Argentina creció 3% en 2013

El INDEC informó sobre la evolución del nivel de actividad durante el 2013, bajo una nueva modalidad de medición de las cuentas nacionales, con precios bases del 2004.
Con la nueva medición, preliminar, la que se ajustará definitivamente en septiembre próximo, la economía de la Argentina creció el 3% durante el 2013.
Las expectativas, según informaciones oficiales previas, eran de una cifra mayor, superior al 4%, y vale recordar que si el crecimiento es superior al 3,22% existen bonos de la deuda pública atados al crecimiento del PBI que pagan intereses anuales del orden de los 3.500 millones de dólares.
El dato a destacar es que los tenedores de esos títulos esperaban cuantiosas ganancias a cobrar en el 2014, que ahora se esfuman. Al mismo tiempo, se liberan fondos para usos alternativos, los que no debieran asignarse arbitrariamente y sí, favorecer un debate sobre  la utilización de esos recursos, precisamente en un momento en que se debate, entre otras, la actualización de las asignaciones de los trabajadores estatales.
Desde el INDEC se están presentando nuevos indicadores y mediciones, supervisadas y observadas en su metodología por el FMI. Se trata de la medición de los precios minoristas de carácter federal para enero (3,7%) y febrero (3,4%) de este año; y ahora los datos de actividad económica, es decir. el 3% de expansión del PBI, o sea la nueva riqueza generada en un año.
Es aún prematuro relevar la credibilidad de las nuevas informaciones, aunque parecen más asociadas a la realidad percibida desde distintos ángulos. Habrá que analizar la tendencia de la nueva serie que se habilita para medir la inflación y el PBI y en ese proceso validar o discutir el resultado estadístico de la nueva metodología.
¿Qué sectores crecen y cuáles caen?
Los datos confirman intuiciones sugeridas desde diversas fuentes, entre las que sobresale una caída del 1,6% en la explotación de minas y canteras y especialmente una baja del 0,3% en la actividad en la industria manufacturera y en contrapartida una expansión del 21% de la intermediación financiera y otros servicios financieros.
No es un tema menor ante el crecimiento de la actividad industrial desde el 2002 y su impacto en el empleo, importante por lo menos hasta el 2007 y con tendencias mucho más leves desde entonces. Una situación agudizada en el 2009, año de recesión global, y que parecía superada con fuerte intervención estatal en los años siguientes.
Ahora, debe registrarse el retroceso industrial, más allá de críticas al modelo de armaduría y escasa difusión en sectores pequeños y medianos de partes y componentes para ensamble, en el marco de una crisis mundial que ya no solo impacta en los países capitalistas desarrollados.
El agro (10,6%) y la pesca (22,8%) crecen por encima del promedio; también hotelería y restaurantes (4,3%); e incluso la actividad estatal en educación, salud y seguridad social apenas por encima del promedio. En el otro ángulo se destaca un crecimiento por debajo del promedio en electricidad, gas y agua (2,9%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (2,7%); la construcción (2,5%); el comercio (1,8%); y otros sectores como el servicio doméstico o los servicios inmobiliarios.
Interesa por lo tanto la coyuntura derivada de la información y la perspectiva del presente año y siguientes, por el impacto en el empleo y lo que supone en el imaginario social el aliento a la actividad financiera por sobre la productiva en el sector industrial.
No se trata de que uno sea mejor que el otro (sector productivo sobre financiero), ya que el uno necesita del otro, pero si interesa ver las orientaciones de la actividad económica que se deriva de la política económica.
Devaluación y tasas de interés
En este sentido puede argumentarse que la devaluación de enero apunta a la mayor competitividad de la inversión en producción agraria, minera e industrial, claro que a costa de la merma del poder de compra de los trabajadores y sectores sociales de ingresos fijos.
Junto a la devaluación se aumentan las tasas de intereses para estimular imposiciones en moneda local y desestimular la demanda de divisas, lo que en definitiva alienta horizontes especulativos y encarece el crédito para la inversión productiva. Acompañando el estímulo al ahorro en pesos, el Estado nacional acaba de salir a ofertar bonos de la deuda pública en pesos para captar la voluntad de inversión financiera y restringir la oferta monetaria (circulación de dinero) para intentar frenar subas de precios.
