Bono de deuda pública a 100 años

El gobierno de Macri colocó un bono de 2.750 millones de dólares a 100 años, con vencimiento en 2117, lo que muestra la decisión de resolver los problemas económicos locales acudiendo al endeudamiento público, lo que supone una hipoteca recurrente contra el conjunto de la sociedad.
La tasa que resulta de la colocación es del 7,9%, y pude variar por encima o por debajo de ese valor según evolucione su valorización en el tiempo y vaya si hay tiempo para que ocurra una u otra de las posibilidades. A los valores actuales, el pago anual de intereses suma 200 millones de dólares, con lo cual, en 14 años se habrá cancelado el equivalente del capital del bono y por lo tanto, los 86 años restantes, el país seguirá pagando esa suma cada año y al vencimiento cancelará el capital.
Se trata de un negocio redondo para los inversores, que podrán aguantarlo hasta el vencimiento cobrando los intereses, o lo negociarán en el mercado secundario de la timba del mercado especulativo mundial. Además, los bancos transnacionales que colocaron los bonos, obtuvieron una comisión de poco más de 3 millones de dólares.
Debe quedar claro que esos 200 millones de dólares deberán figurar en el presupuesto de gasto de cada año y por ende deben restarse de cualquier otro destino que imaginemos, la educación, la salud, la seguridad, el empleo, la previsión social, etc. Ganan los acreedores y especuladores y pierde el pueblo argentino.
Entre los argumentos del gobierno estaba pasar de una calificación internacional de país fronterizo a emergente, lo que supone mejores tasas de interés en los préstamos internacionales y un mayor acceso al crédito externo. Sin embargo, las consultoras no favorecieron la calificación esperada, demorando otro año para esa definición y con ello le insisten al gobierno con un mensaje de mayor radicalidad en el ajuste.
Los capitales globales pretenden mejores condiciones para sus inversiones, de riesgo o especulativas y exigen avanzar con un shock de ajuste, acelerando lo que denominan un ajuste gradual. Dicen gradual, pero los despidos de Atucha y muchos otros, dan cuenta de una persistencia en el ajuste como política regular del gobierno Macri.
Del mismo modo ocurre con la negativa de la negociación paritaria a los Judiciales o el retaceo a los docentes de las Universidades Públicas, que avanzan en medidas de fuerza para no iniciar las clases en el segundo cuatrimestre del presente año. El conflicto docente en general, de los judiciales y de los estatales muestran las dificultades para hacer realidad el ajuste, más allá de la gradualidad o del shock. El tema está asociado a las fortalezas de la sindicalización entre esos trabajadores.
El endeudamiento y el crecimiento del conflicto social se presentan en el marco de la dinámica electoral para renovación parlamentaria y lo que se juega en la política tiene dos ámbitos de confrontación.
Uno es de carácter institucional y se mide entre oficialismo y oposición, con dudas de posibilidades de polarización. El gobierno apunta a no perder pese parlamentario y a decidir la oposición para completar el mandato hacia 2019 y si se puede avanzar en el shock de ajuste.
El otro se presenta en la movilización y organización popular más allá de los partidos y la disputa electoral, máxime ante la crisis de alternativa política que deja a un conjunto importante de la sociedad sin representación política elegible.
La crisis es por arriba en tanto se disputa quien puede hacer gobernable al capitalismo en la Argentina. ¿Quién asegura estabilidad política y consenso para el arribo de inversiones externas? Es la discusión entre la ortodoxia discursiva del gobierno y su proclamación contra los derechos sociales y sindicales, y la heterodoxia discursiva del kirchnerismo (especialmente en la Provincia de Buenos Aires) y de la Alianza Massa - Stolbizer.
Pero también es por abajo, donde la disputa del consenso entre el pueblo es entre quienes imaginan que la estrategia popular se agota en lo posible dentro de la hegemonía capitalista y quienes pretenden ir más allá del orden del capital. Este debate se procesó por ejemplo en un encuentro que reunió en Buenos Aires a la Ministra de Trabajo de Alemania con un público diverso y representativo de las distintas centrales de trabajadores e intelectuales y estudiosos de la cuestión laboral en el país.
La reunión se realizó en la Fundación Estrategias y con el auspicio de la Fundación Ebert, donde junto a la ministra germana actuó como comentadora la diputada socialista Alicia Ciciliani. El motivo del cónclave era relativo a la digitalización en la producción y los desafíos para el movimiento obrero. Las posiciones diversas oscilaron entre la demanda de adaptación de los trabajadores a la denuncia del capitalismo y la ofensiva del capital contra el trabajo y la naturaleza.
Quedan claras las opciones. Una fuerte presión del poder local y mundial para restringir derechos sociales y mejorar las opciones de rentabilidad de los inversores, con la deuda como lubricante aun cuando eso demore una reactivación económica. Por otro lado, en lo electoral y social movilizado las expectativas de cambios dentro del sistema y finalmente una lógica de confrontación contra y más allá del sistema capitalista.
Son opciones no necesariamente complementarias y que auguran dificultades económicas, sociales, culturales y políticas en el corto y mediano plazo, con desenlace incierto.

