Pensar y actuar con Marx para la revolución

Para analizar la coyuntura se requiere considerar un par de supuestos que organizan el pensar para actuar. Por un lado un enfoque de crítica de la Economía Política, articulando la coyuntura de la economía (lo que se dice, se piensa y se hace) y de la política (también lo dicho, pensado y actuado). Por otro lado una consideración de Economía Mundial (del sistema mundial capitalista), que implica pensar a cada país en el marco de lo que ocurre en su región y en el mundo.
Desde ese encuadre, la coyuntura está presidida por la crisis mundial del capitalismo y nos remite a los dos supuestos previamente mencionados. No existe el análisis local al margen del mundial, ya que las condiciones de posibilidad, del crecimiento, la desaceleración o la recesión, se asocian a la forma de inserción mundial de cada formación económica y social. Al mismo tiempo, al radicar el problema en el capitalismo, en tanto relación social contradictoria, es obligado el análisis económico no disociado del conflicto social, la lucha de clases y las tensiones diversas que se manifiestan en el plano de la política.
La Argentina entonces es parte de la crisis capitalista en curso y en su interior se juegan las disputas por sostener el capitalismo o superarlo, es decir, revolucionar la sociedad argentina. En esa contradicción actúan los diferentes proyectos, no sin tensiones. Es que la continuidad capitalista local y global viene hegemonizada por la ofensiva capitalista iniciada hace cuatro décadas con el terrorismo de Estado en Chile y las dictaduras del Cono Sur, las que articularon su proyecto mediante el represivo Plan Cóndor.
Ante este diagnóstico, algunos me consultan si es posible ir contra el capitalismo a más de dos décadas del fracaso socialista en el este de Europa. Eso nos lleva nuevamente a Marx y a sus continuadores, e intentar proseguir el propósito de la crítica del fundador de la teoría y práctica de la revolución a 130 años de su fallecimiento y a unos 150 años de su formulación sobre la ley del plusvalor. Con la plusvalía se resolvía el enigma sobre el origen del excedente económico, y con ello, la justificación histórica de la posibilidad de “expropiar a los expropiadores” mediante la revolución. Ese fue el intento en Rusia y el este de Europa, en China y Vietnam, en Cuba y en las concepciones que emergen del laboratorio “nuestro americano” en el comienzo del Siglo XXI.
Ofensiva del capital y respuesta popular en lucha
Esa ofensiva del capital se encuentra desmantelando el remanente de “estado benefactor” subsistente en Europa, afirmando el proyecto liberalizador sustentado históricamente por el capital. El objetivo es la libre circulación y movimientos de capital, servicios y mercancías, la liberalización. O lo que es lo mismo, el antiguo logro por la mercantilización de la sociedad y la vida cotidiana.
Ese proyecto está siendo limitado y condicionado en este Siglo XXI, principalmente en territorio “nuestro americano”. Este fenómeno tiene su origen en la crítica al modelo hegemónico “neoliberal” construido en el último cuarto del Siglo XX. Es una crítica política y de pensamiento, construida en acciones sociales diversas que involucra a ambas dimensiones, el pensar y el actuar.
La resistencia social y política se manifestó de diversas maneras, primero como negativas en sucesivas campañas contra las privatizaciones, las flexibilizaciones salariales y laborales, el pago de las deudas públicas, la militarización, la discriminación de género, por edad o sobre diversas minorías. En ese proceso emergieron consignas que identificaban proposiciones afirmativas, por la soberanía alimentaria, energética, financiera, por otra economía e integración de los pueblos. Cada uno de estos momentos, por la negativa y la afirmativa, demandó síntesis teóricas y conceptuales sostenidas en la crítica al orden existente y en una propuesta renovada por la emancipación de los pueblos.