El combo en cuestión, devaluación más alza de las tasas de intereses, apunta a consolidar una desaceleración de la economía argentina, en sintonía con lo que ocurre en buena parte del mundo, incluidos aquellos de gran crecimiento en los últimos años, especialmente China y la India, que siguen creciendo más que la economía mundial, pero menos que en la última década.
Un debate interesante es que la política económica organiza beneficiarios y perjudicados y en una retrospectiva vale interrogarse por ganadores y perdedores de la convertibilidad y de la salida de la convertibilidad, y ahora conviene pensar como procede el reparto derivado de este conjunto de medidas de política económica sobre el conjunto de la sociedad. En este marco es que se anuncian los retiros a los subsidios del gas para el consumo domiciliario y se mantiene para el sector industrial, precisamente inducido por estos datos de baja en la actividad económica del sector manufacturero. Con esto se habilita el debate sobre quienes continúan siendo perceptores de subsidios y cómo se financia la superación de la desaceleración económica. Al mismo tiempo, las discusiones salariales de los docentes, a la que se suman nuevas negociaciones de actualización de salarios para el resto de los trabajadores bajo convención colectiva, definen el marco de perdedores y ganadores.
No alcanza con saber cuánto crece o no el país, el 3% del 2013 por ejemplo, sino que interesa desentrañar la ecuación entre beneficiarios y perjudicados como resultado de las respuestas gubernamentales de política económica, lo que motiva a respuestas sociales de apoyo o crítica para defender o modificar la situación. Es algo que se resuelve en el plano de la lucha política.

28 de marzo de 2014

A 38 años del Golpe de Estado en Argentina (1976-2014)

Hoy se cumplen 38 años del Golpe genocida del 24 de marzo de 1976 y vale la pena recuperar la memoria, incluso para hablar del presente, ya que algunos orígenes de problemas actuales, especialmente económicos, se remontan a aquellos acontecimientos.
Con el golpe se pretendía reordenar la situación política y normalizar el orden capitalista afectado por la organización y movilización, principalmente de los trabajadores, que reclamaban por sus derechos al tiempo que proclamaban una “patria liberada”, afectando la esencia del orden capitalista, la dominación económica de los capitales más concentrados de adentro y de afuera.
Las clases dominantes no podían permitir tanto poder popular y por eso el Golpe y las restricciones de huelga, de movilización e incluso de encuentro social. Los principales afectados fueron los trabajadores y sus organizaciones sindicales y políticas y su efecto por cuatro décadas aún se siente.
Entre otros efectos confluyen la des-sindicalización y la despolitización de buena parte de la sociedad, más volcada a satisfacer opciones de consumo que asumir una lógica gregaria de solidaridad, por ejemplo hoy entre docentes y padres, incluso entre trabajadores en general con los maestros.
Pero sin duda, el principal efecto sobre los trabajadores es la baja de salarios, incluso considerando periodos de recuperación de ingresos, nunca se logró, pese a 30 años de gobiernos constitucionales desde 1983, empatar el mayor nivel de distribución de la renta de los años 70´ o incluso de los 50´.
La situación estructural del empleo mantiene hoy, como nunca a un tercio de los trabajadores en situación irregular, sin seguridad social, afirmando la tendencia a la precariedad laboral, con las nuevas formas asumidas de la contratación laboral, los salarios basuras, la tercerización, el desempleo y subempleo.
En ese marco debe incluirse el deterioro de las jubilaciones y pensiones, aún con la extensión de beneficiarios de estos años. El achatamiento de la pirámide de ingresos previsionales es resultado de una política deliberada asumida desde la dictadura en 1976 y confirmado con la política privatizadora de los aportes jubilatorios en los 90´ y la consolidación de una baja en esos años de los aportes patronales.
