo y función del Estado, por eso las privatizaciones y el incentivo a la iniciativa privada. Una lógica que hoy se reitera con la pretensión de normalizar la educación privada, mientras que en la escuela pública se “cae” por no haber alternativa para los más empobrecidos.
Con la mercantilización capitalista se organiza la cotidianeidad, en la salud y la educación, en la vivienda, la cultura, la seguridad o la justicia; pero a no olvidar que ese propósito formulado en tiempos dictatoriales se materializó con gobiernos constitucionales y persiste.
La deuda pública es un mecanismo en origen que se potenció en tiempos y turnos constitucionales, con una incambiada “ley de entidades financieras” que rige desde 1977 y cuyo objetivo de concentrar la banca se concretó con creces, más su extranjerización.
No puede pensarse en el modelo productivo actual, readecuado en estas décadas desde el propósito explicitado por el Plan de Martínez de Hoz en abril de 1976, cuyo eje rector tuvo impulso bajo la orientación de Cavallo con presidentes peronistas y radicales.
Los objetivos de la dictadura no solo se materializaron bajo condición de golpe de Estado, sino también con legislación aprobada por el Parlamento, sean las leyes de la impunidad o la ley antiterrorista, antecedente de cualquier protocolo de represión contemporáneo.
Este trayecto es el que permite explicar el 33% de pobreza y la concentración en pocos multimillonarios del petróleo, la construcción o las finanzas. Remito a Alejandro Bulgheroni, Eduardo Eurnekian, Alberto Roemmers, Gregorio Pérez Companc, Jorge Horacio Brito, Eduardo Costantini, o Marcos Galperin. Argentina replica lo que pasa en el mundo, con 8 fortunas individuales que tienen la misma riqueza que el 50% de la población mundial.
Resulta de interés recuperar la memoria, sí, pero también considerar las continuidades esenciales en tiempos constitucionales para hacer funcional a la Argentina al orden capitalista mundial, ahora desafiado en el marco de la crisis a su propio reordenamiento. Este se manifiesta en las críticas a la globalización capitalista desde sus propias clases dominantes, caso del BREXIT o el triunfo de Trump, o la expansión visible de las derechas mundiales que se ofrecen para reformar en su beneficio el capitalismo actual.
Son reformas para relanzar la lógica de la ganancia, de la acumulación y la dominación. Por eso hay que pensar en términos alternativos, lo que supone la crítica a los procesos de cambios que se procesaron o procesan en nuestra región y discutir la necesaria transición desde el orden actual hacia formas sociales de organización de la producción y la cotidianeidad colocando por delante los derechos humanos y los de la naturaleza.
La gigantesca manifestación de recuperación del acontecimiento que supuso el genocidio puede servir para construir subjetividad y propuestas programáticas para una crítica del pasado y el presente, junto al debate sobre el futuro cercano de emancipación social.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2017

¿Qué hay detrás de los datos oficiales de empleo y desempleo?

Son variados los debates que se generan en la Argentina sobre la situación económica, el empleo y el ingreso popular, que definen opiniones solidarias o críticas con la protesta social.
Los primeros sostienen que la inflación deteriora la capacidad de compra de los ingresos de la mayoría social y por eso se demanda la actualización vía paritarias sin techo y la adecuación a ese nivel de jubilaciones, pensiones y subsidios sociales. En todo caso, algunos discuten las formas que debiera adquirir la protesta social, pero validan el reclamo.
El tema se agrava con la discusión sobre el acceso o no al empleo y si la realidad es de crecimiento del empleo y el nivel de actividad económica o todo lo contrario, típico de una situación recesiva.
Para los segundos, los críticos con la protesta social, el énfasis está en que los datos de recuperación de la economía serán visibles a corto plazo, claro en el discurso del Ministro de Hacienda que insiste en su percepción de difusión de recuperación económica desde la primavera pasada.
Este argumento se afirma en la baja del desempleo según el INDEC, de 7,6% para diciembre del 2016, y la referencia del empleo registrado difundida por el Ministerio de Trabajo con nuevos 80.928 trabajadores entre diciembre del 2015 y diciembre del 2016.
Los defensores de la política económica de Macri abusan de estos datos sin pormenorizar consideraciones que expliquen en profundidad el sentido de los mismos, ya que son promedios de valores diversos que expresan la complejidad del problema del empleo en la Argentina.
