Argentina preside el G20 y rechaza presencias en reunión OMC

Mientras el Senado de la Nación aprueba la iniciativa legislativa para sacar 100.000 millones de pesos de los jubilados y jubiladas para transferirlas a los Estados provinciales y nacionales, el Presidente Mauricio Macri toma la posta del gobierno alemán en la coordinación de la agenda del Grupo de los 20 para el 2018. Al mismo tiempo retira la acreditación de por lo menos 70 delegados de organizaciones nacionales e internacionales que iban a participar de la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Para la media sanción legislativa se contó con el acuerdo de una parte importante de la oposición política, con senadores en acuerdo con sus gobernadores, sumando complicidad a la política de ajuste. El déficit fiscal provincial y nacional se suple parcialmente con recursos de jubiladas y jubilados. La penuria de los ingresos de estos está asociada a la política de un acuerdo de mayoría parlamentaria en la Argentina, que no duda en resolver problemas presupuestarios a costa de empobrecer a buena parte de la sociedad. Cerca del 70% de los perceptores de ingresos previsionales (jubilatorios) están por debajo de la canasta mínima necesaria y con esta orientación se agrava esa perspectiva.
En rigor, es solo una faceta de una política reaccionaria que incluye incrementos de tarifas de servicios públicos, especialmente de luz y gas que escala la inflación en el último mes del año y sedimenta la continuidad del elevado costo de vida para una parte importante de la sociedad argentina de escasos y medianos recursos. Pero no solo es inflación, carestía de la vida y penuria social, sino la confirmación de una orientación elitista y discriminatoria que se manifiesta claramente en el quehacer político internacional.
G20 y OMC
Esta semana asumió Argentina la coordinación de la agenda del G20 para el 2018, y se iniciaron las reuniones técnicas en Bariloche, con un despliegue inmenso de seguridad. Hay temores a las protestas sociales en el país, protagonizada por organizaciones locales y redes sociales y políticas del mundo ante la previsible orientación liberalizadora que surgirá de los diferentes cónclaves del G20 y/o de la OMC.
Este nuevo papel asumido en el G20 ocurre en días previos al desembarco de las delegaciones internacionales a la 11° Conferencia Ministerial de la OMC, que entre otras cuestiones aloja un debate de la “sociedad civil” sobre las discusiones relativas al libre comercio. Es una práctica de años que impulsa la organización internacional desde su creación en 1995, claro que como búsqueda de legitimación. Muchas organizaciones y personalidades rechazan el ámbito de la OMC como espacio para el debate y por eso levantan la consigna FUERA OMC. Otras organizaciones sociales críticas a la OMC consideran que el debate puede hacerse tanto afuera de la cumbre oficial como adentro y por ende se acreditan para esa discusión.
La novedad es que por primera vez en su historia, la OMC tuvo que informar a varios acreditados, locales y extranjeros, que el gobierno argentino los “des-acreditaba”, sin dar explicaciones, las que deben rastrearse en medidas preventivas contra opiniones críticas a la liberalización. El discurso republicano se desvanece y evidencia la veta autoritaria de un gobierno comprometido con los intereses de la liberación para la ganancia, la acumulación y la dominación sin límites ni opiniones divergentes.
Protestas y alternativas
Más allá del accionar gubernamental expresado en la reserva de admisión y la aceptación de la OMC, aún con las disculpas en sus misivas a los des-acreditados, la semana de acción global Fuera la OMC se iniciará en concordancia con la Marcha de la resistencia de las Madres de la Plaza de Mayo.
A continuación se desplegarán un conjunto de iniciativas de debate político, social y cultural relativo al libre cambio y los propósitos de los organismos internacionales y los gobiernos a favor de la liberalización económica, máxima aspiración del capital más concentrado en el ámbito mundial.
La confluencia Fuera la OMC se constituye como movimiento social para instalar la crítica en la sociedad sobre el tipo de inserción internacional que promueve el gobierno de Macri, en sintonía con las aspiraciones de las clases dominantes, las que se reconocen en el programa de la dictadura genocida y la regresiva reestructuración de la economía, el Estado y la sociedad en los 90´, aquella que desembocó en la pueblada del 2001.
No estamos a las puertas de una pueblada de la magnitud y consecuencias de aquella, pero la escalada del conflicto social expresa descontentos que requieren ser articulados políticamente en una perspectiva superadora de experiencias conocidas, que puedan discutir el orden capitalista y construir nuevas posibilidades de un rumbo emancipador.

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2017.