Pretendemos señalar que el pensamiento es inescindible de la práctica social, y en todo caso, la propia práctica teórica se inspira en la dinámica de las tensiones y el conflicto social, por cual, el pensamiento es también crítica, es lucha. Carlos Marx escribe junto a Federico Engels el Manifiesto en simultáneo con la revolución de 1848. Es la etapa de la ilusión en el triunfo revolucionario. Luego del final de la Asociación Internacional de Trabajadores en 1876 y la derrota de la Comuna de París en 1879, Marx analizará las potencialidades de la revolución más allá de la Europa capitalista desarrollada, en Irlanda o Rusia por ejemplo. En esa perspectiva retomamos la agenda de pensamiento y política para pensar la revolución en Nuestramérica.  
No alcanza con la crítica al neoliberalismo
No hay emancipación sin lucha teórica, social y política. La orientación principal de esa lucha en los 80’ y 90’ fue en la ofensiva liberalizadora contra el neoliberalismo. Pero en el nuevo tiempo de “cambio político” en Nuestramérica contemporánea, las tensiones de la lucha se bifurcan porque no alcanza la dimensión contraria al neoliberalismo. Se requiere la discusión sobre el modelo productivo y de desarrollo, lo que supone el debate crítico sobre el capitalismo actual y las posibilidades de un orden social emancipatorio, anticapitalista, antiimperialista y por el socialismo.
La discusión no es por el crecimiento o no, sino tratar de responder las clásicas preguntas de ¿qué producir, cómo, con quién, de qué modo, para qué y para quién? Son interrogantes que atraviesan la producción, la distribución, el cambio y el consumo, que discuten el patrón de consumo, de cambio, de distribución, en definitiva el patrón productivo en curso. Se trata de discutir la sojización, la mega minería o el ensamble de automotores y otros productos de exportación. Responder las preguntas nos llevará a resolver las necesidades alimentarias, energéticas, de infraestructura, transporte y comunicaciones para atender las necesidades sociales en nuestro tiempo, incluso integradamente a la región y al mundo.
En rigor, es un retorno a la crítica de la economía política, aquella forjada en origen por Carlos Marx desde el Siglo XIX y continuada esforzadamente por variadas corrientes de pensamiento crítico y práctica social y política de carácter anti capitalista. Es un desafío en nuestro tiempo de crisis capitalista mundial y de demanda emancipadora en indignaciones múltiples.
Pensar la coyuntura en nuestro tiempo supone pensar un nuevo ciclo de la lucha de clases desde el comienzo de la última década del Siglo XX, donde se cerró un ciclo iniciado con la revolución europea de 1848 y los primeros esbozos críticos de la teoría de la revolución. La ruptura de la bipolaridad clausuró, transitoriamente, en el imaginario social extendido la posibilidad de una realidad más allá del capitalismo, y por eso emergió la teoría de los “fines”, de la historia, del marxismo o del socialismo. La extensión de las protestas sociales y políticas, desde el caracazo, al levantamiento de Chiapas, la pueblada argentina del 2001, los cambios políticos en nuestra región y más recientemente múltiples manifestaciones de indignación en el norte de África, en Europa, de estudiantes chilenos o colombianos, como las recientes movilizaciones en Brasil, dan cuenta del nuevo comienzo de una historia de luchas por la emancipación social.
Sujetos en pugna
En ese camino es que debe considerarse la coyuntura y la intervención de diferentes actores en pugna. Por un lado los defensores del orden, a la cabeza de ellos las corporaciones transnacionales, los organismos supra nacionales construidos para potenciar el programa de la liberalización, sean el FMI, el Banco Mundial o la Organización Mundial de Comercio, y claro, los propios estados nacionales, especialmente aquellos con mayor capacidad e iniciativa mundial en el plano económico, militar o cultural. Por otro lado los pueblos en tanto actores constituidos en lucha por otro orden, puesto de manifiesto en las protestas de los trabajadores, los campesinos, los indígenas, las mujeres y jóvenes, los estudiantes y todas y todos los que critican y contraponen al orden vigente una propuesta por un nuevo orden social.