Estos defensores llegan a afirmar a sus oponentes que ellos opinan con datos en la mano, mientras que los demás solo acuden a datos imaginados, producto de una propaganda de oposición.  Por eso es importante meterse en la profundidad de los números y aunque parezca aburrido, analizar para entender, discutir y confrontar.
Desempleo
El INDEC acaba de publicar los datos para el 4to trimestre del 2016 e indica que el desempleo alcanzó el 7,6%. Se trata de un valor menor a los registros del 2do trimestre, que alcanzó al 9,3% y del 3er trimestre del 8,5%.[1]
La conclusión primaria es que el desempleo viene bajando, pero no se considera que la tasa de actividad económica (porcentaje entre la población económicamente activa y la población total) fue del 45,3% en el 4to trimestre del 2016, contra el 46% del 2do y 3er trimestre del 2016. La PEA, Población Económicamente Activa son las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente, la población ocupada más la población desocupada. Así, en el 4to trimestre hay menor la proporción de PEA sobre el total de la Población.
Es decir, baja la tasa de desempleo porque también baja el nivel de actividad económica, y que si se hubiera mantenido la actividad económica a los valores del tercer trimestre, el desempleo no habría bajado.
Por eso, vale rescatar al propio informe del INDEC cuando señala que “Los resultados del cuarto trimestre de 2016 no presentan diferencias estadísticamente significativas en el empleo con relación al trimestre anterior. Disminuye la actividad y la desocupación por refugio en la inactividad.”
Así, podemos deducir que lo relevante fue la recesión económica y el desaliento en la búsqueda del empleo. No hay lugar para la algarabía de la simple lectura del dato del INDEC señalando la baja del indicador de desempleo.
Resulta interesante desagregar la información oficial y así destacar que si el desempleo es del 7,6%, los ocupantes demandantes de empleo suman un 14,6% y la subocupación alcanza al 10,3%.
El problema del empleo es serio y alcanza al 27,8% (7,6% de desempleo abierto + 14,6% de Ocupados demandantes de empleo + 5,6% Ocupados no demandantes disponibles) de una PEA de 12.396.591 para 31 aglomerados urbanos. Por simple deducción inferimos una PEA total del país cercano a los 18 millones de personas.
Los territorios donde el desempleo supera al promedio son los lugares de concentración de la población, tal como Mar del Plata con 10,6%; los partidos del Gran Buenos Aires con 9,4%; Río Cuarto con 9,1%; Bahía Blanca-Cerri con 9,2%; Gran Rosario con 8,6%; Gran Córdoba con 8%; Gran Tucumán con 7,9%.
Es lógico que en el promedio general del país, el desempleo sea del 8,1% para las poblaciones con más de 500.000 habitantes y del 4,8% para aquellas con menos de medio millón de habitantes. Es un dato relevante para un país con 91% de población urbana.
Para un tiempo donde los medios de vida se definen por la capacidad de vender la fuerza de trabajo y sin considerar el bajo nivel de ingreso, podemos confirmar que el empleo o la ausencia del mismo es un tema estructural que recrea recurrentemente condiciones de conflicto social.
Trabajadores registrados
Resulta interesante cruzar la información del INDEC con la estadística del Ministerio de Trabajo y así desmitificar algunas conclusiones propagandísticas emanadas desde el equipo gobernante.
Según el Ministerio de Trabajo, en Argentina existen 12.099.885 de trabajadoras y trabajadores registrados; de los cuales, 8.565.711 lo hacen en el sector privado y 3.153.561 en el sector público; el resto, 380.613 son monotributistas sociales.[2]
La información señala que durante el 2016 se registraron nuevos 80.929 trabajadoras o trabajadores. El dato es el resultado neto de ingresos y egresos de personas en el mercado laboral, por lo que interesa hurgar en ese movimiento para determinar el origen de ese mayor número de trabajadoras y trabajadores registrados.
Vayamos por partes. En el sector privado hay 24.401 nuevos empleos registrados, resultado de una suma algebraica, con sumas y restas, donde nos importa y sobre manera lo que resta. Veamos la composición del dato: por el más tenemos a 40.076 monotributistas, 15.354 de trabajadoras y trabajadores de casas particulares y 12.580 autónomos, menos 43.609 trabajadores asalariados, una categoría que suponemos con mayor cobertura social, salario y condiciones laborales.
Podemos intuir, para el sector privado en su conjunto, que se trata de una pérdida de calidad en el empleo y los ingresos del promedio de los trabajadores, ya que lo que crece es son monotributistas, casas particulares y autónomos con menor cobertura social, precariedad en las condiciones de trabajo e inseguridad pese al carácter de trabajadores registrados.