Crece la presión por derecha

El consenso electoral logrado en las elecciones de medio turno el pasado 22/10 animó al gobierno de Mauricio Macri para la aceleración de algunos cambios estructurales que suponen un fuerte ajuste, tal como se visibilizó con las propuestas de reformas laborales, previsionales, tributarias y fiscales, ratificadas por la inmensa mayoría de los gobernadores e incluso la cúpula del sindicalismo tradicional.
Sin embargo, sectores ideológicamente ortodoxos, que se posicionan a la derecha del propio gobierno, demandan mayor premura en esos y otros cambios, al tiempo que reclaman por el tiempo perdido desde diciembre del 2015. Desde el oficialismo les responden que se trata de adecuar las reaccionarias modificaciones a lo que la política permite. La respuesta de Miguel Ángel Pichetto, Presidente del Bloque de Senadores del peronismo, frenando la iniciativa legislativa de modificaciones en el régimen laboral, parece darle la razón al gobierno. El Senador peronista se ampara en el debate hacia el interior de la CGT y el movimiento sindical y popular, caso de las CTA y más allá, dando cuenta que no alcanza con los avales de la cúpula sindical y política de los gobiernos de provincia.
La realidad, como sostuvimos en varias ocasiones, es que existe la iniciativa política del gobierno y del poder, demandando mayor radicalización en las transformaciones a favor de la ganancia y la acumulación, pero también existe iniciativa popular que interviene en la gestación de poder popular. Esta iniciativa incide también en la “relativa” moderación gubernamental, el “gradualismo” según los políticos afines a Macri; pero además, en la sensibilidad de la oposición política sistémica, la que aspira a discutir un lugar de visibilidad como alternancia futura en el gobierno del capitalismo local. Variadas reuniones, asambleas, encuentros de organizaciones sindicales, territoriales, sociales y políticas que pretenden frenar la ofensiva gubernamental pueblan el horizonte de las protestas en curso.
Es cierto que algunos quisieran ya la convocatoria a un Paro Nacional, lo que requiere de una articulación social y política por ahora ausente. La urgencia de la demanda se asocia al intento de frenar los cambios en proceso de discusión legislativa en un cuadro de mantenimiento del alza de precios y tarifas que afectan los ingresos de la mayoría de la población. De hecho, ya existen convocatorias a movilizaciones multisectoriales contra las iniciativas legislativas, las que impactan negativamente en la vida cotidiana de la mayoría de la población, sean trabajadores activos o pasivos, ocupados, regulares o irregularizados, tanto como a los beneficiarios de planes sociales. Estas medidas son reclamadas por el poder económico mundial, a activarse en la próxima cumbre de la OMC en diciembre y en la agenda del G20 presidido por el gobierno Macri en el 2018.
El avance de esta agenda legislativa de reformas estructurales constituye una situación que agravará la coyuntura de alza de precios, la inflación, que afecta a la mayoría social de menores ingresos y que se potencia con la agenda liberalizadora de la OMC y el G20.
Política económica y monetaria
Adicionemos, que la situación inflacionaria está crudamente asociada a la política económica y monetaria del Gobierno. No es casual que la proyección inflacionaria para el 2017 se imagine entre el 23 o 24%, muy lejos de la pauta gubernamental prevista. Las autoridades económicas estimulan el alza de precios con sus actualizaciones tarifarias y desde el BCRA se aplican políticas ortodoxas de contracción del circulante para combatir la inflación, con elevación de la tasa de interés.
En materia económica existe la voluntad expresada desde el inicio del Gobierno Macri para actualizar las tarifas de servicios públicos, solo frenadas por la protesta popular durante el 2016. Por eso, el interés del gobierno se concentra en un proceso recurrente de actualización tarifaria hasta la eliminación total de los subsidios públicos. La convergencia de los precios de los servicios públicos con el costo más la ganancia empresaria es lo único que satisfará la lógica de mercado del Poder Ejecutivo. Lo mismo ocurre con el objetivo de hacer converger los precios internacionales del petróleo con los combustibles, en una coyuntura de recuperación del precio internacional del petróleo, que augura recurrentes aumentos de combustibles.
A contracorriente, solo se puede acudir a que se sostenga la protesta desplegada en los últimos intentos por actualizar las tarifas y aunque no alcance, intentar discutir la lógica mercantil impuesta para la prestación de servicios públicos. Necesitamos dar una batalla para concebirlos como derechos y no como mercancías.
Desde lo monetario, resulta evidente la política del BCRA de establecer metas de inflación contenidas, al 17% para 2017 y del 10% para el 2018, objetivo a sostener con elevadas tasas de interés, aún a costa de obturar cualquier proceso de recuperación de la actividad económica, más aún con un horizonte sin elecciones en el mediano plazo. Las tasas del 28,75% que pagan las LEBAC, que se negocian al 30% en el mercado secundario suponen un freno a la cotización del dólar y anima demandas de exportadores por devaluaciones próximas, las que afectarán los ingresos fijos de los sectores populares. Esas tasas de interés suponen un encarecimiento del crédito y el estímulo a inversiones especulativas que compiten contra cualquier estrategia de aliento al desarrollo productivo.
Tarifas y tasas de interés en alza inducen un proceso de actualización de precios de los sectores hegemónicos y de especulación financiera que actúan como mecanismos de redistribución regresiva del ingreso. El Gobierno busca achicar el déficit fiscal con incrementos de tarifas e inducir una restricción a la circulación monetaria con tasas elevadas para disciplinar la escalada de precios. Todo apunta a consolidar la ecuación de una mayoría perjudicada por las actualizaciones tarifarias del transporte, los combustibles, la luz, el agua, el gas y además, un aliento a la especulación.
Al mismo tiempo se intenta establecer un techo en la discusión por la actualización salarial del 2018, contenida en la meta de inflación del 10% y así, el precio de la fuerza de trabajo intenta contenerse, lo que requiere del disciplinamiento social y sindical. La represión es un requisito asociado al control de la protesta sindical y social.
El tema es que iniciativa pesará más
La discusión es si pesa más la iniciativa por derecha, sea la del gobierno y los sectores hegemónicos e incluso de aquellos extremistas que exigen mayor celeridad en los cambios reaccionarios, o la que proviene, fragmentada por ahora, desde la izquierda diversa, partidaria o social, convergente con las demandas de los de abajo.
Convengamos también que muchos de los perjudicados económicamente son parte del consenso electoral logrado por el Gobierno de Macri y por ende, no alcanza con el análisis socioeconómico. Por ello es que se necesita también de la batalla en el plano cultural, el de las ideas. El consenso gubernamental se disputó ganando el sentido común con argumentos que requieren ser confrontados por otras explicaciones que generen nuevos sentidos para construir otro modelo productivo y de desarrollo favorable a la mayoría social. Estos argumentos y explicaciones suponen la discusión de proyectos adecuados para nuevas expresiones políticas del poder popular.

