Una devaluación para aumentar la rentabilidad

Toda devaluación favorece a los grandes productores y exportadores, al mismo tiempo que afecta a los perceptores de ingresos fijos.
Desde esa lógica se alude a las devaluaciones como favorables para la competitividad de la producción local, ya que mejora de los precios de los bienes y servicios exportables, ganando así en competitividad.
Eso ocurriría si existiera una producción diversificada y en competencia con producciones de otros países. Como eso no ocurre para los principales productos de exportación de la Argentina, la realidad es que la devaluación se manifiesta como un mecanismo de capturar ganancias del complejo exportador, principalmente del agro-negocio.
Las exportaciones agropecuarias de la Argentina no se manejan competitivamente con las de otros países, sean por la abundante demanda externa, como por las condiciones internas de producción. El precio internacional no se define en el país, sino que resulta de las imposiciones del mercado mundial. Por eso es que se habla de commodities (maíz, trigo o soja).
Queremos enfatizar que la devaluación no se produjo para generar competitividad productiva, reactivar la producción y mejorar las condiciones macroeconómicas del país. La devaluación se materializó para incrementar la facturación del sector hegemónico del agro-negocio, o sea, las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, los principales beneficiados por la política económica del gobierno Macri. Así, estos sectores, lograron una inmediata recomposición de la tasa de ganancia.
Por eso, la respuesta inmediata del sector agroexportador, principalmente sojero, fue la aceleración de la liquidación de cosechas almacenadas en silo-bolsas (el compromiso con el gobierno es por 400 millones de dólares diarios).
La facturación empresaria creció por la devaluación y la baja de las retenciones.
El impacto se expresa en una recomposición de reservas internacionales, que habían llegado a un piso de poco más de 24.000 millones de dólares y ahora empiezan a recuperarse.
La intencionalidad del gobierno Macri es recomponer reservas monetarias  internacionales y para eso necesita que se continúe con la liquidación de los exportadores e ingresen nuevas y más divisas por préstamos externos e inversiones extranjeras.
Claro que los préstamos llegaran si se supera la traba de la demanda de pago por la sentencia judicial en EEUU sostenida desde los hold-outs o fondos buitres; lo que supone un mayor endeudamiento externo y suba de los compromisos futuros de pago, por lo menos, de intereses.
Palos y zanahorias
Y las inversiones se concretarán si se logra frenar las expectativas de actualizaciones salariales en paritarias. Un objetivo central del gobierno Macri es frenar o controlar el conflicto laboral y social.
Esta es la razón de la acción represiva ejercida en víspera navideña contra los trabajadores de Cresta Roja y la voluntad de instalar un protocolo de acción contra el conflicto social.
Con el caso Cresta Roja se marca el camino de la represión y el diálogo, de la coerción y búsqueda de consenso, con balas de goma y camiones hidrantes para desalojar la ruta y luego bolsones de mercadería y colaboración en dinero, incluso incrementando esos aportes monetarios  para descomprimir la demanda de los trabajadores en lucha. Sobre la cuestión de fondo, esperan que se resuelva entre privados, que en la lógica oficial es dejar que el mercado decida y el Estado solo ser facilitador de negociaciones entre empresarios, los que buscan, principalmente, obtener ganancias.
La devaluación es el primer acto en la recomposición de la ganancia empresaria. El segundo acto es la lucha por ingresos populares compensatorios, y por eso las movilizaciones por bonos resarcitorios de fin de año.
Son bonos ya logrados en ciertos ámbitos del sector estatal y privado, con una diversidad de montos que fomenta una mayor dispersión de ingresos y dificulta acciones coordinadas para el logro exitoso de la demanda.
Valga como ejemplo el anuncio de una compensación mínima de 400 pesos para beneficiarios de planes sociales y jubilaciones mínimas, orientados a más de 7 millones de perceptores, para desarticular la que parecía una gran movilización en demanda del bono compensatorio. El arco social y político de la convocatoria del 22/12 pasado expresa una diversidad con potencialidad para constituir un arco de acción política para la etapa iniciada el 10/12 con nueva gestión de gobierno nacional.