En el sector público hay crecimiento de 28.862; y entre los monotributistas sociales (sectores vulnerables de la economía popular, trabajadores independientes de bajos ingresos) 27.666.
Crece el empleo registrado por la suma de 24.401 en el sector privado (intuimos mayor precariedad derivado de las categorías de inclusión y exclusión), 28.862 en el sector público y 27.666 entre los trabajadores empobrecidos.
Suman así los 80.929 en total, que sirven para hacer propaganda sobre la evolución del empleo en 2016, obviando su composición interior y por cierto el problema del trabajo irregular, estimado en 1/3 de la fuerza laboral y por ende, los registros de más de 200.000 puestos de trabajo perdidos durante el año pasado.
¿Habrá recuperación económica?
Siempre que llovió paró dice el refrán popular y es cierto que las tendencias económicas no se sustentan en caída sistemática.
En algún momento hay repunte y así como a la larga recesión de 1998-2002 le sucedió el repunte de la dupla Duhalde Lavagna, sostenida luego por Kirchner-Lavagna, ralentizada desde 2007 con alzas y bajas alternadas y una tendencia a la desaceleración desde el 2014; es probable que este 2017 marque tendencia de reversión.
Fue lo anunciado para el segundo semestre del 2016 y que ahora se anuncia para este año. Aun siendo así, con crecimiento económico para el 2017, eso no significará que la mayor capacidad de producción genere una mayor distribución progresiva del ingreso, y menos de la riqueza, al conjunto de la población.
La cuestión no es el crecimiento de la producción e incluso su distribución, sino que se produce, para quién, cómo y para satisfacer que necesidades, lo que supone discutir el modelo productivo y con él, las formas del empleo y los ingresos de la mayoría empobrecida.
Es un debate económico, sí, pero especialmente social, político y cultural, que se define en el país que imaginamos y pretendemos.
Buenos Aires, 17 de marzo de 2017



[1] INDEC. Mercado de trabajo, principales indicadores (EPH). Cuarto trimestre de 2016, en:  http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/EPH_cont_4trim16.pdf (consultado el 17/3/2017)
[2] Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE TRABAJADORES REGISTRADOS. Datos a diciembre de 2016, en: http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/descargas/SIPA/totaltrabajadores/totaldetrabajadoresSIPA-Diciembre2016.pdf  (consultado el 17/3/2017)

Hartazgo social y protestas masivas por pobreza, desempleo e inflación

La información estadística confirma el hartazgo que impregna el sentido social mayoritario.
En efecto, con datos a septiembre del 2016, la indigencia acumula 2,7 millones de personas, unas 600.000 más que a diciembre del 2015. Así, los pobreza por ingreso alcanzan a 13 millones de personas, 1,5 millones más que a fines del 2015. Se trata de 6,9% de indigentes y 32,9% de pobres. Un tercio de la población bajo la pobreza y las mujeres en situación más vulnerable que los varones.[1]
El agravante es que la situación es peor para los menores de 14 años, ya que para la infancia se reconoce un 48,8% de pobres; los jóvenes de 15 a 29 años, un 37,9%; los adultos entre 30 y 59 años un 28,3%; y los mayores de 60 años el 10,9%. Son datos preocupantes en el presente y alarmantes sobre el futuro de los niños y jóvenes.
Por su parte, el INDEC[2] desmiente los dichos oficiales sobre contención de la inflación, ya que en febrero 2017 marcó una suba del 2,5%; lo que significa un acumulado del 3,85% para el primer bimestre y una proyección del 25,4% anualizado, muy lejos de la meta entre 12 y 17% establecida por el BCRA, el presupuesto nacional, y el techo paritario imaginado por patronales y el gobierno nacional en 18% para todo el 2017.
La crónica periodística remite regularmente a las crecientes suspensiones y cesantías, derivadas de la continuada recesión más allá del optimismo económico del oficialismo.
Nicolás Dujovne habla de la recuperación de la economía y GM o SANCOR cesantean. Es una situación convergente con una capacidad instalada en la industria del 60,6% en enero 2017 contra un 62,9% en enero 2016.[3] Es una cuestión que también se verifica en el ascenso de los índices oficiales de desempleo, subempleo y un tercio de trabajadores en situación irregular,
Todo ello confluye en un crecimiento de la desigualdad, cuya metáfora pasa por el aumento de venta de automóviles 0km y suspensiones de trabajadores de la industria automotriz. Hay que asociarlo a mejora de capacidad de compra de sectores de altos ingresos, aumentos de la importación de automotores y disminución de producción local con destino al mercado interno y/o brasileño.