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2017

Gobernadores oficialistas y opositores acuerdan rumbo con Macri

Hasta ahora, solo San Luis queda afuera del acuerdo suscripto entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores de Provincia.
No solo se trata de un pacto que remite al reparto de los recursos fiscales entre la Nación y las Provincias, sino a un pacto político que allana el rumbo trazado por Mauricio Macri desde que asumió la gestión presidencial en diciembre del 2015; ratificado con la ampliación del consenso obtenido en las elecciones de medio término en octubre pasado.
El acuerdo supone declinar la continuidad de los juicios de las Provincias contra la Nación, algunos con sentencias en firme, pero con dificultades concretas para asegurar las cancelaciones. Por esto es que los gobernadores desde una lógica pragmática aceptaron cancelaciones en bonos cobrables en el mediano plazo antes que un futuro de demandas de percepción de sentencias judiciales de dudosa cobrabilidad.
Con el resultado electoral del 22/10/2017, la iniciativa política del Gobierno Nacional aseguró los consensos de oficialistas y opositores al frente de los gobiernos provinciales, con la excepción por ahora de San Luis.
Todos apuntan a la Gobernadora bonaerense como la gran ganadora, por asegurarse imprescindibles fondos para la gestión en los próximos dos años antes de la renovación del gobierno provincial en disputa en 2019.
El PRO en Cambiemos necesita mantener consenso electoral para sostener la gobernación bonaerense, los distritos que actualmente gobierna, consolidando su posición y en lo posible ir por más distritos bajo su conducción en el nuevo ciclo a disputar desde 2019.
Más allá de las posiciones del partido del Gobierno, el PRO, lo que importa es el consenso amplísimo de oficialistas y opositores, especialmente del peronismo diverso, en un rumbo que es claramente amigable con los objetivos y necesidades de los grandes empresarios locales y externos, quienes demandan acelerar las reformas reaccionarias que ahora no solo avala Macri, sino también los y las gobernadores/as.
Ahora el consenso se define en el Parlamento
El pacto fiscal actúa como un paraguas político para los legisladores que responden a los distintos poderes ejecutivos provinciales, y sustenten las propuestas legislativas en materia laboral, previsional y tributaria.
La estrategia del gobierno Macri apuntó a cambios sustanciales reaccionarios para luego negociar, especialmente con la cúpula de la CGT y los/as gobernadores/as. Primero se distribuyó para el debate una propuesta de máxima, que concitó rechazo, para terminar elevando un borrador que mantiene la esencia de los cambios demandados por los inversores.
El objetivo de las propuestas, aun cuando no pasaron algunos intentos descabellados en materia de pérdidas de derechos sociales, sindicales y laborales, constituyen un paquete pro empresas, pro ganancias y apuntan a una lógica de favorecer la demanda de ganancias y por la acumulación de los potenciales inversores, locales o externos.
Disminución de indemnizaciones y baja de posibilidad de ejercer el derecho a litigio por despido figuran entre las principales consecuencias de la propuesta de flexibilización laboral sostenida del poder ejecutivo nacional, acompañada por una gestión administrativa del Ministerio de Trabajo contra las organizaciones sindicales.
La baja de aportes patronales y la impunidad hacia los evasores previsionales a cambio de regularización del empleo da cuenta de la general orientación para la reducción del costo empresario en la explotación económica. Claro que es consustancial con el orden capitalista, pero enfatiza el carácter clasista de la hegemonía legislativa buscada a favor de los intereses de los inversores.
Más claro queda el tema con el ahorro previsional buscado con las modificaciones a la actualización de las jubilaciones y prestaciones de la seguridad social. Las cifras son escandalosas y podrían alcanzar los 100.000 millones de pesos para el 2018. Si existe ahorro es en contra de los ingresos de los perceptores de la seguridad social, especialmente la población jubilada.
Esos “ahorros” en la seguridad social y algunos cambios  impositivos constituyen la fuente de recursos para atender el acuerdo fiscal con los gobernadores. Los jefes políticos de las provincias, no San Luis por ahora, y el gobierno nacional son responsables directos de la estafa a las jubilaciones presentes y futuras.
La zanahoria ofrecida es que junto a la actualización trimestral por inflación habrá un porcentaje adicionado, quizás el 5% del crecimiento económico del PBI, Se trata de cifras menores a la formula actual y por eso se habla de ahorro. Lo cierto es que la pretensión oficial apunta a lograr consenso legislativo, imposible desde la minoría congresal de la coalición de gobierno, por lo que se buscó apoyo de gobernadores opositores y ahora en el Congreso. Si fuera posible, antes de fin de año.
El mapa de la confrontación al consenso
No solo existe la iniciativa del poder, mediada por el gobierno y los opositores funcionales a la lógica de la ganancia.
También actúa y desde el conflicto social una línea de confrontación con los propósitos de máxima de los capitales más concentrados que actúan en la economía local o que pretenden ingresar con sustanciales y reaccionarios cambios.
En el conflicto social que manifiestan cotidianamente organizaciones sindicales y territoriales se visibilizan diferentes estrategias sociales y políticas, que no terminan de constituirse en hegemónicas de la diversidad que expresa la fragmentación de la sociedad de abajo.
Así, entre otros proyectos políticos emergen algunos que se referencian en el kirchnerismo, aun con diferencias entre ellos, incluso respecto del peronismo (con identidad matizada respecto al kirchnerismo); pero también en la izquierda partidaria, también protagonista de la fragmentación, aún con frente electoral de unidad.
Sin embargo, también existe una amplia franja que no se reconoce en estas identidades de peso electoral y que se manifiesta en una gran diversidad de organizaciones sociales y políticas que buscan su articulación y conformación en un proyecto alternativo que supere la gestión del orden capitalista.
En rigor, diversos espacios kirchneristas-peronistas y referidos a la izquierda partidaria, junto a este otro sector que mencionamos, transitan diversas propuestas de unidad de acción que no necesariamente fructifican en unidades políticas más efectivas a los efectos de definir una estrategia integral en la disputa del poder.
Una de las diferencias entre los proyectos remite al alcance de los propósitos de la unidad.
Para algunos alcanza con establecer límites al macrismo y sus políticas de ajuste y reestructuración, aunque eso suponga mantener una lógica de gestión capitalista aminorando la ofensiva del capital contra el trabajo o contra la Naturaleza. Para otros supone confrontar al orden capitalista y requiere una amplia fundamentación para ganar voluntades sociales contra el consenso político y mediático vigente.
Existen propuestas a caballo de ambas orientaciones, que atraviesan el debate entre las organizaciones sociales, las centrales sindicales y variadas agrupaciones políticas, culturales y sociales.
Hasta se sugiere la intervención papal en estas disputas, en una lógica de discusión de alternativas que supera los límites nacionales. Es que desde la ruptura de la bipolaridad hacia 1991 se habilitó la discusión por la recreación de la alternativa al capitalismo.
Lo que aparece en primer lugar es la crítica al capitalismo, pero con ello, quienes creen que se puede mejorarlo y quienes sostenemos el carácter incorregible del orden capitalista.
Nuestro debate en la Argentina no es distinto del que recorre Nuestra América o el mundo, concentrado en formas de acumulación de poder para reformar el capitalismo o para transformarlo.
En esa disyuntiva se discute el qué hacer en reuniones de la CGT, o si se quiere, de algunos gremios que discuten la orientación del triunvirato, o de muchos que manteniendo la afiliación a la Central mayoritaria no se reconocen en el liderazgo de los negociadores con el Gobierno; pero también ambas CTA, que discuten la reunificación o la afirmación de identidades propias con matizados proyectos estratégicos.
Adicionemos que la CTA en origen se propuso como articuladora del movimiento de trabajadores y trabajadoras, no solo de sindicatos, sino también de movimientos sectoriales, territoriales, culturales y de personas, postura que ahora disputan organizaciones como la CTEP.
Más allá de la mención a centrales sindicales y de movimientos sociales, la conflictividad abarca al creciente movimiento de mujeres y diversas formas de reivindicaciones sociales, culturales, ambientales, de migrantes, en defensa de los pueblos originarios, por la tierra y la soberanía alimentaria, energética o financiera, dando forma una inmensa diversidad de inconformidad con la hegemonía capitalista y a veces, con el propio capitalismo. Es algo que se manifiesta en el movimiento Fuera la OMC.
Entre todas estas manifestaciones del conflicto social se redefine un nuevo mapa político de la confrontación social y política a los objetivos del consenso mayoritario de oficialistas y opositores en gobiernos locales y el nacional, como en el Parlamento.
Las cartas están echadas y el juego está en proceso. Debe reconocerse que quienes participan de la gesta no lo hacen por el solo placer de participar, sino que se apuesta a desplegar estrategias que puedan asegurar éxitos.
No es pequeño lo que está en juego, sea la consolidación del ajuste reaccionario favorable a los grandes inversores; la gestión de un orden capitalista contenido en su voracidad (imposible para quien escribe); o la perspectiva de discutir un horizonte de emancipación social. En definitiva, la construcción de una estrategia de poder alternativa a la iniciativa de la hegemonía reaccionaria en curso.