Sobre cada uno de esos actores intervienen los proyectos en disputa, por lo que se requiere intervenciones intelectuales que puedan dar cuenta de los nuevos fenómenos. Existe la ilusión del desarrollo capitalista autónomo o independiente, recuperando una discusión de los años 50’ y 60’ del siglo pasado, pero ahora bajo dominación de las transnacionales y en proceso de crisis. ¿Es posible el desarrollo del capitalismo autónomo, independiente? ¿Hay lugar en el capitalismo para la emergencia de nuevos desarrollos desde el subdesarrollo, algo pregonado desde los “emergentes”? De paso, es “país emergente” aquel que ofrece condiciones adecuadas para la valorización de las inversiones, no en vano los BRICS son países de empobrecidos y de mucha población. Son territorios para la expansión del capitalismo en tiempo de transnacionalización. Son territorios con fuerza de trabajo barata para la valorización del capital.
El desarrollo autónomo es una ilusión y por eso se requiere pensar en términos de emancipación, lo que significa confrontar con la dominación capitalista local y mundial. El proyecto por la emancipación requiere síntesis teórica. Desde la ruptura de la bipolaridad emerge una nueva camada de luchadores y pensadores por el nuevo tiempo. En el plano intelectual destaca la existencia de redes regionales de pensamiento crítico que intentan dar cuenta de los nuevos fenómenos de la lucha social, entre ellos la Red de Estudios de la Economía Mundial, la REDEM, surgida en los 90’, o la Sociedad de Economía Política de Nuestramérica, la SEPLA, emergente en el nuevo siglo, que junto a la dinámica del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, toman contacto con la dinámica social en el Foro Social Mundial, FSM, en desarrollo desde el 2001 y múltiples formas que asume la coordinación popular continental, en campañas y cumbres sociales para otorgar programa a la demanda por la emancipación social.
En ese camino es que se promovieron en la Argentina las Jornadas de Economía Crítica, las JEC desde el 2006 para cristalizar ahora en la Sociedad de Economía Critica, SEC y el desafío por construir intelectualidad orgánica para pensar críticamente la economía y la política de nuestro tiempo. Se trata de una iniciativa impulsada por estudiantes y jóvenes graduados que contacta con una camada de docentes e investigadores militantes desde los 60’ y 70’ que recrean en las condiciones presentes el ideario y práctica de la transformación. Se trata de un espacio en debate entre la crítica al neoliberalismo y al capitalismo, en la búsqueda de nuevos horizontes para el pensamiento crítico y la práctica emancipadora.

Buenos Aires, 27 de junio de 2013

Salarios y condiciones de trabajo en Argentina a fines del 2012

Un estudio reciente realizado en la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP[1], da cuenta del bajo nivel de ingreso de los trabajadores asalariados en la Argentina, sean los trabajadores formales o los informales, con ocupación plena o a tiempo parcial (menos de 35 horas semanales).
Se destaca en el informe un ingreso salarial promedio por la ocupación principal de los trabajadores por 3.881 pesos mensuales, siendo peores las condiciones de ingreso de las mujeres trabajadoras, con un ingreso de 3.289 pesos al mes, y especialmente bajo ingreso de los jóvenes, quienes perciben 3.082 pesos cada mes (Cuadro I).
La discriminación es clara hacia las mujeres trabajadoras y los jóvenes trabajadores, confirmando una tendencia histórica en el capitalismo, incumpliendo la máxima relativa a igual remuneración por igual trabajo. La brecha que separa el ingreso femenino respecto de los hombres es del 32% y la brecha de los jóvenes respecto a los hombres es superior al 40%.
Cuadro I - Ingreso medio en la ocupación principal de distintos grupos de trabajadores asalariados
Total de asalariados
$3.881
Hombres
$4.331
Mujeres
$3.289
Mayores de 30 años
$4.268
Jóvenes (menores de 30 años)
$3.082
Fuente: FISYP sobre la base de la EPH-INDEC
Puede apreciarse en el Cuadro II la diferencia de ingresos entre los trabajadores registrados y los no registrados. Estos últimos perciben menos de la mitad de los trabajadores con acceso a la seguridad social, dando cuenta de los problemas que genera la informalización del trabajo como consecuencia de la impunidad empresarial. Esta accede a mayores niveles de rentabilidad de la inversión como consecuencia del deterioro de la capacidad de compra del salario de los trabajadores y sus condiciones de vida y reproducción social. La cruda realidad muestra en la base de los ingresos a los trabajadores que viven de “changas”, es decir, no registrados y con menos de 35 horas a la semana de trabajo. En la mejor posición se encuentran los trabajadores registrados y ocupados plenos con un ingreso mensual de 5.170 pesos.