Este relato remite al fenómeno de una cotidianeidad que deteriora la condición de vida de la mayoría de la sociedad, que no está en el peor momento de 1989 o 2001, pero que tiene ese destino según la evolución progresiva de los indicadores económicos y sociales.
Lo esencial es la reaccionaria reforma estructural
Se llega a esos máximos de deterioro por las reformas estructurales organizadas desde 1975/76 y especialmente en los 90 del siglo pasado, que consolidan el incremento de la desigualdad, la pauperización aumentada y la concentración y extranjerización de la riqueza socialmente generada.
Esto es lo esencial en el orden capitalista; la recreación de las condiciones de explotación y dominación para asegurar la valorización de los capitales y la toma de ganancias, su acumulación y reproducción social.
He aquí la esencia de la regresiva reforma de la estructura económica y social de la Argentina desplegada en dos tiempos: uno bajo la dictadura genocida y otro durante la convertibilidad, con menemismo y Alianza, expresión histórica de las cúpulas del bipartidismo, que ahora intentan ser superadas desde el PRO y nuevos alineamientos en el sistema político.
La crisis indujo la regresiva reestructuración de la economía y la política, disciplinando al movimiento social a las nuevas condiciones de funcionamiento de la sociedad (extranjerización, concentración, nuevo modelo agro primario exportador, elevada especulación y papel de la banca transnacional), con mayores niveles de empobrecimiento y marginación social, con la consecuente despolitización instaurada desde el genocidio y el terrorismo de Estado.
Sobre esas reformas estructurales in-modificadas desde el modelo productivo, la reestructuración continúa y tiene que ver, en primer lugar, con acentuar las modificaciones en la relación entre el capital y el trabajo, para profundizar la subordinación de éste hacia aquel, lo que se manifiesta como disminución del costo laboral. También debe considerarse la permanente reforma del Estado al servicio del Capital y la inserción subordinada en el sistema mundial.
Bajo este concepto de reducción del costo laboral está el salario y por eso el techo pretendido a la actualización de ingresos, consumada en 2016 con pérdidas de capacidad de compra de los ingresos populares entre 6 y 12% según sea la categoría de empleo, regular o irregular de los trabajadores. Pero también supone la reducción del salario indirecto recortando beneficios de la seguridad y previsión social, la salud o educación junto a otros derechos universales a cargo del presupuesto público.
Toda la lógica de política económica se sustenta en generar mejores condiciones para la inversión, por lo que el esfuerzo oficial apunta a elevar la rentabilidad del capital, la ganancia. Esta resulta de la producción de plusvalor, y por eso los dineros destinados a la inversión requieren bajas de los precios de los medios de producción (capital constante) y de la fuerza de trabajo (capital variable).
Para reducir el precio de los medios de producción buscan el menor precio posible en el mercado mundial, y por ende presionan por la apertura de la economía. Así, destruyen cualquier proceso productivo local. Incluso, pueden llegar a suplir el proceso productivo y reemplazar producción final local por otra de origen externo. Es lo que ocurre en la coyuntura con la creciente importación, verdadera sustitución de producción local por extranjera, destruyendo fuentes de empleo y producción.
Para disminuir el precio de la fuerza de trabajo, las patronales y el gobierno presionan con el objeto de desarticular la capacidad de organización y resistencia del movimiento sindical y social, sectorial o territorial de los trabajadores. Se trata de disciplinar a las organizaciones sindicales y sociales para facilitar la inducción en la baja del costo de producción, sea del sector privado como del gasto público social. Por esto es que se empecinan en reducir el déficit fiscal y a cualquier costo trasladar la carga fiscal sobre los de abajo y en beneficio de la cúpula de inversores.
En ese rumbo no debe sorprender que en algún borrador se piense en bajar impuestos a los inversores y aumentar el IVA, por ejemplo. Mientras resuelven el financiamiento local de su política, no dudan en incrementar la deuda pública hipotecando el futuro de las finanzas del Estado. Condicionan así presente y futuro.