El costo fiscal del bono es mínimo con relación al producido por la eliminación y reducción de las retenciones al agro y a la industria, evidenciando beneficiados y perjudicados de la política económica del gobierno Macri.
Por eso no debe sorprender que la política oficial se sustente con palos y zanahorias. Son mensajes para disciplinar el conflicto social y generar consenso político más allá del transitorio consenso electoral logrado para ser gobierno.
La combinación de represión y acción política compensatoria son mecanismos de manufacturación de consensos en un marco de ajuste que afecta a la mayoría de la población.
Esa construcción de consenso asocia una brutal transferencia de ingresos hacia el sector más concentrado de la economía y presencia oficial ante dramas sociales, caso de las inundaciones en el litoral por desborde del Río Uruguay, especialmente en Concordia.
Desafíos para la iniciativa popular
Más allá del accionar deliberado por convertir consenso electoral en político, el ajuste de precios y la inflación, aunque ahora el INDEC no mide, impacta sobre la mayoría de la sociedad empobrecida, base de conflictos sociales y laborales.
Los estatales convocan a paro nacional para el 29/12 y luchan por efectivizar un voluminoso empleo informal del Estado y contrarrestar iniciativas en curso para disminuir la planta de trabajadores. El gobierno anuncia la revisión de miles de contratos de los últimos tres años, y con el argumento de eliminar “ñoquis” o contratos de la política, se busca achicar el empleo público para reducir gasto y equilibrar las cuentas fiscales.
Por su parte, los privados denuncian acciones de las patronales, caso de la GM (planta cercana a Rosario) que extiende su parada técnica por tres semanas aduciendo dificultades de provisión de insumos desde Brasil; todo en espera de aumentos de precios de venta de los automotores al comienzo del 2016 y que abulte su cuenta de ganancias.
Los primeros días del gobierno Macri ponen de manifiesto el pragmatismo oficialista con medidas para recomponer rentabilidad de las grandes empresas (retenciones y devaluación), con fuerte impacto inflacionario que se difumina regresivamente entre la mayoría empobrecida de la población.
Desde el gobierno se especula con el tiempo de gracia que supone ser una gestión recién llegada y la incógnita persiste en la capacidad de aguante de los perjudicados de la iniciativa oficialista. La novedad política debe esperarse desde la iniciativa popular para frenar la ofensiva por el ajuste y restaurar condiciones de posibilidad para construir alternativa política.

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2015

Más deuda pública en el horizonte cercano

Las primeras señales del gobierno Macri apuntan a consolidar el consenso electoral y transformarlo en acuerdo político a un gobierno de minoría parlamentaria y escaso peso de fuerza propia en el conjunto de las Provincias argentinas.
Por eso, la actividad inicial se concentró en completar los casilleros de una administración con eje en la burocracia de gobierno en la Nación, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo negocia con ex candidatos, gobernadores y legisladores de la oposición condiciones para hacer viable el gobierno.
El diálogo político aparece más como una necesidad de minoría que funciona con decretos y señales, demorando medidas que se anticipaban para el primer día de gobierno.
La agenda es mayormente política, y en materia económica se enuncian los temas sin definiciones concretas aún, con un ritmo gradual, diferente del shock imaginado en la campaña, mostrando los límites de la realidad de las cuentas públicas para imponer los cambios imaginados y demandados por el poder económico.
Tipo de cambio
Destaca entre esas medidas postergadas la devaluación y unificación del tipo de cambio para eliminar las restricciones a la compra venta de divisas.
Se trata de anuncios que se imaginaron para el primer momento y que se postergan hasta que se den las condiciones, como refirió Alfonso Prat Gay, el Ministro de Economía.
¿Cuáles son esas condiciones? El ingreso de divisas a la contabilidad del Banco Central.