Cuadro II – Ingreso mensual por la ocupación principal de Trabajadores registrados y no registrados
Registrados
$4.764
No registrados
$2.209
Registrados y ocupados plenos
$5.170
Registrados con menos de 35 horas
$3.738
No registrados y ocupados plenos
$2.965
No registrados y con menos de 35 horas (changas)
$1.431
Fuente: FISYP sobre la base de la EPH-INDEC
La cuestión se agrava cuando se verifica que el 34,6% de los trabajadores asalariados son no registrados. Es un dato que muestra una tendencia a la disminución de su máximo en la crisis del 2001/02 pero mantiene un valor estructural muy elevado respecto de la historia del trabajo y el empleo en el capitalismo local. Los datos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares explícita que solo el 46,7% de los trabajadores asalariados son a la vez ocupados plenos y registrados.
Cuadro III – Ingresos totales (ocupación principal y otras)
Registrados y ocupados plenos
$5.407
Registrados con menos de 35 horas
$4.558
No registrados y ocupados plenos
$3.178
No registrados y con menos de 35 horas (changas)
$2.001
Fuente: FISYP sobre la base de la EPH-INDEC
Los ingresos mejoran cuando a la ocupación principal se le suman otros empleos de los trabajadores. (Cuadro III). Así y todo, los valores expresan los límites para solventar las necesidades de los trabajadores y su familia, lo que explica la demanda en noviembre del 2012 en el paro nacional convocado por la CTA y la CGT demandando un mínimo de $5.000 mensuales.
Cuadro IV – Distribución según ingresos mensuales por la actividad principal
Ingresos menores a $2.000 x mes
25,4%
Ingresos de $2.001 a $3.000 x mes
18,5%
Ingresos de $3.001 a $4.500 x mes
24,8%
Ingresos de $4.501 a $6.000 x mes
17,1%
Ingresos superiores a $6.000 x mes
14,1%
Fuente: FISYP sobre la base de la EPH-INDEC
En el Cuadro IV puede apreciarse que el 68,7% percibe menos de $4.500, por lo cual, solo el 31,2% percibe más de ese valor, y solo el 14,1% ingresa salario superior a los $6.000. Queda claro también que 1 de cada 4 trabajadores tiene ingresos mensuales menores a $2.000, y casi el 44% recibe menos de $3.000.
Los valores no son muy distintos si se incorporan los trabajos extras a la ocupación principal. Para esta situación nos encontramos, según el estudio de la FISYP, que el 64,7% de los trabajadores ingresa menos de $4.500 y un 39,5% percibe menos de $3.000. Para el caso del total de los registrados, es decir, los de mejor situación relativa, los datos reflejan que el 57,4% percibe menos de $4.500 y el 26,6% menos de $3.000.
A modo de conclusión: queda clara la situación precaria por ingreso y condiciones de trabajo en la Argentina, aún con el nivel récord de actividad y empleo que registra la Argentina como tendencia luego de la crisis del 2001.
Los valores aquí señaladas sufren variaciones en este primer semestre del 2013 por la actualización que suponen los acuerdos por convenciones colectivas de trabajo, que no modifican la situación estructural del empleo y el trabajo en el país.
Los bajos salarios y la precariedad laboral constituyen un fenómeno estructural en la Argentina desde hace 4 décadas. Fue un objetivo de la dictadura genocida que marca a fuego la relación entre el capital y el trabajo en la coyuntura. Es el piso sobre el cual construir la agenda de reivindicaciones y lucha por las mejoras en el salario, las condiciones de empleo y trabajo y en definitiva, por la emancipación de los trabajadores.