La respuesta movilizada
El conflicto docente es emblemático en este sentido, y en la pulseada se juega la posibilidad de avanzar sobre otros sectores de trabajadores. El acuerdo con los petroleros patagónicos y el avance con metalúrgicos y los sindicatos del automotor es el camino para reducir el costo salarial de las grandes empresas, en el mismo sendero de la tercerización y toda forma de flexibilización de los ingresos y las condiciones de trabajo.
La gran movilización de los docentes protestando con el no inicio de las clases, con paros de 48, 72 o 96 horas y perspectivas de continuidad en una lógica muy alejada de la oferta patronal para actualizar salarios, evidencia una confrontación con alcances al conjunto del movimiento sindical y social. Se hizo todo lo posible para deslegitimar la protesta, incluyendo la aberración de acudir a voluntarios para reemplazar profesionales en la educación. La confrontación es económica, política e ideológica y no está cerrada, con el gobierno negando la paritaria nacional.
Por eso se puede pensar en continuado las movilizaciones del lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de marzo, aun cuando cada uno tuvo sus propias reivindicaciones y motivaciones. La primera con los docentes y la defensa de la escuela pública y sus ingresos. La segunda iniciada por los gremios productivos de la CGT y asumida por todas las Centrales de Trabajadores (CTAs) y diversos movimientos y organizaciones no adheridas a las centrales sindicales. La tercera promovida por el Día Internacional de las mujeres trabajadoras y con Paro Internacional de Mujeres.
En todas las movilizaciones ganó la consigna del PARO GENERAL. La cúpula de la CGT fue vapuleada por no convocar con fecha cierta a la medida reclamada en una inmensa movilización callejera. El poder del movimiento popular, especialmente de los trabajadores se hizo sentir y se evidenció que junto a la iniciativa del poder, también existen otras de las clases subalternas.
Resulta de interés entender la situación en clave de lucha de clases, ya que la constitución de un sujeto colectivo movilizado limita el objetivo disciplinador promovido por las clases dominantes y el gobierno Macri.
Es cierto que la hegemonía en el movimiento popular está en disputa, o dicho de otro modo, no hay dirección aun de la movilización popular; pero al mismo tiempo, parece que el gobierno Macri tampoco resuelve la demanda de las clases dominantes por doblegar al movimiento social en lucha.
Desde el gobierno baja la discusión sobre ajuste gradual o políticas de shock, en el sentido de las primeras medidas con devaluación, quita o disminución de retenciones y liberalización del mercado de cambios y cancelación de deudas en litigio, aun con mayor endeudamiento.
Conviven ambas perspectivas en el poder, y se viene el 24/3, conmemoración del Golpe de Estado que inició la regresiva reestructuración que juega ahora un nuevo turno reaccionario.
¿Cómo seguir?
Unos discuten como gobernar el capitalismo local y se adecuan a las nuevas condiciones del orden mundial, con Trump y el Brexit, en simultáneo con la continuidad de la liberalización, con el G20 próximo en Alemania y en 2018 en Argentina; o con la OMC en diciembre en nuestro país. ¿Habrá condiciones para otro NO, como en Mar del Plata 2005 contra el ALCA?
El capitalismo de esta época no transita con la tranquilidad que suponía el avance de la globalización y menos con la siembra realizada por el gobierno en sus relaciones con Obama y la Casa Blanca, y que busca ahora readecuarse. Recordemos que los inversores siempre le piden disciplinar al movimiento social.
Para esa discusión de como gobernar el capitalismo local y en tiempos electorales se presentan varios candidatos, muchos coinciden con el eje en la demanda de inversores, que buscan afuera ante el parasitismo de la clase dominante local, solo animada en el agro y la minería, de la mano de las transnacionales de esos sectores.
Están también los que imaginan que se puede estimular el consumo sin afectar la lógica de dominación del capital, sin comprender los límites del cambio político en la región en este nuevo siglo. La demanda de más consumo sin modificar el modelo productivo conlleva la orientación del voto hacia lógicas reproductivas de un patrón consumista y de dominación monopólica de la esfera de la producción.
Necesitamos discutir el país que tenemos y el que necesitamos, lo que supone convocatorias asamblearias e una dinámica congresal, para analizar y consensuar el diagnóstico y las propuestas para transformar la realidad. Un congreso popular se requiere para transformar el parasitismo de las clases dominantes del capitalismo local y orientar el desarrollo a la satisfacción de necesidades sociales contra la lógica capitalista.