La aspiración es colectar en corto plazo entre 10.000 y 20.000 millones de dólares para entonces instrumentar la tan mentada devaluación y unificación del tipo de cambio.
Mientras tanto subsisten las restricciones, el cepo cambiario, incluso se agudiza con mayores límites para la compra de dólares para ahorro, algo que significó una fuerte pérdida de divisas en los últimos años. Ni hablar de las divisas que requiere la industria para ingresar insumos necesarios para la producción fabril.
En definitiva, más que levantar el cepo, todo indica que hasta que ingresen fondos del exterior, las restricciones se agravarán.
Se había anunciado la eliminación de las retenciones a diversos cultivos y las disminuciones progresivas respecto de la soja. Sin embargo, para hacerse realidad tiene que ocurrir en simultáneo la unificación del tipo de cambio, o sea, la devaluación.
Nadie venderá lo acumulado en silo-bolsas hasta saber cuál será el precio del dólar.
La encerrona es que no se vende la cosecha hasta tanto no ingresen divisas y se ejecute la mentada devaluación.
Más deuda pública
Por todo ello, el objetivo central es conseguir que ingresen divisas, siendo el problema discernir quien proveerá esos fondos, ya que la demora en las correcciones de las retenciones pospone la liquidación de stock del agro y dificulta el ingreso de moneda externa por la vía comercial.
La única respuesta posible es el endeudamiento público, la vía financiera, y ya se iniciaron las conversaciones en el sistema bancario para ese fin.
Sin embargo, las negociaciones para préstamos se frenan ante la presión del BCRA por desconocer los contratos a futuro, hacia marzo y abril próximos.
El tema es que la autoridad monetaria, en la gestión anterior, se comprometió mediante estas operaciones especulativas a compensar la diferencia de cotización del dólar al vencimiento.
Los contratos suscriptos por bancos y operadores del mercado de capitales, fueron inspirados en la pauta presupuestaria para el 2016 y aprobada por el Parlamento, que suponían un dólar a 10,70 para el primer cuatrimestre del próximo año. Como todo apunta a convalidar una devaluación del 40 al 50%, la perdida para el BCRA será cuantiosa, por lo que el BCRA negocia la modificación de esas pautas.
Existe una encrucijada para las autoridades económicas. ¿Ceder ante los bancos y pagar el costo según sea el volumen de la devaluación y así facilitar la recepción de fondos de deuda para asegurar el funcionamiento de la economía según la lógica gubernamental; o exigir la renegociación de contratos a futuro para evitar mayores pérdidas al BCRA y deteriorar la capacidad de obtener fondos del sistema financiero?
Hay que pensar que cualquier restricción financiera de bancos locales se extiende a los bancos externos, derivado de la fuerte extranjerización del sistema bancario en el país.
La capacidad de lograr el aporte vía organismos internacionales requiere de previos compromisos políticos con el FMI y otros ámbitos del sistema financiero mundial. Eso lleva tiempo y demoras en el ingreso de fondos, y de la devaluación.
Como si esto fuera poco, la crisis fiscal de las provincias exige préstamos urgentes de la Nación a las Provincias. Dos gobernadoras lo hicieron explícito en los momentos iniciales de su gestión. Tanto en Buenos Aires, María Eugenia Vidal, como en Santa Cruz, Alicia Kirchner, se aludió a la quiebra de las finanzas provinciales y a la necesidad del sostén financiero del Estado Nacional.
En lo inmediato hay que prever la continuidad de la emisión monetaria para sostener la situación fiscal en esas y otras provincias, un tema que está en la reunión del Presidente con los Gobernadores, máxime si se piensa en materializar la demorada reforma de la coparticipación federal en materia impositiva.
Precios y salarios
La mayor deuda pública y la emisión monetaria son las respuestas en lo inmediato, convalidando el proceso inflacionario exacerbado al final de este año, con un índice anual que puede superar el 25% y que se agravará al momento de dilucidar la nueva paridad cambiaria.
