¿La deuda pública condiciona la política económica?

La economía argentina volvió al crecimiento según los datos del INDEC de enero del 2010. El crecimiento de enero contra el mismo mes del año pasado es de 4,9%, aunque el acumulado de los últimos 12 meses respecto al acumulado de igual periodo anterior es de 1,1%; y enero del 2010 respecto de diciembre del 2009 es de 0,4%.
Es aún prematuro definir por donde avanzará la economía el presente año, pero es probable que los datos del crecimiento económico estén por encima de la pauta establecida en el Presupuesto del 2010, fijada en 2,5% en el presupuesto aprobado por el Parlamento. Claro que fue una pauta pensada en pleno proceso de desaceleración de la economía a mediados del 2009 y que incluso se pensaba exagerada.
Parece necesario reevaluar el Presupuesto del 2010, discutiendo las asignaciones presupuestarias, de ingresos y egresos en función de objetivos de redistribución progresiva. Los valores presupuestarios indican la mayor importancia del destino de los mismos a la cancelación de la deuda pública en lugar de destinarlos a educación, salud o ciencia. Lo que pone en evidencia nuestra hipótesis del gran condicionante de la deuda sobre la política económica.
Una reevaluación presupuestaria podría generar una discusión en la sociedad y generar un movimiento popular favorable a una distribución progresiva del ingreso vía asignación de las cuentas públicas. Entre otras cuestiones, una suspensión de los pagos de deuda hasta tanto se sustancie una “auditoria” del conjunto de la misma.
Recordemos que la Argentina creció de manera importante entre 2003 y 2007 (a tasas entre 8,5% y 9%) y que, en 2008 comenzó una desaceleración agudizada en 2009 (apenas con crecimiento según el INDEC) al punto de revertirse el año pasado la tendencia decreciente de los datos sociales, pobreza, indigencia, desempleo, trabajo no regularizado, entre otros. Son 145.000 los puestos de trabajo perdidos el pasado año, principalmente en la industria, dice el ente oficial.
Por eso tanta expectativa en los nuevos registros de crecimiento, que se confirmarían para el primer trimestre del 2010, y la discusión por favorecer un nuevo ciclo inversor para mantener y acrecentar la recuperación económica.
La política económica busca atraer inversores y para eso se propone “regularizar su situación externa, volviendo a los mercados internacionales”. Con ese objetivo, se reabre el canje, se busca renegociar con el Club de París y se espera el momento adecuado para cumplir con las suspendidas auditorías del FMI desde el 2006. Es preciso enfatizar, en que estas son las razones por las que afirmamos que la deuda es un condicionante importante, más allá de la disminución comparativa con datos macroeconómicos, tal como ensaya Alfredo Zaiat en su artículo de Página12 del sábado 27 de marzo pasado.
Inflación y poder para fijar precios
Con el crecimiento de la economía (PBI) pueden ocurrir cambios en el consumo, en la inversión y en el saldo de la balanza de pagos. En la coyuntura lo que existe es una tendencia al crecimiento del consumo, una propensión baja a las inversiones y escasos indicadores de variaciones en las relaciones con el exterior. El problema es que se expande el consumo y con él los precios, lo que nos lleva al problema de la inflación. Es un debate en por lo menos dos terrenos, el del consumo y el de los precios.

Sobre el consumo, una de las explicaciones en boga relata el impacto positivo en los sectores de menores ingresos por la “asignación por hijos” que se viene pagando desde diciembre pasado. Un consumo, mayoritariamente, orientado a bienes de primera necesidad, especialmente alimentos. Pero también crece el consumo de bienes de uso durables, es el caso de los automotores o electrodomésticos, como así, también, cierta reactivación en el sector inmobiliario y la construcción, producto del cambio de activos como forma de protección ante posibles modificaciones de política cambiaria.