El problema de los problemas pasa por reiterar la recurrente lógica de invertir para ganar, siempre a costa del bienestar mayoritario y lo que se necesita es voluntad mayoritaria para orientar el esfuerzo colectivo de la producción para resolver insatisfechas necesidades sociales.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2017




[1] Observatorio de la Deuda Social Argentina. POBREZA EN LA ARGENTINA URBANA (2010-2016), en: http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2017-Observatorio-Presentacion-Informes-Pobreza-2010-2016.pdf (consultado el 10/03/2017)
[2] INDEC. Índice de Precios al Consumidor Febrero de 2017, en: http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_03_17.pdf (consultado el 10/03/2017)
[3] INDEC. Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria. Enero de 2017, en:  http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/capacidad_03_17.pdf (consultado el 10/03/2017)

Hay plan económico y favorece la concentración de la ganancia

La industria cayó 1,1% en enero[1] y contradice todo discurso oficial sobre mejora de la economía, tal como sugiere Macri en España, con el Rey, con el Jefe de Gobierno o con los empresarios, los que son tentados a invertir en un país que asegura jugosas ganancias. Algo de eso sabrá el accionista heredero del Clan Macri.
Vale señalar que la contra cara de ese discurso es el cierre de empresas y los despidos, proceso consustancial al crecimiento de las importaciones, la falta de competitividad de la producción local y por ende, la reconversión empresaria en aras de la rentabilidad y contra el empleo, el salario y en definitiva, los trabajadores y la mayoría de la sociedad.
El cierre de la única empresa productora de llantas en Rosario (se reconvierte en importadora) o innumerables textiles, o industrias del calzado, por solo nombrar las más difundidas en la prensa cotidiana, dan cuenta del fenómeno de reemplazo de producción local por externa. No siempre pierden los empresarios, algunos sí, pero varios otros se transforman, de productores en importadores.
La política económica en la Argentina promueve la producción externa en aras de la eficiencia del capitalismo mundial. No son errores del gobierno, sino, la lógica de un proyecto de inserción subordinada de la Argentina en el sistema mundial con algunos pocos socios locales subsidiados por el Estado.
También el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne “comunica” que sus evaluaciones son de recupero de la economía desde el último tramo del año pasado. En efecto, el INDEC señala que el nivel de actividad económica de diciembre 2016 contra noviembre del año pasado crece 1,6%, pero es -0,1% entre diciembre del 2016 y el mismo mes del 2015.[2]
Además, el informe del INDEC relativo a la evolución industrial (ya mencionado) lo desmiente en el sector que más contribuyó a la recuperación del empleo luego de la recesión entre 1998 y 2002. Más allá del promedio del -1,1%, la industria de la alimentación cayó 1,4% (es el rubro de mayor ponderación en el índice industrial); textil -11,1%; industrias metálicas básicas -9,5% y acero crudo -11,6%. Son datos de rubros relevantes cuando se piensa en industria manufacturera.
Sturzenegger confirma el rumbo del ajuste y la recesión
El titular del BCRA es el ortodoxo del “equipo” del gobierno Macri, encargado de la política monetaria y cambiaria. Dilecto alumno de los monetaristas de Chicago, aplica a rajatabla medidas de “contracción monetaria” y elevadas tasas de interés para frenar los precios.
Su objetivo es bajar la inflación a cualquier costo, aunque ello promueva la recesión o “enfriamiento” de la economía con sus secuelas sociales regresivas en caída del consumo, el nivel de actividad y el creciente desempleo, subempleo, baja del ingreso y generalización de la tercerización y formas de la precariedad laboral. Todo en aras de maximizar la ganancia y hacer atractiva a la Argentina al ingreso de capitales externos.
Lo curioso es que parte de la contención inflacionaria, de la que se ufanan el BCRA y el Ministerio de Hacienda, incluye la contenida cotización del dólar y una demanda acrecentada de los sectores productivos, no solo los más concentrados, por una nueva ronda de devaluación. Es sabido que toda devaluación es una transferencia de ingresos desde la mayoría de la sociedad, especialmente los sectores de ingresos fijos asociados al mercado interno, a los capitales más concentrados y exportadores.
El titular del BCRA anticipa que los próximos meses será difícil en materia de inflación por el impacto del aumento de las tarifas definidos por el propio gobierno en acuerdo con las empresas privatizadas de servicios públicos, los verdaderos ganadores con el cambio tarifario y la continuidad de los subsidios que nutren sus cuentas de resultados.