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2017

Los Estados nacionales y sus poderes relativos en la economía mundial

Una vez regresado de Nueva York el Presidente Mauricio Macri, EEUU informó oficialmente sobre las restricciones al ingreso del biodiesel argentino a su territorio. Algo similar hizo Europa en el 2013 y motivó demandas ante organismos internacionales que otorgaron la razón a la Argentina 4 años después.
Macri estaba en busca de inversores externos en EEUU y la realidad de la economía mundial le devuelve más problemas a la situación externa de la economía Argentina, ya que los aranceles superiores al 70%, establecido en Washington para el biodiesel argentino, frenan exportaciones por 1.200 millones de dólares y contribuyen al incremento del elevado déficit comercial del país, que se proyecta cercano a los 6.000 millones de dólares para el 2017. Un déficit que exige ingreso de divisas a cualquier costo.
El argumento estadounidense es que la Argentina subsidia a los exportadores de la agro-energía y perjudica al complejo agro energético en su territorio, por lo que sugieren aplicar retenciones a las exportaciones, sugiriendo guarismos en torno al 27%, algo que estaría a contramano de la “ideología” del equipo gobernante. Recordemos que una de las primeras medidas al asumir Macri en diciembre del 2015 se concentró en la eliminación y/o reducción de las retenciones a las exportaciones.
Ahora, el país llevará el tema a los organismos internacionales para obtener un laudo favorable en 3 o cuatro años. Las normas internacionales postergan decisiones que la lógica de la competencia capitalista dirime a favor de la Argentina y su modelo productivo agroindustrial, que no puede ser sostenido desde la debilidad relativa del Estado capitalista local ante otros con más poder, no solo económico, sino militar y cultural.
Es el precio del menor peso relativo de los Estados nacionales de la periferia capitalista.  Aun con tecnología de punta en la agroindustria y la subordinación a la transnacionalización de la producción, el peso del Estado capitalista en la Argentina es reiteradamente subordinado a la lógica del poder mundial, sea de EEUU o de Europa Unida, o cualquiera de los países o bloques que disputa la hegemonía del capitalismo mundial.
Queda claro el pragmatismo “proteccionista” estadounidense (ayer europeo), que no le impide la formulación discursiva de la lógica “aperturista”, tal como ratificó en estas horas el acuerdo entre China y EEUU para liberalizar el sistema financiero del gigante asiático. Suscripto ante la presencia de Donald Trump en Beiging, se habilita el ingreso de la banca estadounidense o mundial a la posibilidad de adquirir paquetes accionarios de la banca china. Gradualmente se podrá adquirir paquetes accionarios de la banca china por capitales externos.
Los gobernantes del capitalismo desarrollado pueden actuar en simultáneo con un discurso contradictorio, de apertura y/o de protección, derivado en su capacidad relativa para intervenir en uno u otro sentido. Es algo que en mucha menor medida pueden realizar Estados nacionales de menor peso relativo, para el caso la Argentina.
Cada Estado nacional defiende sus intereses locales y en la disputa por un lugar en el sistema mundial. EEUU protege la producción local estadounidense y establece reglas que restringen el ingreso de la producción externa, p.e. de la Argentina, al tiempo que empujan la liberalización en otros países para favorecer el ingreso de sus productos y capitales.
En rigor, es lo que intentan todos los Estados nacionales y en función de sus tamaños relativos y su poder real es que pueden tener éxito en sus propósitos o no.
Las empresas transnacionales acumulan capital y capacidad de dominación articulando con el poder negociador de los Estados nacionales  en donde originaron su potencial de acumulación económico. Se trata de una relación dialéctica entre acumulación de capitales privados y desarrollo del Estado capitalista en cada país.
Como trasfondo operan los acuerdos bilaterales y multilaterales en organismos internacionales y tratados regionales o globales. Trump dice privilegiar ahora los bilaterales desde una concepción “First America” mientras China sustenta la “globalización” y Argentina, anfitrión de la OMC en diciembre próximo promueve un librecambio ideologizado y alienta desde el Mercosur el asimétrico acuerdo con la Unión Europea.
Necesidad de financiar el déficit
Los problemas externos de la economía local demandan financiamiento y el ingreso de capital de préstamos es lo que está lubricando la economía en la Argentina. Es algo que escamotea problemas estructurales y al mismo tiempo contribuye a generar un clima social de evolución favorable de la economía local. Sin duda, es uno de los aspectos que interviene en el consenso electoral a la propuesta del oficialismo.
Argentina tiene el record de endeudamiento entre los países emergentes para los años 2016 y 2017 por encima de China, México u otros tomadores de deuda en el mercado mundial. El stock de deuda del Estado argentino supera los 300.000 millones de dólares, casi un 60% de un PBI estimado en 550.000 millones de dólares y reservas internacionales por 50.000 millones de dólares.
El problema del stock de la deuda deviene de los compromisos de intereses anuales que devenga, ya que el capital se renueva recurrentemente y acrecienta la exigencia de cancelación de intereses, limitando el gasto público social para atender derechos, caso de educación o salud. Como en otras ocasiones de la historia local, los intereses de la deuda superan el presupuesto de educación y salud en conjunto. Un dato no menor está expresado en la tendencia al alza de la tasa de interés mundial empujada por la Reserva Federal de EEUU.
Junto a la deuda asumida por el Estado nacional e incluso las provincias, preocupa la creciente deuda asumida por el BCRA con la colocación de sus letras, las LEBAC. Estas se explican como instrumento anti inflacionario y más allá de su discutido éxito para una inflación superior al 20% para todo el año 2017, las LEBAC constituyen un mecanismo oneroso para el Estado que compite en el uso de la masa de dinero disponible para el crédito privado.
Veamos. El stock de LEBAC supera el billón de pesos y el total del crédito privado, según el BCRA alcanza a menos de 1,5 billones de pesos. A fines del 2015 el stock de LEBAC era de 300.000 millones de pesos, por lo que se multiplicaron por más de tres veces y pagan tasas gigantescas. Ese nivel de endeudamiento a elevadas tasas de interés, que esta semana volvieron a subir al 28,75% y negociaciones en el mercado secundario en torno al 30%, suponen un costo financiero muy importante para el sector público.
El BCRA es un gran captador de recursos y compite con otros demandantes de préstamos, que ante esas elevadas tasas prefieren postergar cualquier decisión productiva y privilegiar incluso opciones de tipo especulativo. Así, la economía argentina privilegia el sector especulativo financiero a contramano de la predica oficial por la recomposición de la actividad productiva a estimular con inversión productiva extranjera.
La política económica del Estado local está financiada con el ingreso de capital de préstamo que además favorece la fuga de capitales, sea por cancelaciones de los vencimientos de capital de deuda; por crecientes remesas de utilidades al exterior y saldo negativo de la balanza de turismo; sin perjuicio de otros mecanismos relativos a cuentas y empresas en el extranjero que involucran a principales funcionarios del gobierno nacional.
El FMI avala el ajuste y la reforma regresiva. ¿Cómo contra argumentar?
Lo explicitado son las razones del ajuste propiciado desde el gobierno y la batería de reformas reaccionarias en materia laboral, previsional o tributaria. Argumento coincidente con el balance de la misión del FMI sobre las cuentas argentinas. Dice el FMI que el rumbo es el correcto pero que hay que acelerar las “reformas” y bajar el déficit fiscal y comercial profundizando las medidas anunciadas desde el Poder Ejecutivo.
Más allá del debate y los consensos que puedan lograrse con gobernadores y parlamentarios; empresarios y dirigentes sindicales, la sociedad necesita discutir el orden socio económico y sus formas de financiamiento. Un desafío es que no solo actúe la iniciativa ideológica política del poder sobre la población. La propaganda del discurso oficial y el accionar de la prensa tradicional multimedia que habla al 42% del consenso electoral se transforman en “sentido común” favorable al único camino posible para resolver la cotidianeidad.
Necesitamos confrontar con ese diagnóstico gestado por la asociación entre el discurso oficial y la brega mediática mayoritaria, instalando que el presente de ajuste se deriva de la situación del pasado reciente y es el único camino posible para un futuro de expectativas. Esto supone discutir el pasado, el presente y el futuro, que involucra una sustancial discusión sobre y contra el capitalismo imperante.
Los capitales asociados a la producción del vino o la cerveza presionan para evitar impuestos sobre sus productos. Lo mismo hace la Coca Cola, quien actúa sobre sus proveedores de jugos para incidir sobre el gobierno y limitar la pretensión tributaria. La transnacional amenaza con parar inversiones por 1.000 millones de dólares si prospera el impuesto sobre las aguas azucaradas.
Esa presión empresaria incluye el lobby sobre los consumidores, generando opinión pública, algo que no ocurre sobre aspectos esenciales de la tributación, tal como eliminar el impuesto a las ganancias sobre los salarios; o definir una estructura progresiva de los tributos. Desde los trabajadores se protesta contra la regresividad impositiva y se enfrenta la articulada acción de los capitales y el Estado, que buscan en la sociedad una opinión pública en defensa de los intereses empresarios en desmedro de derechos sociales para la mayoría de la sociedad.
Por eso, ¿con que discurso discutimos el régimen tributario y su impacto en el modelo productivo y de desarrollo? ¿Cómo explicitar que la reforma laboral es precarización del empleo? ¿Cómo discutir el régimen previsional y el deseo de profundizar el deterioro de los ingresos de jubilados y jubiladas con las reformas al régimen de actualización?
Empezar a desarrollar argumentos críticos al discurso oficial e instalar una perspectiva anticapitalista constituye un desafío para el movimiento popular.

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2017

Vuelven los Martínez de Hoz al gobierno y nosotros recuperamos el proyecto centenario de la revolución