Buenos Aires, 22 de junio de 2013



[1] Algunos datos sobre el salario y las condiciones de trabajo en la Argentina actual. Elaborado por Germán Pinazo, Guido Saccal y Arnaldo Ludueña, del Área de Economía Política de la Fisyp y especialmente orientado a la investigación de la FISYP sobre el empleo y salarios estatales según el convenio FISYP-ATE. La información está construida sobre la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC para el cuarto trimestre del 2012.

El fracaso de la privatización

Otra tragedia ferroviaria con pérdidas de vidas y fuerte impacto en personas afectadas, no solo en forma directa por el choque de trenes en Castelar, sino por las complicaciones que se les presenta a los trabajadores que habitualmente utilizan ese servicio y que fuera suspendido transitoriamente.
Todavía está en estudio la causa del siniestro y más allá de cuál sea la misma, no queda duda que lo que debiera discutirse es la política ferroviaria de privatizaciones inaugurada a comienzos de los 90´. Son dos décadas de desmantelamiento de los ferrocarriles, del cambio de su función como servicio público de transporte a mercancía a cotizarse en el mercado, con un Estado soporte de la ganancia empresaria.
En rigor, no solo se trata del transporte ferroviario, ya que nuestro análisis podría ser extensivo al transporte carretero o aéreo. En tiempos menemistas se modificaron valores a la hora de considerar las relaciones sociales en la producción y distribución de bienes. Desde entonces se privilegió el proceso de mercantilización de la vida cotidiana, abandonando cualquier pretensión de atender las necesidades sociales con vocación de servicio.
El Estado fundamentó y lideró el aperturismo al más apto en la competitividad del mercado.
La rebelión popular del 2001 golpeó duro en ese paradigma ideológico, pero la institucionalidad estructural no mutó y así como los ferrocarriles siguieron siendo administrados por empresas privadas, el régimen privatista se mantuvo instalado, sostenido con subsidios públicos. Muy pocas empresas privatizadas fueron estatizadas, y cuando ocurrió se explicó por falencias o incumplimientos explícitos en la operatoria de la actividad, tal el caso del correo, algunas líneas ferroviarias, y el propio sistema de jubilaciones en plena crisis mundial durante el pico que afectara al mundo financiero en 2009.
Esa nueva intervención estatal ocurrió en los ferrocarriles luego del episodio trágico de la estación Once a comienzos del 2012. Es lo que intentaron mostrar las autoridades como respuesta al nuevo episodio de Castelar. En realidad, dar cuenta de gastos realizados para el funcionamiento de los trenes no es lo que hace falta en estos momentos, incluso existiendo posibilidad de falla humana, algo en proceso de estudio e investigación. El asunto es si ante la eventualidad de la falencia humana existe la posibilidad de contenerlo o limitarla por vía del uso de la tecnología. La respuesta es afirmativa y por lo tanto el problema es estructural y se asienta en dos décadas de abandono de una estrategia favorable al transporte público.
No solo es válido el análisis desde los problemas y accidentes ferroviarios, sino del privilegio que en estas décadas se le ofreció al transporte automotor. Todo el modelo productivo y de desarrollo privilegió el uso del automotor, el utilitario y el camión, sea por el consumismo individualista a que convoca el proceso de mercantilización aludido, sino por los mecanismos de traslado de la producción sojera y agropecuaria desde los centros productivos a los puertos. Este privilegio al transporte privado se asentó en cuantiosas inversiones en infraestructura caminera, incluidas las concesiones para el peaje que afecta el costo de traslado en sectores de menores ingresos. El récord de la producción y venta de automotores fue en sentido contrario al deterioro recurrente de los ferrocarriles y el transporte público, solo sostenido sobre la base de unos subsidios crecientes en estos últimos años, que además, necesitan ser investigados sobre su aplicación efectiva en la infraestructura o en el servicio.