Cambios en las relaciones sociales de producción
El golpe de 1976 reestructuró las relaciones sociales de producción, modificando la relación entre patrones y trabajadores en beneficio de mayores ganancias, acumulación de capitales y afirmación de la dominación y poder de los capitales más concentrados que actúan en la Argentina.
Pero también modificaron la función del Estado, potenciando su papel al servicio del gran capital, con el endeudamiento (que hoy expresan las demandas del Club de París, por ejemplo) y la liberalización de la economía, crudamente expresado en las leyes de inversiones externas y de entidades financieras aún vigentes y que constituyen una asignatura pendiente de los gobiernos constitucionales. La reforma del Estado avanzó en los 90´ con las privatizaciones y desregulaciones que la dictadura no pudo materializar, entre otras cuestiones por la resistencia popular, especialmente de los trabajadores.
En materia de cambios estructurales también debe incluirse la reinserción global de la economía y la política de la Argentina en el rumbo liberalizador que empujaban las corporaciones transnacionales, e ideológicamente las principales potencias del capitalismo mundial y los organismos internacionales. Hasta podemos afirmar que la dictadura local y otras en la región anticipaban en el Cono Sur de América como ensayo, lo que luego se generalizaría como “políticas neoliberales” desde Gran Bretaña o EEUU, con Margaret Thatcher y Ronald Reagan.
La nueva situación gestada desde marzo de 1976 expresa cambios profundos en la economía, la sociedad y el Estado, que contribuyeron a una mayor concentración y extranjerización de la economía Argentina en todas las ramas de la producción y los servicios. Un agravante deviene de la consolidación de esos cambios en los años 90´, con la tendencia al monocultivo derivado de la expansión de la soja transgénica y la dependencia del paquete tecnológico de transnacionales de la biotecnología y la alimentación; tanto como la atracción de inversiones externas mineras para la mega-minería a cielo abierto que resalta el carácter primario exportador del país; y en el mismo sentido puede destacarse el carácter de armaduría de la industria local, fuertemente dependiente de las importaciones de insumos industriales, incluidos los energéticos, que tanto afectan las cuentas externas de la Argentina.
¿Qué rumbo asumir al enfrentar esos cambios estructurales?
Un gran debate apunta a si la Argentina debe retrotraer la situación al modelo productivo y de desarrollo capitalista previo al golpe, es decir, al periodo de industrialización sustitutivo operado entre los años 20´ y los 70´ del Siglo XX, o intentar ir, incluso, más allá del orden capitalista.
En rigor, la mayoría del debate se restringe a discutir una agenda (de cambios) de acciones y políticas posibles en el marco del capitalismo, y nuestra proposición apunta a pensar en modificaciones esenciales a las relaciones sociales de producción, no para volver al pasado, además idealizado, sino para avanzar en una perspectiva anticapitalista, antiimperialista y por el socialismo.
Esto requiere de un sujeto social amplio que asuma en lucha un programa de transformaciones para des-mercantilizar la vida cotidiana, entre otras cuestiones, la educación, pues no solo se trata de salarios suficientes, tal y como demandan los maestros hoy, sino discutir el para qué, el qué y el cómo del derecho a la educación. No solo acompañamos a los maestros en sus reclamos, sino que proponemos discutir desandar el camino mercantil inducido para la educación, la salud u otros derechos transformados en mercancías o servicios.
¿Por qué no organizar por fuera del mercado algunos derechos de la sociedad? Entre ellos, la educación, la salud, el transporte, la energía, lo que supone confrontar con el poder real y discutir una reorganización económica de la sociedad con el objetivo máximo de satisfacer necesidades y no la subordinación a la lógica de la ganancia, la acumulación y la dominación.

Córdoba, 24 de marzo de 2014

Argentina busca “normalizar” su inserción mundial

Luego de idas y vueltas se confirmó que el Club de París habilita la discusión para cancelar deuda pública impaga por unos 9.000 millones de dólares desde fines de mayo próximo.
Vale recordar que la puntada inicial fue dada a comienzos de año, por el Ministro de Economía que acercó en enero una propuesta de pago en viaje relámpago a París.
El paquete de “negociación” incluye que el FMI revise las cuentas de la Argentina.