El consumo crece y eso genera posibilidades por el lado de la ampliación de la producción, siendo un problema el establecimiento de los precios, que esteriliza mecanismos de asignación de recursos para sectores desfavorecidos. En el mismo sentido se argumentan los rechazos patronales a los ajustes de sueldos pues invariablemente las patronales lo derivan a los precios.
Lo que se detecta es que los precios aumentan, precisamente en los bienes de primera necesidad, los alimentos, siendo la carne el ejemplo evidente en estos días. La política oficial se concentra en el control de precios de una canasta de bienes para el consumo de sectores de bajos ingresos. Así encontramos precios establecidos entre empresas y gobierno para evitar el encarecimiento. Pan y carne por ejemplo, aunque sea difícil encontrarlos en góndola, existen, y eso es lo que refleja la medición del INDEC. Lo que tenemos es una política de asignación de recursos a sectores menos favorecidos y una pauta controlada de algunos precios para evitar impacto inflacionario en esos sectores.
El problema de fondo sin embargo es el patrón de producción y comercialización concentrado en grandes empresas, que son las que fijan los precios del conjunto de la economía, más allá de las mediciones del INDEC. Si no se ataca la cadena de producción y comercialización monopolista será muy difícil controlar el encarecimiento, que resulta un mecanismo de distribución del ingreso a favor de quienes pueden fijar precios.
Esto queda claro en la puja salarial de estas horas. Mientras la inflación se presume de un dígito en la pauta oficial, los reclamos salariales promedian entre el 25 y 30%, porque aun existiendo precios controlados, la pauta de consumo de la población se extiende al conjunto de bienes y servicios (no contemplada en la metodología del INDEC), donde los precios se establecen bajo la pauta mercantil de la oferta y la demanda, siendo las grandes empresas productoras y comercializadoras las que definen el precio de venta.
Sin atacar el poder de monopolio de productores de bienes y servicios y grandes comercializadoras no podrá contenerse la inflación y aleja la posibilidad de una equitativa distribución del ingreso. Ese monopolio es ejercido por corporaciones transnacionales y grupos económicos de origen local que hegemonizan la producción y circulación en el capitalismo realmente existente en la Argentina, como base material de su dominación social.
El peso de la deuda
Los grupos y empresas mencionadas son clase dominante por su poder en la economía y demandan la “normalización” de la inserción en el capitalismo global.

Por eso, es que cierran filas con las iniciativas de vuelta a los mercados financieros mundiales, de donde nuestro país se alejó luego de la cesación parcial de pagos de la deuda pública de fines del 2001. Como así, también, celebran la autorización otorgada en EEUU a la reapertura del canje de deuda en el país. Se descuentan decisiones similares de otras regiones del capitalismo desarrollado, especialmente de Europa y Japón. El resultado será la inminente reapertura del canje cerrado en el 2005.

El reconocimiento de deuda a canjear incrementará el endeudamiento en unos 10.000 millones de dólares. Se supone que solo una parte de acreedores que reclaman 20.000 millones de dólares más sus intereses, estimados en otros 10.000 millones, se presentará al canje. De ese total de acreedores que ingresen a la propuesta oficial se operará una quita y el resultante se incorporará como capital a cancelar, junto a los correspondientes intereses.

Es cierto lo que algunos argumentan por estas horas, con relación a que la deuda disminuyó su incidencia en la economía, pero se equivocan al inferir la perdida de “condicionalidad” frente de la política económica. Es un argumento esgrimido por algunos seguidores del oficialismo, los que suscriben el Plan Fénix y algunos periodistas afines al gobierno, intentando legitimar el pago de deuda pública con reservas.
Solo alcanzaría con observar algunas cifras del Presupuesto 2010. Para un total de gasto público por 273.129 millones de pesos, el monto establecido para Salud alcanza los 10.160 millones de pesos, un 3,72% del total mencionado. El gasto en Educación y Cultura asciende a 19.431 millones de pesos, un 7,11% del gasto. Para Ciencia y Técnica es de 5.175 millones de pesos, representando un 1,89% del presupuesto. Por su parte, la Deuda pública reconoce una asignación presupuestaria de 26.676 millones de pesos, es decir, un 9,76%. Queda claro que el Parlamento consideró y aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo que asigna esas contribuciones diferenciales, definiendo la importancia de unos y otros conceptos.
En esos valores no se cuenta la inminente reapertura del canje. En ese sentido puede incluirse la negociación que pueda habilitarse en el presente año con el Club de París por unos 7.000 millones de dólares. Son anuncios hechos público desde el año pasado y que pueden incluir compromisos de desembolso en el corriente año. Son datos que contradicen el argumento de que “la deuda se ha vuelto manejable”, ya sea por la disminución de la incidencia del stock de deuda reconocido por las autoridades respecto del PBI, por una mayor nominación en pesos y un alargamiento de los plazos de vencimiento y un menor porcentual con relación a las reservas internacionales. Estas son todas variables a modificar si se operan nuevos endeudamientos, como los que resultan de la reapertura del canje en ciernes, o la búsqueda de nuevos empréstitos del sistema financiero mundial que busca la normalización en danza.
No se considera que la deuda fue varias veces cancelada y que una de las explicaciones del gran crecimiento entre el 2003 y 2007 se funda en la exclusión parcial de pagos entre 2002 y 2005 producto del default y en la devaluación de la moneda.
Las clases dominantes están por el pago y solo debaten la mejor forma de hacerlo. Ese es el debate al que nos convocan las mayorías parlamentarias, a favor o en contra de decretos y leyes para utilización de reservas internacionales.
Definir otro camino
Sin embargo, existe una presión social y política por auditar la deuda pública, en simultáneo a la suspensión del pago y a la convocatoria a una consulta popular sobre el endeudamiento. Esta es una medida que debe ir acompañada con la aceleración de la inserción de la Argentina en las iniciativas regionales por una Nueva Arquitectura Financiera sostenida entre los países del ALBA. Es el camino de una nueva Banca de desarrollo donde se ubica el Banco del ALBA y el Banco del Sur; o la perspectiva de nueva moneda, en el camino que sugiere el SUCRE.