Lo primero que corresponde señalar es el fracaso en las políticas de privatizaciones para la sociedad, especialmente para los sectores de menores ingresos usuarios de ese transporte público de pasajeros. A continuación corresponde revertir la situación y modificar los valores que en la sociedad favorecieron la orientación pública para el privilegio del transporte privado. No se trata de trenes contra automotores, sino de establecer que es lo prioritario para la sociedad en cada momento. No solo por las tragedias de Once y Castelar, sino por las consecuencias sociales que supuso la mercantilización de la vida cotidiana es que sostenemos que se requiere pensar y actuar para avanzar en un proceso de des-mercantilización. Se trata de ir a contramano del sentido principal por construir un capitalismo serio o normal.
Puede parecer utópico pensar en términos de des-mercantilización. Sin embargo, cuando se piensa en los reclamos por salud o educación pública, lo que se defiende es la des-mercantilización de esas dos sensibles áreas de nuestra cotidianeidad. Lo que se dice es que la salud o la educación no deben ser mercancías, y crecientemente lo son. Basta pensar en cómo se “resuelve” en la vida cotidiana el proceso de educación y salud para afirmar su creciente peso mercantil. Ocurre lo mismo en otras áreas de la vida y la economía. Es creciente el fenómeno mercantil en áreas propias de la actividad estatal como la Justicia o la Seguridad, con tendencia a la privatización creciente.
El interrogante que suscitamos es sobre la posibilidad de la des-mercantilización de áreas estratégicas. En ese sentido, no solo la educación y la salud, la justicia y la seguridad, sino que aparecen otros temas, como los de la energía o el transporte público de pasajeros o cargas. En ese sentido, todo el esquema privatizador ingresa en la evaluación, incluido el sector financiero. Es que aún subsiste la legislación financiera de la dictadura genocida, mecanismo que facilitó la extranjerización de la economía y el ingreso de capitales para potenciar el proceso privatizador de los 90´. Ya murieron Videla y Martínez de Hoz, y Menem acaba de ser condenado por uno de sus delitos, el de la venta de armas a Croacia y Ecuador, pero la institucionalidad privatista que está en el eje central del programa de la dictadura y del menemismo sigue costando vidas al pueblo argentino. Es lo que debe revertirse para que tenga sentido la condolencia a las víctimas de los siniestros.

Buenos Aires, 17 de junio de 2013

La asociación de YPF con CHEVRON y la demanda de Ecuador

La cuestión energética se las trae. El déficit de combustibles supuso una erogación de 9.300 millones de dólares por importaciones en el 2011 y algo más de 10.000 millones de dólares el año pasado.
Ahora, entre enero y mayo suman más de 5.500 millones de dólares por importaciones de combustibles. La sola continuidad de la tendencia señala una cifra mayor a la ya abultada del año pasado. La estimación alcanza a los 13.000 millones de dólares, y sabemos de las restricciones que existen en el Estado para asegurar las divisas suficientes para cancelar deuda y la factura de combustibles por el déficit energético.
Hace ya más de un año que se expropió parcialmente YPF para resolver el tema del auto sostenimiento energético. La situación es compleja y se apuesta todo a los hidrocarburos no convencionales, de gas y petróleo, siendo el Yacimiento de Vaca Muerta la joya a explotar. Ahí aparece el interés de EEUU, que fomenta los intereses de la Chevron, una de las grandes empresas monopólicas del petróleo, especializada tecnológicamente en la producción de “no convencionales”.
Todo indica que empresas chinas estaban interesadas en Repsol, por lo que intercedió EEUU para favorecer sus propios intereses. En ese marco están las negociaciones con la Chevron para una inversión de 1.500 millones de dólares. En el medio apareció la demanda desde el Ecuador contra la empresa de EEUU por 19.000 millones de dólares. Es una acción de 30.000 personas de familias indígenas del Ecuador contra la Chevron por daño ecológico por producciones depredadoras de la naturaleza y el hábitat de las familias entre 1965 y 1990. En rigor es una acción contra la Texaco, que al ser adquirida por la Chevron, ésta recibe la continuidad del accionar judicial ecuatoriano. La Justicia argentina accedió a la demanda y ahora la Corte Suprema de Justicia rechaza la acción. De este modo la diplomacia estadounidense y los negocios petroleros conformes, sea la Chevron y el propio YPF, al punto que hubo renuncias en el Directorio de YPF por los acuerdos suscriptos.