Queda claro que el tema afecta la capacidad adquisitiva de la población que vive de ingresos fijos, la mayoría, por lo que los primeros estudios de las organizaciones sindicales de cara a las paritarias señalan demandas iniciales por encima del 40%. Se contempla la inflación del 2015 y el impacto de una devaluación del orden del 40 al 50% para el 2016, con un anticipo ya realizado en la suba de precios.
La puja en la distribución del ingreso se procesa entre la capacidad empresaria por establecer precios de monopolio, el conflicto por actualizaciones y aumentos de salarios, y el sentido de la política económica del Estado, que a juzgar por la campaña electoral, los objetivos anunciados pro mercado e iniciativa privada, junto a las características y tradición política y empresarial de los miembros del gabinete, no hay dudas que privilegiarán la recomposición de la tasa de ganancia y por ende al sector empresario.
El cónclave del Ministro de Educación con los gremios docentes constituye la primera escena de una negociación salarial y laboral con objetivos no convergentes. Por eso, igual que a nivel general, el objetivo del gobierno apunta al consenso y al desarme del conflicto y la capacidad de disputa del movimiento obrero. En ese sentido camina el propósito de un pacto social para contener la protesta sindical y social.
La presencia del titular de la OIT en el país, en la segunda semana del gobierno Macri apuntalará las expectativas patronales y gubernamentales por contener la demanda de las/os trabajadoras/es, especialmente en materia del Derecho a Huelga.
Del mismo modo que el gobierno privilegia la política para hacer caminar su proyecto económico, el movimiento popular necesita rearmar y ampliar su estrategia política y de alianzas para defender posiciones y reivindicaciones democráticas e ir por la construcción de condiciones subjetivas para la ofensiva popular.
Es un desafío político y teórico, por lo que entre variadas convocatorias, la CTA Autónoma, convoca desde el Instituto de Estudios y Formación para el próximo miércoles 16/12 a un debate sobre pensamiento crítico para constituir una agenda federal a desplegar hacia el próximo año, ya que son tiempos de reflexión, organización y lucha para afirmar derechos y estrategia de poder del pueblo.
Algunos esperan que se acomode la situación, externa e interna de las organizaciones ante el nuevo escenario de la lucha de clases. Otros creemos que no hay dos tiempos, y la estrategia de acumulación de poder exige inmediatas acciones de pensamiento y articulación social para la disputa de poder.
La ausencia de alternativa política y la fragmentación de la estrategia popular demanda generosidad y búsqueda compartida por encima de propuestas sectarias, auto-centradas y excluyentes de la diversidad en que hoy se manifiesta el movimiento social.

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2015

Devaluación y pacto social

El ajuste económico está en marcha, y a caballo del cambio de gobierno los precios suben y afectan a la mayoría de menores ingresos. Hay responsabilidad de los que se van y de los que vienen.
La mitad de los trabajadores perciben menos de 6.500 pesos mensuales y junto a la mayoría de jubilados y pensionados, como los perceptores de beneficios sociales son los principales perjudicados por el cambio de precios relativos. Son millones de personas, cerca de la mitad de la población.
No todo ocurre en estos días o en esta semana. A fines de noviembre, luego del balotaje subieron los combustibles, una medida largamente acordada entre los expendedores y el ministerio de economía, en un cronograma que se inició a comienzos del 2015.
Más allá de lo programado, el impacto se siente en este último aumento, que vino acompañando de los anuncios del nuevo gobierno de la unificación del tipo de cambio, lo que en definitiva es una devaluación. La incógnita es el volumen de la misma. El aumento de combustible es motorizador de otros incrementos.
Esos aumentos inflacionarios son el marco político coyuntural para que se disparen un conjunto de precios de la canasta de consumo cotidiano, entre otros los alimentos y medicamentos.
La gran incógnita apunta a cuanto sumará finalmente la inflación del 2015, con aceleración en noviembre y diciembre, y como dijimos, a cuanto se disparará el precio de las divisas.