Todo indica que se está en caminos de “normalización” de la inserción internacional de la Argentina con el sistema mundial del capitalismo. El Club de París incluye a las principales potencias del capitalismo y a los organismos internacionales.
Lo curioso del caso es que se trata de una deuda mayoritariamente asumida en tiempos de la dictadura genocida y que por lo tanto, bien podría catalogarse de “odiosa”.
Muchos cuestionan la posibilidad de auditar la deuda por las sucesivas renovaciones realizadas en tiempos constitucionales, de hecho, cada turno presidencial desde 1983 renegoció y convalidó deudas. Ocurrió con Alfonsín, Menem, De la Rúa, Kirchner y con Fernández.
Si bien el argumento de la imposibilidad de auditar toda la deuda es discutible, no hay duda que esta parte de las acreencias es pasible de ser denunciada, claro que si se la investiga con procesos de auditorías contables, incluso de carácter internacional siguiendo el ejemplo del antecedente ecuatoriano.
El Club, Repsol y el CIADI...
No existen dudas que el gobierno argentino busca re-establecer lazos de inserción con el mundo capitalista, lo que supone terminar el proceso de cesación de pagos iniciado en diciembre del 2001, para lo que resta culminar el arreglo con el Club de París y con el 7% de los tenedores de títulos que no ingresaron a los canjes de deuda del 2005 y sus reaperturas del 2010 y 2013, algunos de los cuales se procesan en conflictivos juicios en EEUU. Entre ambos conceptos puede alcanzarse un valor de 15.000 millones de dólares.
Pero también, Argentina empezó a reconocer los fallos del CIADI sumando nuevas deudas a soportar por las finanzas públicas. Insistimos en que Argentina es el país con mayores demandas ante este ámbito del Banco Mundial, del cual ya se retiraron Bolivia, Ecuador y Venezuela y que Brasil jamás suscribió. Los procesos en curso ante el CIADI constituyen una hipoteca difícil de estimar para las finanzas públicas argentinas.
En ese camino de “normalización” es que se justifica el acuerdo propuesto a Repsol, que esta semana defendió el gobierno ante el Senado, para cancelar la deuda por la expropiación parcial de YPF. El pago será en bonos con valor nominal por 6.000 millones de dólares, con vencimientos sucesivos hasta el año 2033 y que pueden valorizarse y costar al fisco en todo el periodo de circulación unos 11.000 millones de dólares.
Es evidente que esta danza de millones de dólares por deudas viejas o nuevas, odiosas o reales, que bien vendría investigar y auditar, incluso favoreciendo los procesos legales en curso en la justicia de nuestro país, tienen como sentido “normalizar” la inserción de Argentina en el capitalismo mundial.
¿Para qué? La explicación alude a las restricciones externas, o sea, al ingreso de capitales foráneos para el funcionamiento del orden capitalista local, o si se quiere al saldo positivo del ingreso y salida de capitales.
En el 2013 se aceleró la pérdida de divisas, la llamada fuga de capitales, ejemplificada en la caída de más de 12.000 millones de dólares de reservas internacionales. La fuga no significa necesariamente una situación delictiva, sino opciones de búsqueda de rentabilidad de las inversiones de capital en el exterior. Es lo que argumentó Repsol para explicar la remisión de utilidades al exterior por 13.000 millones de dólares en una década. Fueron fondos relocalizados para inversiones en diversos territorios, especialmente en África.
La fuga de capitales viene de larga data, aceleradas desde el 2011 y que intentó frenarse con la devaluación de enero pasado, algo que cuesta asumir como política deliberada en ámbitos gubernamentales. Un interrogante de la coyuntura remite a si se frenó el drenaje de divisas, si se puede revertir la situación y por lo tanto si se puede considerar estable la paridad cambiaria o requerirá nuevas adecuaciones en el corto o mediano plazo de este mismo año.
Se argumenta que el país necesita ampliar sus inversiones para mejorar la productividad y con ella el ciclo virtuoso de la producción, es decir el consumo y la inversión. Pura lógica de funcionamiento del orden capitalista, que requiere de inversores con disposición a valorizar sus capitales, o sea a producir plusvalor y obtener ganancias como resultados.