Parte de estas consideraciones estarán a las puertas del Congreso el próximo 30 de marzo, en conmemoración de la movilización de los trabajadores de 1982, días antes de la maniobra de la dictadura en Malvinas.
En aquella ocasión el movimiento de trabajadores levantaba la consigna del No pago de la deuda contra la dictadura.
Ahora, bajo regímenes constitucionales, se hace necesario discutir a la deuda como gran condicionante de la política económica.
Apuntamos a habilitar el pensamiento emancipador, que alienta el desarrollo soberano de un nuevo modelo de producción para un consumo que satisfaga insatisfechas necesidades de la mayoría empobrecida.
29 de marzo de 2010

Presentación del libro "El Terrorismo de Estado en Argentina"

El martes 23 de marzo el Instituo Espacio para la Memoria presentó el libro "El Terrorismo de Estado en Argentina" en el auditorio del Edificio "Cuatro Columnas" de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

A continuación compartimos con ustedes algunas fotos de la presentación:





Deuda pública: una asignatura pendiente en el debate


Si se retoma un debate profundo se recuperará una riquísima historia de cuestionamiento al mecanismo de la deuda en la conformación del capitalismo contemporáneo, local o global. La afirmación es válida, incluso más atrás en el tiempo. Para ello hay que remontarse al papel del crédito de la Baring Brothers durante los 80 primeros años de intento por construir un país independiente (válido para pensar en tiempos de Bicentenario). La deuda pública argentina, inaugurada con el empréstito de la Baring generó las condiciones de la dependencia con el capitalismo global hegemonizado por Inglaterra. En las ocho décadas de vigencia del crédito, tres de ellas el país estuvo en default, sin embargo en todo el periodo la deuda fue parte sustancial del condicionamiento de política económica.
La deuda condicionó en el Siglo XIX el desarrollo nacional autónomo y volvió a reincidir en sus efectos en los años 70´ del Siglo XX. La Argentina otorgó, con el endeudamiento público, funcionalidad a un capitalismo necesitado de hacer fluir fondos excedentes del capitalismo central que no encontraban rentabilidad ante la recesión en el capitalismo desarrollado de fines de los 60´ y comienzos de los 70´. Una funcionalidad similar ofrecieron los países dependientes en aquellos años de crisis de rentabilidad del capital. Puede verificarse en América Latina y otras regiones del sur del mundo. El papel del endeudamiento deliberado del sur en los 70´ fue una forma de contrarrestar los problemas estructurales del capital más concentrado en escala mundial. No es novedad lo que afirmamos, pues el papel de la deuda pública es consustancial con el origen del régimen del capital. Los Estados se hicieron fuertes en base a empréstitos de la sociedad para emprender sus proyectos, de guerra expansiva o defensiva, de expansión económica y evolución, de promoción de los mercados internos y externos, claro que esos recursos luego debían devolverse. Así surgió la necesidad del régimen tributario (con más extensión pueden leerse estos argumentos en los estudios sobre la acumulación originaria de Carlos Marx).