No solo está en discusión el carácter de la relación entre la estatizada parcialmente y la monopólica estadounidense, sino que se adiciona la relación con Ecuador, que confiaba en la Justicia argentina para continuar en otras latitudes con la millonaria demanda. Habrá que ver las repercusiones del gobierno amigo del Ecuador ante la sanción a contramano de los cortesanos argentinos. Pero más importante aún es que entre las poblaciones cercanas al yacimiento de Vaca Muerta ha comenzado el despliegue de un movimiento de resistencia. Incluso, ya existen 5 poblaciones donde los Concejos Deliberantes han manifestado vía ordenanzas que no permitirán la tecnología de la fractura hidráulica, el fracking en inglés, mediante la cual se perfora el subsuelo a más de 3,5 km de profundidad con una tubería por la que se inyectan toneladas de agua dulce, arena y un cóctel de tóxicos para estallar las rocas subterráneas y que fluya al exterior el petróleo o el gas.
La tecnología ha sido probada exitosamente en EEUU y habilitado en ese país un movimiento de resistencia ante las posibles contaminaciones que supone el uso de tamaña tecnología. EEUU apuesta a superar su crisis energética con este método, y de hecho ya comenzó a revertir su crítica situación. El gobierno de Obama privilegia estos desarrollos para lograr el auto sostenimiento y evitar la dependencia del petróleo del medio oriente, o de Venezuela. En Europa existen prohibiciones absolutas sobre el sistema extractivo con fractura hidráulica, siendo una cuestión escasamente reconocida en el país, pero que ya genera oposición entre las poblaciones que compiten por el uso agrícola del agua. Es algo que se asocia a otras resistencias productivas, caso de la mega minería,  que también demanda cuantiosas magnitudes de agua, sin perjuicio de los tóxicos contaminantes utilizados para la explotación extractiva, en este caso de gas y petróleo.
En síntesis, la expropiación parcial de YPF no parece transitar por donde imaginamos los que apoyamos el proceso, sino por una tendencia a profundizar la dependencia petrolera, en este caso asociada a Chevron, con problemas en el interior del propio Directorio, lo que supuso la renuncia de Eduardo Basualdo, académico vinculado a la CTA y que se destacó por sus críticas a las políticas hegemónicas en los 90´; pero también con expectativas frustradas del Ecuador ante la demanda judicial y especialmente con poblaciones enteras que organizan cuestionamientos que involucran a todo el arco político representado en sus instituciones contra el extractivismo y la depredación de los bienes comunes que supone el uso de la tecnología de la fractura hidráulica. Son temas para pensar si la empresa petrolera gestionada por el Estado transita el camino adecuado para el logro del auto abastecimiento y más aún, si no se requiere discutir el para qué del uso del gas y el petróleo en la Argentina, que como hemos sostenido en anteriores ocasiones significa discutir el modelo productivo y de desarrollo en que se encuentra la Argentina.

8 de junio de 2013

Precios y salarios en la disputa por la renta nacional

Ya pasaron el 25 y el 29 de mayo, dos fechas muy importantes de la historia argentina, la revolución de mayo y el Cordobazo, al que siempre asocio al Rosariazo, acontecimiento previo y posterior a esa emblemática lucha.
Es cierto que son dos tiempos distintos, aunque este año la fiesta patria fue aniversario de una “década ganada” para el oficialismo, y muy discutida por la movilización liderada por la CTA a 44 años de la gesta cordobesa. Pero no solo se moviliza el sindicalismo crítico, esta vez sin la unidad de acción con la CGT por propia decisión de ésta que decidió no acompañar, sino que los docentes bonaerenses, o los colectiveros de larga distancia, ambos con cercanía oficialista encaran medidas de fuerza en demanda de salario.