Resulta interesante analizar la subordinación a la lógica global del capital, en momentos donde la tasa de interés mundial tiende a crecer y a valorizar la divisa estadounidense (política monetaria y cambiaria de la FED, el Banco Central de EEUU), encareciendo importaciones demandadas desde la Argentina, agravado con el desestimulo a las  exportaciones locales.
La ortodoxia la pagan los sectores de más bajos ingresos
Con la ortodoxia del Banco Central se asegura un horizonte de inflación y de lucha contra la inflación que afecta principalmente al ingreso popular.
Por eso se intenta disciplinar a maestros y docentes, médicos y trabajadores de la salud, de la Justicia, o del Estado en general, ayudados con una campaña ideológica centrada en los “beneficios” de los trabajadores y eximiendo la responsabilidad estatal que privilegia recursos fiscales para cancelar deuda o subsidiar ganancias, base de la orientación de la política económica en su conjunto. Todo para satisfacer demanda de seguridad jurídica y cuantiosos recursos para concesionarios privados de servicios públicos, caso del peaje, el transporte, o la prestación de luz, gas o agua.
El argumento del chantaje alude al efecto sobre los menores o demandantes de salud ante las medidas de fuerza sindical, eludiendo el reclamo a gobernantes que incumplen promesas electorales, caso del combate a la pobreza.
Quien afecta la educación de nuestros escolares y la salud de la población empobrecida es la política oficial, orientada a satisfacer las necesidades del funcionamiento del capital, que como sabemos, apunta a maximizar las ganancias y con ello asegurar la lógica de la acumulación y valorización de los capitales.
25 de febrero de 2017




[1] INDEC. Estimador Mensual Industrial, en: http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emi_02_17.pdf
[2] INDEC. Estimador Mensual de Actividad Económica, en: http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emae_02_17.pdf

Macri retrocede con el correo, el descuento a los jubilados y avanza con reformas laborales

El escándalo estalló cuando se conoció el arreglo entre el Estado y el grupo Macri por las deudas del Correo. Una licuación impúdica de la acreencia. Más allá de cualquier detalle y monto en cuestión, el arco de oposición se amplió hasta impensados personajes de la política y prensa favorables al PRO y a Cambiemos.
Claro que el tema “Correo” retrotrae la discusión al momento de la privatización de la empresa en la década del 90 bajo la presidencia de Carlos Menem, a la quiebra solicitada en medio de la gran recesión que desembocó en la crisis del 2001 y la re-estatización (para re privatizar) en 2003, ya con gobierno de Néstor Kirchner.
La deuda y el conflicto se arrastran desde comienzos del siglo y pone en evidencia la capacidad de una burguesía y capital local transnacionalizado, que hace negocios amparados en el sostén del Estado capitalista. Válido en gobierno constitucionales o no.
El grupo Macri no pagaba el canon comprometido por la privatización del Correo y luego de la quiebra continuó gestionando sin cancelar pagos. La deuda acumulada es gigantesca y mayor aun con el perdón sucesivo (aun en conflicto por trámite no terminado). Pasa el tiempo y el Grupo Macri, accionista la familia, se beneficia hasta que encuentre una ocasión favorable para el cierre del caso.
Parecía ideal el momento para negociar con un Macri, Mauricio (el primogénito del Clan), en la Presidencia de la Argentina, aun cuando se sostiene que la negociación no involucraba al jefe del Poder Ejecutivo.
El escándalo escaló en la consideración pública y tras largos días de instalación en la prensa, el presidente informó que la situación volvía a foja cero. Habrá que ver, ya que el proceso negociador se enmarca en trámites judiciales con un recorrido que ahora debe revisarse.
La primera conclusión es que sin control judicial, mediático, político y social, la impunidad avanza y tiene costo fiscal elevado que compite con demandas sociales insatisfechas.
Si pasa se avanza, si no, esperemos a mejor momento
Ya es costumbre en el gobierno Macri el intento de avanzar con posiciones de máxima y luego retroceder ante la presión social si es masiva y determinante.
Existen ejemplos desde el inicio de la gestión en el intento de nombrar integrantes de la Corte Suprema de Justicia por Decreto. Finalmente lo logró con acuerdo parlamentario.
Más reciente intentó modificar la conmemoración del golpe del 24 de marzo del 76 como si se tratara de un feriado a mover en la semana. La crítica masiva lo llevó a la reconsideración, vaya uno a saber hasta cuando, lo que impone una gran movilización conmemorativa del 41° aniversario del golpe genocida.