El gobierno Macri definió la agenda de debate luego del resultado electoral del 22/10 y se concentró en reaccionarias reformas laborales, del régimen de jubilaciones y tributarias. Mientras se debaten los borradores y antes de la formal presentación para la discusión parlamentaria se redefinió el Gabinete con la designación del titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA) al frente del ministerio de Agroindustria y al mismo tiempo el ministro de Energía anunció cambios en el sector energético con privatizaciones por 1.000 millones de dólares.
Por si hay duda de la relevancia de esas decisiones, recordemos que la SRA es la institución más antigua del poder hegemónico desde la instalación del capitalismo en la Argentina. Nacida en 1866, tuvo como primer Presidente a José Martínez de Hoz entre 1866 a 1870[1] y desde allí coordinó la estrategia de la “generación del 80” para incluir el territorio patagónico a la República Argentina, junto al genocidio indígena y a la capitalización de Buenos Aires con la primacía del puerto porteño en la definición del modelo agroexportador bajo la dirección de la oligarquía terrateniente y el capital extranjero.
Otro Martínez de Hoz, José Alfredo, descendiente del fundador redefinió un siglo después como Ministro de Economía de la Dictadura genocida en 1976 el plan de reestructuración capitalista reaccionario del país. El propósito apuntaba a modernizar e insertar a la Argentina en las nuevas condiciones del desarrollo capitalista con el eje puesto en las fuerzas productivas de la agro-industria.
El pecado original supuso el arrebato de las tierras a los pueblos originarios y la limpieza de la población no sometida al régimen del salario, caso del gaucho cooptado para la causa del ejército de ocupación o como jornalero, peón o trabajador asalariado.
La militarización y la violencia resolvieron el asunto de la tierra y de la población, que junto a la migración generaron las condiciones de apropiación territorial y oferta de fuerza de trabajo para el desarrollo capitalista.
En ese marco puede entenderse el circuito mercantil de las tierras que permiten a Benetton acceder a casi un millón de has patagónicas y el conflicto actual con la comunidad mapuche, sus reclamos y protestas seguidas de represión y el caso Maldonado, aun con caratula judicial de “desaparición forzada”.
Luis Miguel Etchevehere es Presidente de la SRA desde 2012 y desde ahora Ministro de Agro-Industria del Gobierno de Mauricio Macri. El sector agrícola e industrial de la Argentina está en la cima de la competitividad mundial capitalista y por eso Europa primero y EEUU luego le cierran las fronteras a las exportaciones del agro negocio (el llamado bio-diesel). Se trata de la fertilidad de la pampa húmeda y el desarrollo de un paquete tecnológico ofrecido por transnacionales de la alimentación y la biogenética con desarrollos productivos locales que se imponen mundialmente como la siembra directa.
Más allá del precio internacional de la soja, la recesión local fue aminorada en los últimos tiempos por la expansión de la producción agraria e industrial del complejo sojero, desde el grano a sus derivados con desarrollo industrial para producir aceites y combustibles.
Los objetivos originarios de los Martínez de Hoz, en 1866, en 1976 y ahora en 2017 llevan el sello de la oligarquía terrateniente como clase burguesa hegemónica asociada al capital transnacional para la disputa de un lugar en el mundo de los capitales más concentrados de origen local. Es el espíritu de clase que ostenta Mauricio Macri y su equipo y por eso se predisponen a satisfacer las demandas de máxima por la liberalización de la economía bajo el concepto de desarrollar las fuerzas productivas del capitalismo, como sentenció Marx hace 150 años vienes al mundo “chorreando sangre”.
No sorprende entonces la convergencia de la incorporación de Echevehere con el anuncio de Juan José Aranguren por las privatizaciones energéticas. El ex titular de la filial argentina de la petrolera Royal Dutch Shell entre 2003 y 2015 comparte mesa con el jefe de la SRA para continuar la histórica alianza entre los terratenientes locales y el capital foráneo, base de sustento del desarrollo capitalista de la generación del 80 del Siglo XIX y la reestructuración reaccionaria promovida desde el terrorismo de Estado un siglo después.
Es cierto que el Gobierno Macri es constitucional y surgido del voto, pero sus objetivos remiten al proyecto estratégico del poder histórico de la dominación capitalista surgida de la entente oligárquica con el capital externo, inglés en origen, estadounidense desde comienzos del Siglo XX. Un poder construido desde el fraude hasta la emergencia de la Ley Saenz Peña y el acceso de gobiernos bajo procesos electorales desde 1916, pero restituido en procesos golpistas entre 1930 y 1976 para condicionar todo proceso constitucional.
No es menor que por primera vez un gobierno electo por votación popular asuma el programa histórico de procesos del fraude político o los golpes de Estado. Son señales de nuevos fenómenos asociados a otros similares en el ámbito mundial que definen el retorno de las derechas más reaccionarias a la conducción del destino de las sociedades en diversos países del planeta.
Resta el debate sobre las reformas para flexibilizar el empleo y reducir las asignaciones de jubilados y pensionados, como la reestructuración del régimen tributario. Todas pensadas para favorecer la lógica de la ganancia, numen del capitalismo de siempre, pero al mismo tiempo vale recordar que el capitalismo es una relación social, donde no solo está el programa y la aspiración del propietario de los medios de producción, sino que también la relación se constituye con los propietarios de la fuerza de trabajo, que para el caso de la Argentina han construido una historia de organización y lucha.
Lo visible en los medios tradicionales y hegemónicos es la iniciativa del poder económico, del gobierno y la hegemonía empresaria,  pero aunque la nieguen existe una iniciativa alternativa de movilización y organización popular que no solo resiste esos propósitos, sino que también se propone construir imaginarios alternativos con perspectiva emancipadora, más pensando en la recuperación en estos días de la gesta anticapitalista de la centenaria revolución rusa.
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2017



[1] http://www.sra.org.ar/

Euforia del gobierno y el poder económico

Hay euforia en el gobierno de Mauricio Macri y en el poder económico con el resultado electoral del pasado 22 de octubre. Se nota en los festejos luego del escrutinio y en la primera conferencia de prensa del Presidente, justificando el aumento de combustibles con un inexplicable análisis sobre futuras bajas del petróleo, ahora que asciende a 60 dólares el barril.
Luego de los aumentos en los combustibles vienen las tarifas acrecidas en una escalada que solo tiene límites en la capacidad de protesta de la sociedad afectada, incluidos los votantes del gobierno, tal como ocurrió desde el primer incremento en 2016.
El poder festeja
Pero no solo hay euforia en los gobernantes, ya que los “mercados” mostraron confianza con alzas de las cotizaciones y volúmenes negociados, con guiños de consultores y evaluadores de riesgo que miran con expectativa el avance electoral de la derecha liberalizadora en la Argentina.
El BCRA decidió a dos días del triunfo subir las tasas de interés en 150 puntos porcentuales. Las tasas no se movían desde mayo y el temor era un impacto negativo en la percepción social antes de los comicios.
Una vez logrado el triunfo electoral, los ortodoxos dirigidos por Federico Sturzenegger subieron la tasa al 27,50%, favoreciendo la captura de liquidez financiera e impidiendo cualquier destino productivo del crédito en la Argentina.
Son tasas de usura en la lógica productiva que confirma el sentido especulativo de la economía local.
Un informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, con datos del BCRA señala que “el 77.8% de las inversiones recibidas en los últimos 12 meses se destinaron a la especulación financiera, generándole al Estado un gigantesco derroche de recursos en concepto de intereses”.
Por ende, solo el 22,2% corresponde a inversiones productivas de no residentes.
Convocatoria para consensuar la ofensiva liberal
Ese es el marco para la convocatoria a empresarios y sinidcalistas junto a otros sectores para la próxima semana e informar sobre propuestas legislativas y de política económica.
Uno de los ejes pasa por lo laboral, donde se concentra la demanda patronal y gubernamental para reducir el costo laboral y mejor la perspectiva de la rentabilidad de las empresas.
Como no pueden con el costo financiero, presionan con el laboral, apuntando al eslabón más débil, claro que con ciertas complicidades sindicales. A cambio, se ofrece la reducción de la “irregularidad” en el empleo, que mejor resulta definir como impunidad empresaria que condena a 1 de cada 3 trabajadores a quedar afuera de todo mecanismo de seguridad social.
La presión patronal también actúa sobre el costo fiscal y trasciende una reducción de la alícuota de ganancias para las empresas, postergando una vez más la promesa de reducción o eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios.
Reforma fiscal, laboral y previsional asoman para la discusión con los sectores afines del poder económico y los que están dispuestos a negociar desde el sindicalismo.
La concepción de pacto social y político se recrea con aquellos que buscan beneficio en la cuenta de resultados de sus empresas y quienes imaginan una cuota de poder para contener el conflicto social.
Ajuste y endeudamiento
El Presupuesto del 2018 de la Nación y las Provincias entra en etapa de negociación parlamentaria para consolidar el ajuste del gasto social y la consolidación de un compromiso creciente en pagos futuros de intereses de una deuda pública en expansión.
A más intereses de la deuda le corresponden disminuciones del gasto social, lo que se acompaña de una orientación de reestructuración regresiva de las relaciones socioeconómicas.
Solo la conflictividad social por la inflación sostenida y la descarga del costo en la mayoría empobrecida podrá frenar o contener la euforia de una ofensiva reaccionaria en el orden económico.
Es una euforia sustentada en una votación de medio turno presidencial que inspira una perspectiva de gobierno de mediano plazo, más allá de la renovación presidencial del 2019, para insertar a la Argentina en la lógica de la liberalización que empuja el poder económico mundial.
Aún con Donald Trump “nacionalista” y una China “globalista”, en la disputa hegemónica del sistema mundial, el poder económico de las transnacionales puja por la liberalización.
Las campañas locales, continentales y globales contra la OMC y el G20, con cónclaves en Argentina en 2017 y 2018 pueden contribuir a obstruir los propósitos de la liberalización.