 
Si los Estados se endeudan, estos deben buscar los recursos para cancelar sus obligaciones. La deuda genera los recursos tributarios en una cadena viciosa, donde la recaudación tiene destino en la interminable (¿imposible?) cancelación de deuda, y la deuda refuerza ingresos insuficientes que exigen nuevos y mayores tributos o renovación y ampliación de préstamos. Pensemos en la regresividad del sistema tributario construido en la Argentina de los años de la dictadura para acá, para entender quién financia al Estado, o dicho de otra manera, quien ha pagado hasta ahora la deuda. Lo señalado va más allá de los negociados que existen detrás de una deuda largamente pagada por un pueblo que bien podría asumirse como acreedor, más que deudor. El problema debería ser más de quienes se consideran acreedores de una deuda ilegitima e ilegal en su origen y que, producto de complicidades múltiples, se ha transformado en una “deuda de honor”, al decir de quienes expresan hoy una voluntad de pago.
 

El capitalismo instaló ese sentido común de “honrar las deudas”, generando las culpas de deudores imposibilitados de pagos por el mismo funcionamiento del sistema. ¿Cuántos créditos prendarios o hipotecarios no pudieron cancelarse por modificaciones de funcionamiento del sistema económico? (Ídem con préstamos a pequeños y medianos empresarios o productores) ¿O por condiciones lesivas de políticas monetarias o financieras? Propias de devaluaciones o restricciones crediticias asociadas a objetivos de política económica de desprecio de intereses no hegemónicos en el régimen del capital.
Justicia demorada
 

La vida cotidiana, producto de una memoria sostenida desde el movimiento popular, devuelve la imagen de militares que acuden al banquillo de los acusados. ¿Qué pasa con los Martínez de Hoz, los Machinea o Cavallo? Todos ellos mencionados en el dictamen del juez Ballesteros de hace apenas una década (Junio, 2000). O de otro modo, ¿qué pasa con toda la complicidad bancaria empresarial del endeudamiento generalizado por 4 décadas y usufructuarios de comisiones, intereses y beneficios económicos de un mecanismo que condenó a millones de personas a la indigencia o la pobreza estructural, a la miserabilización de la vida en la Argentina, o en otras latitudes de América latina o el mundo?
 

Debatir la deuda pública argentina es discutir la ley de entidades financieras del 77, la ley de inversiones externas, ambas de la dictadura, pero también el pacto minero entre Chile y Argentina en los 90 para la explotación de la cordillera, o el permiso para el desarrollo de los organismos genéticamente modificados (OGM) en la agricultura. No se puede ignorar que la cosecha récord de este año, con tendencia al monocultivo a partir de confirmar que más de la mitad de la cosecha será de soja, para alimentar animales de otras parte del mundo, mientras se afecta la soberanía alimentaria local. ¿Cuándo serán convocados a la Justicia los responsables de este reaccionario cambio estructural de la Argentina? ¿Alcanza con demandas y sentencias sobre militares? ¿Quedará exento el poder económico y sus cómplices en el régimen político?
Podríamos ser considerados ingenuos si esperamos respuestas sistémicas que enjuicien su propia lógica. Es evidentemente una cuestión política, de poder. Lo que nos lleva a la cuestión de la crisis política vigente en la Argentina. De nuevo, bajo otras circunstancias el dilema del 2001, que en rigor, se arrastra desde la disputa por el poder en los 60´ y 70´. La balanza de la disputa se inclinó para transnacionalización del capitalismo en la Argentina, terrorismo de Estado mediante.
 

La disciplina del terror funcionó, con desapariciones, torturas, asesinatos, exilios y variadas formas de represión (algunas continúan); replicándose luego bajo mecanismos económicos sociales, la inflación y la hiperinflación, el desempleo, subempleo y la precarización continua (presente en nuestro tiempo). Esto es consecuencia de la dictadura, del endeudamiento, del poder económico. Las ganancias del presente tienen antecedentes en el pasado reciente, en los años de plomo y en un tiempo de desestructuración de la organización popular.
 