A la par de la suba de precios, los ingresos populares se mantienen congelados y dan cuenta del desigual impacto en la vida cotidiana que genera la situación económica en el presente y el futuro cercano. Sin duda, será un antecedente a considerar cuando se inicien las discusiones paritarias para las actualizaciones de los salarios.
Por eso se solicita en estos días un bono de fin de año en compensación y se demanda la no inclusión del medio aguinaldo para las retenciones de ganancias.
Inversiones y ganancias
Lo que está ocurriendo es una recomposición de las utilidades de los sectores empresarios en condiciones de establecer precios, a costa de la capacidad de compra de la mayoría de la población.
Es el piso sobre el que se piensa partir para un futuro acuerdo de precios y salarios, o pacto social gestado desde el Estado entre empresarios y trabajadores. Ese pacto social es lo que les adelantó en estos días el futuro ministro de trabajo de Macri a los dirigentes de las centrales sindicales, a cambio de algunas resoluciones que demandan las conducciones sindicales, especialmente relativas a la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y respecto de acreencias de recursos para las organizaciones sindicales por obras sociales.
Es un dato de la realidad que las remarcaciones señalan un punto de partida diferenciado en el proceso de negociaciones futuras. Las patronales ya tienen su colchón, que podrán incrementar incluso luego de conocidas las primeras medidas del nuevo gobierno, principalmente el nivel de la devaluación monetaria.
La lógica empresaria reconoce la necesidad de recuperar condiciones de rentabilidad y eso requiere nuevas rondas de redistribución regresiva del ingreso personal. Se trata de lograr un menor peso de los salarios en la distribución de la renta nacional.
Si la lógica de política económica de estos años se presentaba como de estímulo al consumo, no solo consumo popular, sino también de lujo, tal como el turismo externo o la compra de automotores, incluso importados; en la próxima etapa se coincide desde el gobierno y el poder económico que el eje es la inversión.
La ecuación macroeconómica se concentra en: a) el consumo; b) la inversión; y c) el saldo del comercio exterior. El diagnóstico coincidente del poder económico en la Argentina y el gobierno entrante está en la necesidad de expandir las inversiones, algo que también promovía el gobierno saliente.
No hay mejor estímulo para el inversor que el aseguro de alta rentabilidad, y en la esencia de la rentabilidad y su volumen está la magnitud explotación de la fuerza de trabajo.
Visita de la OIT                          
Por eso se buscan condiciones para limitar la demanda salarial y laboral luego de años de convenciones colectivas. Más aún, se busca contener el conflicto y por eso visitará la Argentina Guy Ryder, titular de la OIT, invitado por la Unión Industrial Argentina, UIA.
Es que el objetivo de la UIA, a días de inaugurado el nuevo ciclo presidencial apunta a instalar la agenda de discusión de la OIT, que en estos años sustenta la demanda empresaria por restringir, y si se puede, eliminar el derecho de huelga.
Claro que estamos en Argentina, con fuerte tradición de huelga y organización de los trabajadores, algo que no siempre consideran análisis políticos o académicos.
La conflictividad es un dato de la realidad argentina y por eso, para que el plan funcione, desde el gobierno se busca sostenimiento financiero mientras se acomoda en la gestión de gobierno. Es un asunto delicado porque supone una fuerte apuesta al endeudamiento externo de la Argentina.
El gobierno Macri no duda en lograr nuevos fondos de deuda externa que le permitan atender el gasto fiscal a fin de este año. Lo considera necesario para asentarse, disputar consenso y relanzar el objetivo de máxima por una restauración conservadora que rechaza el pueblo argentino.
La gran incógnita es si el gobierno Macri estabiliza e incrementa el consenso electoral en consenso social para sus objetivos de fondo, o si se estimula una propuesta e iniciativa política popular que discuta el ajuste en curso e imagine la disputa por un orden social, económico y político alternativo, de contenido anticapitalista.
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015