Se trata de una demanda por ingresos en el mismo momento en que se cierra una etapa del acuerdo de precios iniciado a comienzos del año, con escasos resultados, y se renueva ahora, desde el primer día de junio, con un acuerdo sobre 500 productos de la canasta cotidiana de consumo. La novedad es la línea gratuita para denunciar incumplimientos desde el programa “Mirar para cuidar” presentado esta semana por la Presidenta. Antes con la militancia social y política y ahora directamente con los consumidores. Cuánto mejor sería un involucramiento directo de los trabajadores de aquellas pocas empresas que son las que pueden mover los precios hacia arriba. Ello requeriría una misión articulada del movimiento sindical con una propuesta de modelo productivo y de desarrollo asumido conscientemente por los trabajadores. De eso se está muy lejos.
Asumir la inflación
Tal como hemos sostenido, es sano que se asuma el diagnóstico del encarecimiento de los precios, de la inflación como fenómeno que corroe los ingresos de aquellos que menos perciben. Lo curioso es que el INDEC y todos sus superiores jerárquicos persistan en la mentira estadística, especialmente cuando el dólar ilegal aparece contenido, claro que en un precio muy superior al del dólar administrado por el BCRA,  y la devaluación del tipo de cambio oficial se mueve lenta pero persistentemente hacia el alza, desmintiendo lo señalado oportunamente contra la devaluación.
Llamamos la atención sobre el asunto, porque es conocido que cada alza de las divisas impacta en los precios, producto de la dependencia argentina en materia de comercio externo e insumos estratégicos para la producción local, cotizados, por cierto, en divisas cada vez más costosas.
Más allá de las opciones electorales que asuma la población, la realidad es de creciente conflicto social por la disputa de la renta nacional, que como hemos sostenido en varias ocasiones, se reduce a ganancias o salarios. Siempre recordamos en cursos y conferencias que todo vivimos de ganancias o salarios, incluso el ladrón que se apodera de recursos que en origen provienen de patrones o trabajadores. El Estado cumple con sus obligaciones porque captura ingresos de unos o de otros por la vía impositiva, más allá de discutir la justeza de las proporciones de esas fuentes tributarias. Convengamos que los asalariados regularizados de mejores ingresos demandan la disminución e incluso la eliminación del impuesto a las ganancias que hoy tributan esos trabajadores.
El conflicto visible en la sociedad expresa la lucha por la renta nacional socialmente generada. Es una disputa entre propietarios de medios de producción con capacidad de fijar precios, y propietarios de fuerza de trabajo que pretenden ejercer su derecho de lucha para fortalecer capacidad de negociación, disputa y posibilidad de ganar. Es claramente una cuestión de poder en la relación social fundamental del orden económico, entre patrones y trabajadores, donde el Estado no es neutral, y en definitiva pone de manifiesto la disputa al interior del Estado, de sus políticas y sobre el destino de los ingresos fiscales.
No es un tema sencillo, y no solo en la Argentina. La disputa por la renta es manifiesta en prácticamente toda la región latinoamericana. Es que parece agotarse el proceso de crecimiento a tasas elevadísimas de la década anterior, que eludía el conflicto ante la satisfacción a dos puntas, de ganancias y de salarios, aun siendo bajos e incluso en situación de informalidad. La recesión en buena parte de los países capitalistas desarrollados y la desaceleración o escaso repunte en otras latitudes del “primer mundo” dan cuenta de restricciones objetivas ante la crisis mundial del capitalismo. Cada país, y la Argentina no escapa a ello, intenta desde las políticas nacionales escaparle lo más posible a la crisis mundial, aun sabiendo que el problema es el propio capitalismo y su anarquía, que motiva que todos busquen respuestas nacionales y no globales. Quizá sea una excepción, la que acaba de anunciarse estos días en Caracas desde Unasur, y es que finalmente, en las próximas horas estaré funcionando el Banco del Sur. Su emergencia no define por nacimiento su éxito en el financiamiento de un modelo productivo y de desarrollo de carácter alternativo al hegemónico definido por el extractivismo, Como todo, habrá que ver sus pasos iniciales y la consecuencia operativa para no repetir el estilo, la forma y los objetivos de los otros organismos bancarios internacionales con impacto en la región, sea el BID o el Banco Mundial.

Sábado 1 de junio del 2013