Buenos Aires, 28 de octubre de 2017

La política en la Argentina después de las elecciones legislativas

El macrismo se consolida como primera minoría electoral en Argentina, aunque todavía incluye una votación de rechazo al kirchnerismo, que no debe considerarse voto fiel al ideario y práctica de Cambiemos en el gobierno.
La suma de macrismo (41,60%) y kirchnerismo (21,72%) los coloca como las fuerzas más votadas (63,32%) y confirman que son la novedad política en la representación institucional de la Argentina en este Siglo XXI.
El radicalismo acompaña mayoritariamente al PRO y también en menor medida se incluye como parte en el kirchnerismo. El peronismo se incluye en el kirchnerismo, fuera del mismo y también minoritariamente con la alianza liderada por el PRO.
Por eso aludimos a una nueva situación política con crisis de las identidades tradicionales: radicalismo y peronismo; y la emergencia de nuevas representaciones institucionales.
El  macrismo ya no es solo una fuerza de la Ciudad de Buenos Aires, sino que se extiende como identidad nacional, con peso electoral en los principales distritos por población y peso económico, especialmente la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Es algo que le otorga fuerza en la negociación con los gobernadores y las fuerzas políticas tradicionales en la Argentina, peronismo y radicalismo, disminuidas en su visibilidad como expresión política.
La votación del kirchnerismo sigue siendo amplia y de carácter nacional, con expresiones organizadas en el movimiento social. Anuncia que se posiciona como la principal fuerza de oposición al gobierno de Macri e intentará hegemonizar al peronismo, que en sus variantes se presentó por lo menos en tres espacios electorales. El liderazgo del peronismo está en disputa y Cristina Fernández pretenderá erigirse como la más votada hacia la candidatura presidencial del 2019.
Macri es el primer presidente no radical ni peronista desde 1916, y aspira a constituir un nuevo tiempo político en el país bajo una nueva identidad, de derecha y con consenso electoral de masas, lo que supone apoyo entre los más pobres y los trabajadores.
No todo es institucional, el conflicto social existe
El triunfo electoral no elimina el conflicto social como parte de la disputa política. De hecho, las tensiones de último momento se asociaron a la desaparición de Santiago Maldonado, con responsabilidad directa del Estado y la represión.
Se trata de un tema que continúa, a la espera de la autopsia y la consideración de la responsabilidad estatal en la muerte de Maldonado, incluso y más allá de dictámenes oficiales, la sociedad, o una parte de ella responsabiliza al Estado y el conflicto en torno a su esclarecimiento no se agota en la voz oficial.
El movimiento de DERECOS HUMANOS y más en general el movimiento popular batalló contra la impunidad hasta lograr las leyes de nulidad y los juicios en curso; una lucha de décadas en la que puede inscribirse la demanda por el esclarecimiento de la muerte de Santiago Maldonado.
La batalla contra las actualizaciones de tarifas involucró a votantes del macrismo durante estos años y es previsible que sean parte de nuevas protestas. No debe asociarse adhesión electoral con consenso a políticas de ajuste explícito que afecta a buena parte de la población de menores ingresos.
Una ampliación del consenso electoral y parlamentario no significa contención del conflicto social.
Con el consenso electoral se pretenderá avanzar con la agenda del ajuste y la regresiva re-estructuración de la economía, el Estado y la sociedad. Por eso se alentarán reformas diversas: laboral, previsional, fiscal, penal, educativa, de salud, etc.
A no dudar que esos intentos generarán respuestas diversas, entre quienes intentarán darle cobertura social, sean parte de la burocracia sindical negociadora, mayoritaria en la CGT; el periodismo afín a las patronales de la comunicación y una intelectualidad funcional a la liberalización; pero también se habilita el despliegue de alternativa política popular, especialmente en la construcción de un nuevo modelo sindical, donde la unidad de acción es fundamental para construir nuevo proyecto sindical y popular articulado.
Las CTAs y otros ámbitos del movimiento sindical están desafiados a superar la fragmentación y con audacia proponer formas de organización de la protesta social y generarse condiciones de efectividad en la construcción de alternativa de poder.
En el movimiento sindical, territorial y popular se dará el principal espacio para la acumulación política de la izquierda y un proyecto popular por la emancipación social.
La izquierda partidaria logra 1.350.000 con el 5,59% de votos, con picos muy importantes en algunos distritos como Salta, Jujuy, Mendoza, e incluso el ingreso de legisladores nacionales. La fragmentación de la propuesta electoral de la izquierda diluye una mayor presencia legislativa y desafía a ampliar los espacios de unidad.
Unidad más posible y deseable en el ámbito del movimiento social y el conflicto, territorio adecuado para construir confianza para disputas institucionales próximas.
Sin perjuicio de la confrontación al ajuste, que incluye alianzas estratégicas y tácticas que involucran al propio kirchnerismo, el desafío pasa por la unidad ante situaciones de una agenda por la liberalización.
En ese plano destaca la confrontación contra las reformas laborales y previsionales y otras que mencionamos antes, pero especialmente contra la agenda de la presidencia Argentina en el G20 del 2018, que empieza en estos días con una reunión en Bariloche, que anticipa la ofensiva capitalista en territorio argentino durante el próximo año.
Más aún, en diciembre próximo, entre el 10 y 13 de diciembre se reúne la 11° Ministerial de la OMC y la programada semana de acción global contra la OMC será la oportunidad de generar una importante acción de masas en unidad de lucha para habilitar la discusión de una agenda alternativa al proyecto de liberalización del gobierno y las clases dominantes.
Sea por la agenda del ajuste nacional o las reformas reaccionarios y el alineamiento con la demanda del capital trasnacional para bajar el costo laboral y previsional y asegurar rentabilidad al capital, el desafío se instala en la potencia de la unidad de acción del movimiento popular y que en su desarrollo se desplieguen formas eficaces de articulación para la disputa del poder.
Menos consignas y más argumentos
Desde la izquierda y el movimiento popular se requiere mayor capacidad de argumentación.
El discurso pos electoral del macrismo es vacío, asentado en el consenso electoral y convocando a “seguir” en el rumbo, respondiendo a una religiosidad que convoca al seguimiento acrítico.
Somos conscientes que eso supone la agenda de la liberalización y el ajuste, la promoción de las inversiones externas y el mayor endeudamiento público, y que no alcanza con la oposición.
La demanda es por construir adecuada argumentación que no se contenten con la crítica al neo-liberalismo, sino ir más allá en una prédica anti-capitalista que pueda generar conciencia por cambios profundos.
El problema no es el neo-liberalismo o Cambiemos, el tema de fondo es el capitalismo. Hace falta una propuesta anti-capitalista y para ello discutir más a fondo que pasa en los sentimientos y consciencia de los sectores popular, ver como se discute contra la argumentación desde el poder.