En esas horas en que se debatía el tema Correo, desde la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, se intentó corregir a la baja el ingreso previsional de millones de jubilados. Ante el reclamo generalizado y pese a la insensibilidad del Gabinete que aludía “apenas son 20 pesos”, Macri anunció retrotraer la situación del Correo y de los jubilados. Algunos quisieron fundamentar que el FMI demandaba acciones para bajar el gasto en seguridad social y previsión, intentando desplazar la responsabilidad.
Sin duda, es un logro de las denuncias y la ampliación de las protestas, pero a no engañarse, Macri retrocede reconociendo errores, pero en simultáneo avanza en las reformas estructurales que puede, caso de las ART.
Recordemos que a fines del año pasado el Senado de la Nación había dado media sanción a la modificación al régimen de riesgos del trabajo. El argumento era la elevada cantidad de juicios relativos al tema. Nada se decía ni se dice sobre el tema central que son los riegos laborales de trabajadoras y trabajadores.
Como el tiempo pasaba y por razones de conveniencia política se resolvió aprobar la modificación por Decreto de Necesidad y Urgencia. La protesta se extendió y Macri no tuvo más remedio que convocar a sesiones extraordinarias. Con ello volvió sobre sus pasos y con complicidad opositora y aval del triunvirato de la CGT, la ley modificada fue aprobada.
La ley que modifica el régimen de riesgos del trabajo es favorable para las patronales y las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART), un gran negocio que confronta con el objeto originario de la ley en prevención del riesgo laboral.
Existe plan económico y hay que confrontarlo
No es cierto como algunos sostienen que “no hay plan económico ni rumbo”, la orientación es profundizar el cambio económico regresivo, con Prat Gay o con Dujovne; con Melconian o González Fraga; con Sturzenegger o con quien sea.
En esencia, es la lógica del plan sistemático de hace cuatro décadas y afianzado en los 90. Esos fueron tiempos de consolidación del Grupo Macri, que hoy potencia desde la gestión Macri. Además, ahora Donald Trump alude al papel de liderazgo que Mauricio Macri puede jugar en la región, según dice la Casa Blanca en el informe luego de la conversación telefónica entre ambos presidentes.
Así se explica la discusión en torno a las actualizaciones de los ingresos de los bancarios. No se quería convalidar actualizaciones salariales más allá de la pauta imaginada desde las autoridades y las patronales. La protesta de los bancarios y el clima social definió un acuerdo.
Acaba de celebrarse, en este marco de contradicciones, idas y vueltas de medidas del gobierno, el acuerdo con los bancarios para obtener un 4% a enero por recomposición salarial derivada de la inflación del 2016; y un 19,5% retroactivo a enero como actualización por 2017, sujeto a reconsideración según la evolución del costo de vida. En total un 24,3% más algunas bonificaciones.
Recordemos que el acuerdo había sido suscrito en noviembre del año pasado y el Ministerio de Trabajo negaba su homologación. El anuncio de un paro por 72 horas motivó el arreglo en un marco de extensión de protesta de la sociedad por variadas razones.
Todos los retrocesos y avances ocurren en simultáneo, producto de una lucha de clases en donde se despliegan variadas iniciativas políticas en uno u otro sentido.
La cuestión de fondo desde el gobierno Macri apunta a modificar reaccionariamente la legislación laboral y los derechos de los trabajadores.
Algunos dicen que eso no es novedad en el capitalismo, sin embargo, la correlación de fuerzas en determinados momentos de la historia define derechos para la mayoría social que vive de su trabajo.
En la coyuntura, con una feroz ofensiva del capital sobre el trabajo queda demostrada que se puede poner freno a ciertas groseras iniciativas como la impunidad del caso Correo y el intento por disminuir los ingresos previsionales.
Ahora, la batalla está centrada en la docencia y por el tipo de educación, de ciencia y técnica, cuando el ministro del área científica, con 10 años de antigüedad en el cargo, señala que hay que reorientar la política de investigación.
Los jóvenes investigadores supieron ganar la calle y la solidaridad social en diciembre pasado, El gobierno pateó el tema para el 2017 y todo indica que es necesario continuar instalando socialmente la cuestión de una ciencia y una técnica para la emancipación.
Trabajadores docentes e investigadores constituyen el próximo round contra la política de ajuste y disciplinamiento de trabajadoras y trabajadores. La realidad de estos días demuestra que con unidad de acción movilizada puede revertir el intento del gobierno Macri.

Buenos Aires, 17 de febrero de 2017