El problema son los límites a la inversión, situación clara respecto de la inversión pública, que sostuvo en estos años la tasa general de inversión y hace evidente la escasa disposición a invertir del capital local, algo que se explicita en los discursos oficiales que sugieren con recurrencia a los empresarios que inviertan en la ampliación de la producción local, con escasísimo resultado.
Por todo ello es que la intencionalidad gubernamental pasa por atraer inversores del exterior, en el camino que sugiere la asociación entre YPF y Chevron. Pero también habilitar el camino de obtención de nueva deuda, lo cual requiere terminar con la cesación de pagos como exigencia del sistema financiero mundial.
¿Es posible transitar otro camino, otra política económica?
No se trata de una pregunta retórica. La respuesta dividió aguas políticas en el movimiento popular que resistió las políticas menemistas (1991/1999) y las de la Alianza (1999/2001), y antes la de la dictadura (1976/1983).
Una porción del movimiento popular y del pensamiento crítico de los 70´ y los 90´ considera que las políticas de la última década (2003/2013) son el límite de lo posible y acreditan como éxito la disminución de los indicadores sociales tales como se manifestaban en la crisis del 2001. Algunos de ellos se animan a suscitar la necesidad de relanzar un imaginario de nueva ronda de reformas que pueda entusiasmar y contribuir a constituir sujetos políticos y sociales que sostengan un proyecto político para la transformación.
El límite que se les presenta a unos y a otros es el propio orden capitalista, bajo políticas ortodoxas o de austeridad, (como en Europa u otros países que en nuestra región sustentan políticas de libre comercio); o neo-desarrollistas, (sea EEUU y su intervencionismo estatal, tanto como países con políticas críticas al neoliberalismo en América Latina). La heterodoxia argentina choca también con el capitalismo real, que exige condiciones para sostener un ciclo de inversiones que asegure rentabilidad adecuada al tiempo histórico de crisis capitalista. Es la alta rentabilidad ofrecida lo que hizo emergentes a China, India o Brasil, ante las bajas rentabilidades ofrecidas en el capitalismo desarrollado, con tasas de interés tendiendo a cero. Se puede escamotear el índice de precios ante cierto punto, tal como ocurrió entre 2007 y 2013, pero no se puede hacer eternamente.
La lógica del mercado capitalista solo acepta un determinado nivel de intervención estatal, especialmente si existe organización y lucha social desplegada en las calles. Por eso, las desmovilizaciones masivas de la sociedad son funcionales a la demanda de “normalización” capitalista, y al mismo tiempo, convoca a sostener la capacidad de movilización, de resistencia y de demanda por mejoras sociales de los sectores más perjudicados en el orden económico.
Podríamos recordar a Hugo Chávez cuando señaló a fines del 2004 que no debían esperarse soluciones para los pueblos del mundo bajo la lógica del orden capitalista, que recordemos, se somete a la lógica de la ganancia y la acumulación. De ahí surge la convocatoria a pensar nuevamente el socialismo en el Siglo XXI. Se legitima así el pensamiento crítico anti capitalista y se habilita a discutir un nuevo orden de relaciones sociales en la economía, retomando la agenda sustentada en el Manifiesto Comunista para el Siglo XIX y más fundada en El Capital.
Es cierto que ante este debate, muchos acusan a la propuesta de utópica, ante los límites concretos para afirmar y desarrollar el anticapitalismo como propuesta a construir en la sociedad actual, sea en Venezuela o en cualquier país. Conspiran las experiencias fallidas (URSS y Europa del Este) y aquellas en curso, entre ellas la cubana, que tiene el límite del criminal bloqueo estadounidense y una situación de época mediada por la ofensiva capitalista desplegada desde la crisis de mediados de los 70´. La articulación integrada de un bloque socialista está limitado desde la desaparición de la URSS y el bloque soviético, e incluso las articulaciones con pretensión alternativa, el “tercer mundo”, atraviesa por los límites de sus diferentes posiciones en la situación actual, donde el imaginario cambio si se es “emergente” o receptor de inversiones externas, o si se está en situación de extrema vulnerabilidad, como ocurre en la periferia del sur del mundo.