Buenos Aires, 23 de octubre de 2017

La política más allá de las elecciones y por los derechos

La aparición del cuerpo de Santiago Maldonado en el Río Chubut agregó incertidumbre al análisis político electoral y general.
Fueron meses de conmoción social por la desaparición, lo que profundizó las diferentes lecturas sobre la realidad, con variadas sospechas sobre las responsabilidades y alcances del acontecimiento, centradas en la responsabilidad del Estado y el accionar de la represión.
Sea cual sea el resultado en la elección del 22/10/17 y con el informe de la autopsia se abrirá un debate sobre las responsabilidades en la muerte de Santiago Maldonado.
El resultado electoral desafía a los principales proyectos que disputan institucionalmente la política, sea el macrismo, como coalición o pretendida nueva representación política, como al peronismo, o si se quiere, al kirchnerismo como parte que lo trasciende; pero también a quienes desde otras expresiones por izquierda o derecha disputan representación política.
La realidad es más compleja que el ámbito institucional y afirmamos que el conflicto social ocupa un lugar central. El tema de fondo es la defensa de los derechos en sentido integral, como derechos humanos, económicos, sociales o culturales, algo que trasciende a los poderes constitucionalmente definidos.
Responsabilidad del Estado
Variadas fueron las explicaciones que se difundieron en los 80 días de la desaparición de Santiago Maldonado, lo que generó una demanda social extendida por la verdad y el esclarecimiento.
Algo que debiera consolidar una posición masivamente sustentada en el esclarecimiento de todos los casos de desapariciones en tiempo constitucional y obvio, de la irresuelta situación de los desaparecidos en tiempos de la dictadura genocida y el previo periodo constitucional signado por la presencia de grupos parapoliciales y paramilitares.
La responsabilidad es del Estado, que se dice de Derecho, mucho más en el caso Maldonado, con participación de fuerzas de seguridad dirigidas por el poder judicial y el ejecutivo en el desalojo de la ruta el 1/8, seguido de persecución a los manifestantes.
Bajo la defensa de los derechos humanos se constituyó un nuevo sujeto socio político en tiempos de dictadura, ampliado en los turnos constitucionales desde 1983, habilitando con acuerdo de gobiernos de turno los juicios, a las juntas y a responsables directos de la represión, sin agotar a todos los involucrados, algo que se mantiene vigente gracias a la anulación de las leyes de la impunidad.
Vale resaltar el tema porque no alcanza con el accionar de las instituciones y sus leyes, los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. El poder popular es lo que constituye ese accionar y legitima o deslegitima las disposiciones del poder relativo de las instituciones.
La dictadura ejerció el poder indiscriminado y combatió derechos, especialmente a la vida. El límite provino de la lucha social y en forma destacada por el movimiento sindical y el de los derechos humanos. La razón se explica en la agresión a los derechos de las trabajadoras y trabajadores, a quienes se pretendió disciplinar con prohibiciones y restricciones a sus derechos esenciales.
Así, la lucha por los derechos humanos, sociales, económicos y sindicales apareció en la constitución de un contrapoder que habilitó las bases para un nueve tiempo desde fines del 83.
El Estado es un ámbito de relaciones sociales sujeto a la disputa, sobre el que actúa el poder con todas sus formas, incluida el poder de la violencia y la represión, en tiempos de dictadura o de vigencia constitucional; pero es también espacio de disputa para la satisfacción de la demanda social extendida y organizada.
No decimos nada nuevo y así como hace 100 años la lucha universitaria habilitó una reforma progresista de la Universidad, las luchas en torno al 2001 gestaron una legislación favorable a las empresas recuperadas y especialmente la inimaginable nulidad de las leyes de la impunidad.
Hegemonía en el Estado y disputa del poder
Está claro que en la coyuntura actúa más el proyecto del poder sobre el Estado y por eso crece la represión y la demanda de los sectores hegemónicos para instalar el orden necesario para la reproducción normal de la lógica del capital. Ello está presidido por las condiciones necesarias para el ingreso de capitales externos: reformas regresivas contra los derechos adquiridos.
Insistamos que la realidad no es solo la hegemonía transitoria en las instituciones, sino que la realidad se establece en disputa entre las iniciativas contradictorias en uno u otro sentido.
Por eso, desde el gobierno se intentará empujar las políticas de ajuste y reforma laboral, previsional, educativa, de salud y penal sustentadas en un resultado electoral que imaginan favorable.
La discusión se instala en el ámbito del conflicto social, por esclarecer el caso Maldonado y contra el ajuste en las condiciones de vida de la mayoría de la población.
Es una disputa por los derechos. De un lado el derecho a la explotación, la ganancia y la acumulación, propias del desarrollo capitalista. Por el otro, el derecho a sostener históricas conquistas del movimiento obrero y social y expandir la demanda social para satisfacer necesidades, incluso una perspectiva alternativa contra el modelo productivo y de desarrollo.
Resulta estratégico discutir el Estado y la disputa de la hegemonía en su interior, lo que puede permitir el debate sobre el rumbo de la política estatal, para consolidar el orden capitalista, que puede ser restringido a reformas progresistas, o para construir una sociedad en contra y más allá del régimen del capital.

Buenos Aires, 22 de octubre de 2017

¡Qué país mi país! A horas de elecciones

“No confío en nadie” sostiene el hermano de Santiago Maldonado y se apunta principalmente hacia el Estado, aunque no solo.
Es un episodio grave la desaparición de personas, lo sabemos y combatimos. Una más en nuestra historia, agravada ahora por la circunstancia de la presencia de la Gendarmería en la represión del primero de agosto, que en sí mismo, la protesta y el acto represivo condensa varios problemas estructurales. Ellos van desde el genocidio indígena en varias “campañas al desierto” en el Siglo XIX a la desposesión de la tierra y apropiación a través del tiempo en grandes extensiones por capitales externos, en este caso Benetton.
Son variadas las consideraciones a realizar en este momento, aunque en primer lugar está la situación humana y las circunstancias, que incluyen los silencios y manipulaciones informativas desde el poder del Estado.
Algunos se interrogan si esto impacta en el acto electoral del 22/10 y yo digo qué país mi país, que se interroga al respecto, cuando los derechos humanos son constitutivos de la subjetividad popular de estos años.
No sé cuántos votos mutaran de sentido el próximo domingo, pero sí que el caso Maldonado continuará en la movilización social y demanda de verdad.
Baste recordar la lucha en soledad por la nulidad de las leyes del perdón que empujó Floreal Gorini, como Diputado Nacional del Partido Comunista (1995/97), y que luego en un clima de amplia movilización social en 2003 fue posible aprobar. Eso explica los encarcelamientos y juicios actuales contra los represores.
Existe una gran incertidumbre en el presente, que tiene por trasfondo la perdida de identidades históricas de la política en la Argentina, entre ellas el peronismo y el radicalismo. Desde que hay voto universal, de hombres, solo radicales y peronistas ocuparon la presidencia.
Ahora Macri quiere inaugurar un nuevo tiempo. Escribí en su momento que kirchnerismo y macrismo son las novedades políticas del Siglo XXI y en este tiempo se juegan la continuidad con perspectivas de afirmarse en la disputa por la hegemonía en el plano de las instituciones.
En rigor, la política no solo son las instituciones, también cuenta la protesta y el conflicto social, por los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y políticos, que cuando se expresan generan novedades y pueden disputar sentido.
Las elecciones pasaran y la lucha contra la impunidad y por los derechos continuará para habilitar nuevos procesos de horizonte esperanzador y por la emancipación social.