Resulta imprescindible el enjuiciamiento de los responsables. ¿Es utópico? ¿Es posible? Como sostuvimos, es una cuestión de poder popular, y por ello debe cambiarse la lógica del análisis y la acción política del colectivo social mayoritario afectado por el funcionamiento de las reglas hegemónicas de la economía. Cuando sosteníamos la anulación de las leyes de la impunidad nos decían que era imposible. Nos empeñamos en ese accionar y con la acumulación política popular del 2002 fue realidad la anulación. Pero sin ley previamente presentada ello no hubiera sido posible. La lógica del capital reclama honrar las deudas profundizando el estado de desigualdad creciente y superexplotación de la mayoría trabajadora del pueblo.
 

Cambiar la lógica del poder es el desafío de la época para construir una política alternativa. Un poder alternativo. Algunos amigos me señalan la imposibilidad de avanzar por ese camino en la realidad de nuestros días. Es un argumento que nos condena a políticas defensivas contra el avance de mayores males expresados por quienes imaginan el retorno de las políticas explícitas de los 90´.
 

Es la crisis del capitalismo la que nos anima a impugnar el régimen del capital e intentar constituirnos en animadores de un proyecto emancipador, de liberación, que contacte con procesos similares de la región latinoamericana y caribeña. Es cierto que un gran paso viene constituido por el rechazo al discurso hegemónico en la década pasada.
Ahora se requiere transitar el camino del cambio estructural revirtiendo las causas generadoras de los efectos regresivos ampliamente conocidos, entre las que se encuentra el endeudamiento. Insistamos una vez más: la deuda es funcional al capitalismo. Las crisis de la deuda han llevado a negociaciones y renovaciones, aún con quitas de capital, para terminar debiendo más y comprometiendo recursos públicos crecientes para restañar los problemas de rentabilidad del régimen del capital en crisis.
Participación popular para decidir
 

Es tiempo de consultar a la población. En el 2003, en pleno default parcial de la deuda (2001-2005) se convocó una consulta popular sobre tres cuestiones. Los resultados fueron elocuentes para 2.100.000 personas participes de la encuesta. El 98% se pronunció contra la militarización. El 96% rechazó el ALCA. Finalmente el 88% manifestó su adhesión al No Pago de la Deuda. Una cifra menor que los otros asuntos, muestra que se trata de un tema complejo, pero ese porcentual supone un activo de 1.900.000 personas manifestando su voluntad contraria al pago de la deuda. Fue una manifestación soberana. ¿No es tiempo de convocar a una nueva consulta popular sobre el endeudamiento, su pago o no?

Que el pueblo decida, con toda la información y el tiempo para pensar la coyuntura desde la estructura conformada históricamente. Es una cuestión del presente y del futuro. Es cierto que una medida de no pago supone confrontaciones políticas con el poder económico local y mundial. Ante ello muchos sostienen que resulta imposible, que ni Venezuela decidió no pagar la deuda. Es cierto, sostengo, aunque debe reconocerse el esfuerzo en el ALBA por la nueva arquitectura financiera en la región, la salida del CIADI de Bolivia y la Auditoría de la Deuda en Ecuador. En general comparto los argumentos que me contraponen, pero creo que alguien tiene que colocar un discurso alternativo, sino, “solo se puede hacer lo que se puede”, y una buena discusión es que es lo que se puede, pues el camino “posible” abonó el camino que llevó a Macri al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el 2007. Más que aciertos en la propuesta del empresario, lo que ocurrió fue un voto castigo a la centroizquierda y sus límites en la administración de Buenos Aires.

Hay quienes creen que al plantear propuestas alternativas a las sostenidas por el Gobierno se identifica a la actual administración con las propuestas llevadas adelante en los 90´. Lo que intento es colocar el debate de la deuda desde su origen, no señalar que no hay matices en los gobiernos constitucionales. Solo desde allí es que se puede pensar en mecanismos "políticos" de construcción alternativa. Soy más preciso, no sirve hoy comparar Venezuela con Argentina, porque desde Caracas, junto a Bolivia, Ecuador y Cuba se inició un proceso complejo de objetivo articulado por otra sociedad. No es el camino de Brasil, Argentina o Uruguay. En aquellos países se ha constituido un sujeto colectivo, o se intenta construir para avanzar en un rumbo alternativo, socialista, del Siglo XXI, comunitario, o como se lo quiera llamar.