Este es el marco de la discusión en nuestro país, en la región y en el mundo, que puede condenarnos al límite de lo posible o abordar el camino de la crítica de la realidad, por muy dura que esta sea, es decir, la crítica del capitalismo, lo que exige ir más allá y proponer un rumbo alternativo. Es el camino de Cuba y el que esbozan propuestas que aun requieren de mayores contenidos y sobre todo de una densidad social consciente suficiente para disputar sentido común en el movimiento popular y en la sociedad.
¿Por qué quedar prisionero de la inversión externa y reproducir el modelo productivo extractivo para la exportación o el desarrollo fabril de armaduría dependiente de insumos externos, también para la inserción exportadora? ¿Puede construirse otro modelo productivo en el agro y en la industria? ¿Es posible modificar el patrón de consumo estimulado por la producción monopolista actual?
Se puede contestar a esos interrogantes por la afirmativa, pero requiere de un profundo debate sobre el diagnóstico de situación de la coyuntura para pensar más allá del capitalismo, límite de lo posible para una parte del activismo social y político. Un activismo contenido en un imaginario de reformas que la transnacionalización apenas permite bajo ciertas circunstancias históricas, aquellas que generó a sociedad argentina movilizada a fines del ciclo regresivo de los 90´.
Cuando me interrogan sobre las medidas concretas acudo a la extensa programática difundida por el movimiento obrero, campesino, de mujeres, en defensa del medio ambiente o la relación metabólica adecuada entre los seres humanos y la naturaleza, o la armonía entre la producción humana con la naturaleza, e incluso sectores de pequeños y medianos productores y empresarios, de cooperativas y el movimiento de autogestión; a los que sumo la demanda por la des-mercantilización de la educación, la salud, la vivienda, la transporte, la energía. Son todas propuestas a asumir socialmente para disputar políticamente el orden capitalista y construir el otro orden posible, el socialismo.
Claro que no es sencillo, pero es lo que muchos nos proponemos ante una realidad que bajo la lógica de lo posible termina promoviendo la concentración y centralización del capital para la valorización y la explotación de la fuerza de trabajo y la naturaleza.

Buenos Aires, 15 de marzo de 2014

Repsol, YPF y la deuda pública

Argentina pagará 5.000 millones de dólares a Repsol por la expropiación parcial de YPF realizada en 2012. La petrolera española se compromete a retirar las demandas contra la Argentina. Algo que ocurrirá si la asamblea de accionistas de Repsol lo aprueba y lo mismo hace el Parlamento argentino.
El pago se realiza en bonos con vencimientos que llegan al 2033, que en caso de desvalorización, la Argentina se compromete a compensar con otra emisión de títulos por 1.000 millones de dólares. 
Se trata de nueva deuda pública y marca el rumbo de mayor endeudamiento asumido en el último tiempo.
Los montos involucrados, de 5.000 a 6.000 millones de dólares, son valores superiores a los contables, lo que se explica en la imposibilidad de pagar al contado, por lo cual, resulta una cancelación financiada y altamente rentable para Repsol.
Si se busca una explicación a este pago, la justificación está en la necesidad de acudir al mercado mundial para financiar la tercera reserva mundial de “shale”, los hidrocarburos no convencionales, e inscribir a la Argentina como potencia petrolera. Siempre se sostuvo que Argentina tenía petróleo, pero que no alcanzaba a calificar como país petrolero, situación que se modificaría con la explotación del yacimiento de Vaca Muerta.
La expropiación sin pago a Repsol era esgrimida mundialmente por las transnacionales petroleras como una restricción al ingreso de capitales para el desarrollo de la producción de hidrocarburos, ya que son estas transnacionales los que tienen la tecnología necesaria para realizar la extracción.