19/10/2017

La mirada estratégica del presente desde el CHE

La semana pasada se cumplieron 50 años del asesinato de Ernesto Che Guevara y estuve en La Habana participando de la III° Conferencia de Estudios Estratégicos “Transición hacia un nuevo orden internacional: desafíos, amenazas y oportunidades”, organizada por el Centro de Investigaciones de Política Internacional, CIPI.
Me tocó exponer en el panel especial: “La dinámica entre la Revolución y la Contrarrevolución en Nuestra América: algunas miradas en ocasión del 50 Aniversario de la inmortalización del CHE”, compartiendo la mesa con Hugo Moldiz de Bolivia, Darío Salinas de México y Luis Suárez Salazar de Cuba.
Junto a importantes debates pude visitar la sede de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC y compartir diagnósticos y propuestas con los compañeros de relaciones internacionales de la central cubana, principalmente en la perspectiva estratégica del movimiento clasista, muy especialmente en lo relativo al Encuentro Sindical Nuestra América, ESNA, y los desafíos en la confrontación con la Organización Mundial de Comercio, OMC, que organiza la 11° Ministerial en diciembre próximo en Buenos Aires y se espera una importante semana de acción global entre el 10 y 13 de diciembre del 2017, pero también las acciones a desplegar en el marco de la coordinación argentina del G20 para el 2018.
Además, y al cierre de la semana, pude compartir con las autoridades de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, la ANEC, el 2° Encuentro Internacional “Gestión y Dirección Empresarial”.
Sean los debates intelectuales organizados por el CIPI; el intercambio sobre el presente y el futuro del movimiento obrero en la CTC; o los desafíos de la organización económica en Cuba favorecido por la ANEC; todos ellos configuran un mapa intelectual, político, social y organizativo para discutir la transición del capitalismo al socialismo.
Eso creo es lo estratégico en mi opinión y es claro que muchísimos no coinciden con este planteo y sustentan que solo se puede hacer lo que es posible, que solo admite reparaciones sociales parciales en el marco de una brutal ofensiva capitalista.
Es muy curioso cómo se recupera al CHE al tiempo que se dice que solo hay lugar para algunas reformas en un presente de ofensiva del capital y defensiva del movimiento popular.
¿Qué pensaba el CHE en vísperas de la revolución Cubana?
¿Acaso estaban dadas las condiciones ideales para tomar el cielo por asalto?
¿En su experiencia militante y combatiente en África o Sudamérica, qué condiciones existían y cuáles aspiraba a crear?
En definitiva, ¿cuál es el momento para proponerse la confrontación con el capitalismo y continuar la experiencia del tránsito al socialismo brevemente ensayada en la Comuna de París hacia 1871, o a 100 años de la Revolución en Rusia?
Todo eso aún revuela en mi mente ante los intercambios en Cuba, con el CHE como trasfondo de la discusión.
El CIPI organizó la actividad académica en conjunto con CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, también a sus 50 años de existencia y por eso su Secretario Ejecutivo, Pablo Gentili, inició las reflexiones con un repaso de los problemas de nuestro tiempo con mirada regional, desgranando los efectos de la desigualdad y las restricciones a la democracia, con fresco repaso sobre los desafíos para el pensamiento y la práctica social e intelectual.
Presente y futuro cercano del mundo
Variadas opiniones sobre el presente y futuro cercano del sistema mundial se presentaron, destacando intervenciones relativas a EEUU, a China, a los cambios en la tecnología y el mundo del trabajo, el modelo productivo y de consumo, la especulación y militarización de la sociedad; las iniciativas políticas de las derechas y las clases dominantes en el mundo, tanto como el balance de la experiencia socialista por un siglo, especialmente Cuba y las iniciativas populares de carácter alternativo. Todo matizado a la luz del legado del CHE.
Elocuente resultó la presentación de José Luis Rodríguez, investigador del Centro de Investigación de la Economía Mundial, CIEM, de Cuba. Aportó datos sobre el horizonte hacia el 2030 en crecimiento de la población mundial a 8,500 millones de personas y necesidades incrementadas de un 30% más de agua, un 40% más de energía, un 50% más de alimentos. Una perspectiva en el marco presente del cambio climático y la disputa por los bienes comunes de la Naturaleza, que conlleva la militarización mundial con crecientes gastos militares y la muleta de la especulación desenfrenada de títulos, acciones y derivados. La conclusión alude a una desaceleración del ritmo del crecimiento mundial que del 1994 al 2006 era de 4% para la economía mundial y se reduce al 3,5% para el 2007-2015 y se pronostica del 2 al 3% para el 2016-2030.
Son condiciones para la aceleración de la disputa por el excedente entre pocos capitales altamente concentrados y la mayoría de la población mundial, algo que confirman todos los estudios de desigualdad.
Por su parte y ante ese panorama, el titular de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, SEPLA, el haitiano Camille Chalmers recuperó la historia de las revoluciones en el continente, desde 1804 en Haití, pasando por Cuba en 1959 y reivindicando el proyecto boliviariano del 2004.
Con esos antecedentes reflexionó, en la Mesa organizada por la Red en Defensa de la Humanidad, sobre la combinación de una propuesta actualizada contra la esclavitud, el colonialismo, el capitalismo y el imperialismo, el patriarcalismo y toda forma de racismo y discriminación. Puso en evidencia la importancia estratégica de la región latinoamericana y caribeña en materia de recursos naturales y una legislación y política fiscal favorable a los paraísos fiscales y la especulación, destacando la historia y trayectoria del movimiento popular, muy especialmente en la perspectiva de articular las luchas en un proyecto unificador para la libertad y la emancipación social.
Lina Pedraza, Ministra de Finanzas y Precios de Cuba fue elocuente en el cierre de la actividad de la ANEC con relación a la respuesta cubana ante el desastre de los recientes huracanes, que contrasta con lo acontecido en otros países del Caribe ante la desidia de las clases dominantes y especialmente EEUU.
Fue la solidaridad y accionar conjunto del Estado, los empresarios locales y la población y sus organizaciones, quienes afrontaron cuidadamente, como es costumbre, la reparación de los daños materiales y la reconstrucción de la cotidianeidad aún en difíciles condiciones que supone el mantenimiento del bloqueo criminal y las restricciones de la inserción mundial de un proyecto de revolución que intenta abrirse paso con dignidad en el sistema mundial.
Una clara diferencia con la evidencia de un mundo que afirma valores afines al individualismo contra la solidaridad social.
Recuperar el proyecto por la transición
El CHE volvía en cada uno de estos debates y se habilitaba una discusión entre lo posible y lo necesario.
Alguien me consultó a propósito del CHE Sobre “el comportamiento de este mundo” en la coyuntura. Confieso que no resulta sencillo responder, aunque mi convicción está asentada en la respuesta del accionar colectivo y la construcción de un proyecto por la revolución.
En ese sentido recuperé en variadas discusiones la concepción del MITO en Mariátegui, que era la “revolución socialista” como objetivo para los pueblos de América hace casi un siglo. Es lo que asumió como propio Ernesto Guevara, cuando todavía no era el CHE y remitía a los problemas de Nuestra Mayúscula América, lo que dispararía su compromiso con la lucha por la liberación a la que entregó la vida.
Si con Marx descubrimos hace 150 años el motivo y la causa de la ganancia, la acumulación y la dominación capitalista; y con Lenin la disposición hace un siglo para liderar la causa humana por la revolución y la transición del capitalismo al socialismo; con Mariátegui el mito del socialismo y con el CHE, Fidel y la generación de la revolución cubana del 59 la materialidad de esos propósitos en la región Nuestramericana, la potencia de la lucha por el socialismo no es una quimera, sino una asignatura pendiente para las nuevas generaciones.
En definitiva, se trata de superar la crisis de alternativa política en nuestro tiempo, lo que abrió espacio a gobiernos de derecha y diversifica el mapa de las luchas reivindicativas, por lo que se requiere la unidad de acción junto a la unificación por un proyecto contra hegemónico hacia una nueva sociedad, contra la nueva normalidad de mayor flexibilización laboral, depredación natural y consumismo exacerbado.

Buenos Aires, 16 de octubre de 2017