¿Qué sujeto se construye en Argentina, Brasil, o Uruguay? En este último existe una base política en el Frente Amplio, y social en el PIT-CNT, en el cooperativismo de vivienda, en el movimiento estudiantil, todos con trayectoria combativa por décadas y quizá, la estrategia nacional actual puede concebirse como una etapa de transición. Para pensar y a responder principalmente por el movimiento popular uruguayo. La situación en Brasil es más compleja por historia de la sociedad y del movimiento popular. El PT decidió una alianza más amplia para gobernar sin precisar nuevos desafíos de radicalización del proceso político. Insistamos también que es un debate brasileño, aunque afecta, por cierto, a todo el continente. ¿En Argentina, qué? La base gubernamental de sustentación política central está en el PJ y la CGT y quizá en alguna de las centrales empresariales. No es la constitución de un sujeto por las transformaciones, aunque existen sectores que apoyan al oficialismo con tradición y pertenencia al campo del cambio político e incluso por la revolución. Uno de los elementos en que sustento mi posición parte de que el oficialismo no termina de reconocer a la CTA, su personería y papel en la construcción de nueva subjetividad por el cambio, o la aceptación de nuevos sindicatos que proliferan en una lucha despareja contra la impunidad de las patronales.

No se trata solo de consignas, o de ser simplista, como algunos indican. Son argumentos para la polémica en la perspectiva de construir sujetos para el cambio político en el país, en la perspectiva de avanzar en el proyecto emancipador que recorre una parte de la región Latinoamericana y Caribeña.

Los trabajadores pagan la crisis y las patronales la usan para el chantaje

Uno de los impactos más crudos de la crisis de la economía mundial se mide en términos de empleos caídos, reducción de los salarios y deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.

Es un tema que se constata en la evolución del desempleo estadounidense que pasó del 6% al 10% en los últimos dos años, los de la crisis, y pese a la recuperación y salida de la recesión a finales del 2009. El abultado salvataje estatal en EEUU tuvo destino en grandes empresas con problemas económicos y financieros, que utilizaron los fondos para promover el ajuste al interior de las empresas, cerrando sucursales, talleres, plantas industriales, oficinas y salones de venta; cesanteando y licenciando personal, negociando reducción de ingresos y perdidas de derechos laborales; aunque también se derivaron recursos del salvataje para asegurar importantes ingresos de los principales ejecutivos de las grandes empresas en problemas. Luego de la recesión por un año y con dudas de una recidiva, la variable de ajuste son los trabajadores y sus familias, con un Estado que inclinó la balanza a favor de las empresas, los ejecutivos y los empresarios.

Pero no es solo EEUU, España con su 20% de desempleo, unos 4 millones de personas, en un país que era visibilizado como el milagro contemporáneo, se pone de manifiesto el mismo proceder y resultado. Era un país que había salido de la marginalidad europea gracias a la potenciación de la integración en el viejo continente y la lubricación de un mercado inmobiliario alentado por las finanzas continentales. Ahora, descargando la crisis sobre los trabajadores españoles, el capitalismo europeo pretende diluir una crisis profunda que afecta también a Grecia, a Portugal, a Irlanda, países que están colocados en la vidriera de la crisis. Claro que no siempre el fenómeno expresa la esencia, y detrás de los estados endeudados están los prestamistas: la banca francesa y alemana. Por ello, la crisis no es solo de la periferia europea, de los PIGS (por Portugal, Irlanda, Grecia y España), sino del centro bancario y económico de la Europa Unida: Francia y Alemania. Europa no está fuera de la crisis y los que pagan son los trabajadores. Esa es la razón de una conflictividad visible con el paro y movilización de los trabajadores griegos, en contraste con la negociación salarial que empujan las centrales sindicales de los países de Europa que subordinan la demanda salarial al chantaje empresarial de la crisis.

El hecho es que la crisis descarga su peso sobre los trabajadores, en EEUU y en Europa y actúa como un gran chantaje ejercido por el capital contra el trabajo y el conjunto social. Es un chantaje que enarbolan los organismos internacionales con sus recetas de ajuste y liberalización de la economía. De ese modo, la crisis se utiliza como excusa para avanzar en la ofensiva liberalizadora de los capitales más concentrados. Mientras se afectan ingresos y condiciones de vida de la población trabajadora se realiza un trabajo ideológico sobre el conjunto de la sociedad para legitimar los ajustes regresivos.