Con el pago a Repsol y el acuerdo oportunamente realizado con Chevron se apunta a tentar a otros inversores internacionales para transformar la potencialidad del yacimiento Vaca Muerta en realidad. Es un llamado al capital externo para invertir en la Argentina, asegurando rentabilidad. En el mensaje presidencial de apertura de las sesiones parlamentarias del 2014, la Presidenta destacó el crecimiento de 3,4% en la producción petrolera y 2,2% en gas con inversiones por más de 1000 millones de dólares.
Un detalle no menor del mensaje al Congreso devino en la justificación de la privatización, al reconocer “fue para poder pagarle a las provincias las regalías que no nos liquidaban", tras lo cual resaltó que con la expropiación parcial se ha "vuelto a federalizar el recurso, porque así lo exige la Constitución nacional, que establece en cabeza de las provincias la propiedad de los recursos". Vale mencionar, que una de las limitaciones más seria para una nacionalización completa de YPF es precisamente la provincialización de los recursos naturales que dispuso la reforma constitucional de 1994, mecanismo que aseguró que las provincias avalaran el objetivo político del Pacto entre Menem y Alfonsín.
Energía para qué y para quién
Lo que no se discute es el para qué de esa producción energética, la dependencia tecnológica, económica y financiera. Un poco más se discuten los costos ambientales y sociales de la aplicación de la fractura hidráulica o fracking para la extracción.
El argumento que preside la política energética remite a la necesidad del autoabastecimiento, que por ahora supone anualmente una importación de combustibles del orden de los 12.000 millones de dólares. Todo para que funcione el modelo sojero y agrario de subordinación a las transnacionales de la alimentación y la biotecnología; la mega minería a cielo abierto; la industria del automotor y el complejo industrial de armaduría.
Ese modelo productivo es el que debe discutirse, el que demanda esas magnitudes de consumo energético, lo que nos llevaría a pensar y polemizar sobre que modelo energético se requiere para nuestro país. En rigor, se sigue la lógica del capitalismo hegemónico, estadounidense, con una fuerte apuesta a la producción de hidrocarburos no convencionales, que más allá de resistencias en varias poblaciones y algunas disposiciones legales restrictivas a esa tecnología y modo de producción, le está permitiendo a EEUU disminuir sus necesidades de importación y retomar el camino del autoabastecimiento petrolero.
El modelo productivo en el capitalismo contemporáneo apuesta fuertemente a la explotación de la fuerza de trabajo y a la depredación acelerada de la Naturaleza. Por ello es importante interrogarse sobre el modelo energético. ¿Un modelo de extranjerización y dominación de tecnología en manos de transnacionales del petróleo o una concepción alternativa?
Esta semana se hizo una Asamblea popular sobre la crisis energética donde se sostuvo el Derecho a la Energía, una posición levantada históricamente por la Federación de los Trabajadores de la Energía, la FeTERA, agrupamiento enrolado en la CTA.
La política energética viene definida desde los 90´ con privatizaciones, una política que sirvió para extraer todo el petróleo y gas posible privilegiando la obtención de ganancias, especialmente Repsol-YPF, y reorientar esas utilidades para inversiones en otros territorios, caso de África.
El cambio de gestión de la petrolera con la expropiación parcial no modificó el sentido productivo de YPF, donde la concepción mercantil se impone a una estrategia productiva para asegurar el derecho a la energía. Por eso es que se afirma que la fractura hidráulica es la mejor opción tecnológica, aun cuando se reconocen sus impactos contaminantes. Después de todo, argumentan  los defensores del fracking, toda actividad industrial y más las extractivas, contaminan.
Al mismo tiempo crece la conciencia social y el debate sobre el fraking y sus efectos contaminantes, que se expresa en un movimiento social extendido que se manifiesta a varias declaraciones de Concejos Deliberantes de municipios que se pronuncian como territorios libres de fracking.
Lo que predomina por ahora es la negativa a la técnica extractiva, contaminante, y muy poco la discusión sobre el modelo energético y productivo en general, es decir, el para qué de la energía. Ello conlleva la discusión por un proyecto de soberanía energética, que pueda articular una propuesta definida regionalmente, en el camino de Petro-América que alguna vez propuso Hugo Chávez.

2 de marzo de 2014