El interrogante es si ocurre algo distinto en nuestra región y especialmente en la Argentina. Un argumento generalizado es que las políticas activas de los Estados vienen a sostener el nivel de actividad, evitar la recesión y cuando se produce, salir rápidamente de ella. Es el argumento usado en EEUU para justificar el salvataje de empresas, de lo contrario, se sostiene, se estará peor. Es un discurso que merece ser discutido para pensar si cualquier modelo productivo, o cualquier tipo de sostenimiento del nivel de actividad es el adecuado para una calidad de vida que asegure soberanía alimentaria, energética, o financiera.

En nuestro país se insiste en el impulso a políticas activas para escaparle a la recesión, luego de un 2009 donde el ritmo de evolución de la economía cambió de signo. Entre 2003 y 2008 se verificó un importante crecimiento. Los valores reducidos de crecimiento para el 2009 son considerados un logro en las condiciones de la crisis. Lo cierto es que en el ciclo expansivo hubo crecimiento y por lo tanto ampliación del empleo, pero vale la pena interrogarse sobre ese crecimiento y sobre el tipo de empleo. Convengamos que buena parte del crecimiento se mide en toneladas de soja, o producción de una creciente explotación minera a cielo abierto, con efectos en el medio ambiente, la utilización de tóxicos y cantidades muy importantes de agua dulce. Hubo un crecimiento explicado en la expansión del automotor y su cultura contaminante, tema de discusión irresuelta en Copenhague. La construcción explica buena parte del crecimiento y si en el país no hubo crisis inmobiliaria o hipotecaria está más basada en los límites del crédito que en méritos del sistema bancario o la política financiera.

¿Ese es el crecimiento que se requiere? O pensando en términos soberanos se requiere volver a sustentar el privilegio de los valores y formas de desarrollo de la agricultura familiar, el abastecimiento para consumo de las personas en el país y la región, aunque claro, también del mundo. Ello supone la producción y uso soberano de la energía, recuperando empresas privatizadas o generando nuevas entidades estatales y/o asociadas a los interesados, tanto trabajadores como consumidores o usuarios. Todo lo dicho se sostiene en un momento de liquidez financiera nacional y regional que permite pensar una nueva arquitectura financiera regional para un desarrollo productivo alternativo.

Pero el tema no es solo el crecimiento, sino el tipo de ingresos que ese crecimiento generó y su correlato en desigualdad. Es cierto que Argentina mejoró sus indicadores respecto del pico de la crisis en 2002, pero no los mejoró estructuralmente con respecto a la situación de los 90´, o de los 80´. La mejoría relativa en el corto plazo se empaña en el largo plazo, porque el papel de los trabajadores, sus ingresos y su organicidad (mejor sería “falta de organicidad”) es funcional al tipo de relación que moldeó el capital desde los tiempos de la dictadura. La relación entre patronales y trabajadores cambió sustancialmente desde mediados de los 70´, terrorismo de estado mediante, y es una lectura que no es solo para la Argentina, es también extensible para la región sudamericana y para el capitalismo contemporáneo que está materializando en la presente crisis los objetivos de la ofensiva del capital implementada bajo el símbolo de las políticas neoliberales, la cara contemporánea de la explotación.

Lo cierto es que la crisis capitalista en curso significa un nuevo y duro golpe para los trabajadores en el mundo. No solo se trata de 50 millones de nuevos desocupados, sino de un escalón más en la ofensiva liberalizadora del capital. Es un fenómeno que avanza sobre la desorganización sindical y política del movimiento de trabajadores. Ello representa un desafío para los trabajadores que no puede resolverse con las armas y argumentos propios de un capitalismo de pleno empleo y políticas estatales de “bienestar”. El Estado capitalista en la crisis juega para restablecer el régimen del capital, que hoy demanda ajuste regresivo y liberalización afectando continuamente los intereses de los trabajadores. La subordinación del Estado al capital necesita ser cuestionada por los trabajadores para que la crisis deje de ser un chantaje y se transforme en oportunidad para los cambios de sistema de producción y el objetivo de satisfacer necesidades populares.