Buenos Aires, 24 de junio de 2017

Deuda pública en expansión

Argentina funciona gracias al ingreso de capitales externos, no como capital de riesgo o inversión productiva, sino como préstamos o colocaciones especulativas.
Esta semana, el Ministerio de Finanzas informó sobre colocaciones financieras del 14/6 por 75.000 millones de pesos (equivalente a 4.800 millones de dólares) y 1.428 millones de dólares. Estos se componen de 500 millones de dólares en Letras del Tesoro a 224 días (vencimiento: 26 de enero de 2018), otros 500 millones de dólares en Letras del Tesoro a 364 días (vto.: 15 de junio de 2018) y 428 millones de dólares en Letras del Tesoro a 532 días (vto.:30 de noviembre de 2018).[1]
Suma más de 6.200 millones de dólares cuyo destino principal es el pago de deuda vencida, con el agravante que suma compromisos a futuro de cancelación de intereses que compiten contra otros gastos presupuestarios, sean de salud, educación, seguridad, empleo, entre muchos otros.
Vale el comentario ya que cuando se discute la orientación del gasto se insiste en que el Estado no tiene dinero, y no lo tiene porque el destino principal es la cancelación de intereses de una deuda que se acrecienta regularmente.
Por caso, puede discutirse la decisión gubernamental de cancelar pensiones de invalidez, que aun cuando se retrotrae la situación, lo que muestra es el sentido del ajuste fiscal, donde el privilegio pasa por los compromisos externos antes que la deuda social con la mayoría empobrecida de la población.
Según el Ministerio de Finanzas el stock de deuda pública ascendía a diciembre del 2016 a 288.448 millones de dólares y sin información fidedigna podemos afirmar que al presente superan los 300.000 millones de dólares, sin contar las deudas provinciales.
A diciembre del 2015 el stock era de 264.323 millones de dólares. En un año creció en 24.125 millones de dólares y la previsión para el 2017 aumentará sustancialmente, sea por los 38.000 millones de dólares autorizados por el presupuesto 2017, o por el nivel de vencimientos impagables con recursos genuinos ante el déficit fiscal y comercial, que solo puede cubrirse con ingresos de divisas del exterior.
Reservas internacionales y cancelación de deuda
El ingreso de capitales externos explica el crecimiento de las Reservas internacionales, que eran de 24.816 millones de dólares a diciembre del 2015 cuando asume el gobierno Mauricio Macri.
A marzo del 2017 crecieron hasta los 51.488 millones, más del doble. Los vencimientos del primer cuatrimestre del 2017 explican que a junio 2017 el monto haya bajado hasta los 44.641 millones de dólares que registra el BCRA.[2]
Se trata de una diferencia de -6.847 millones de dólares, que puede haber tenido destino en cancelaciones de intereses de deuda, que para todo el año se estiman en 15.000 millones de dólares.
Además de la deuda del Tesoro a que aludimos, vale considerar la abultada deuda del BCRA en LEBAC (Letras del Banco Central) y en pases pasivos (otras colocaciones onerosas del BC).
Según información del BCRA, las LEBAC suman 891.656 millones de pesos (equivalen a 56.107 millones de dólares para un tipo de cambio a 15,892)[3], contra una Base Monetaria de 794.101 millones de pesos. La base monetaria incluye la circulación monetaria y los depósitos en cuenta corriente en el Banco Central.
Así, resulta mayor la deuda del BCRA que el conjunto de la base monetaria y esas letras pagan 25,50% a 35 días, constituyendo un excelente negocio contra otras inversiones, caso del plazo fijo que el propio BC reconoce con tasas del 17,85% a 30 días.
El problema de la deuda pública es muy serio y condiciona al conjunto de la política económica de la Argentina, agravado con el argumento de que la relación deuda contra el PBI es baja, con relación a los niveles de endeudamiento de otros países.
De ese modo, es de esperar mayores niveles de deuda pública en tanto se generan las condiciones para el ingreso de capital de riesgo, las tan mentadas inversiones externas.
Bajar el costo laboral para atraer inversiones
Por eso no debe sorprender que el gobierno cargue otra vez contra los juicios laborales y que sirva para alentar las demandas de los grandes empresarios para bajar el costo laboral en la Argentina.
En el Diario La Nación se publica una nota que se titula: “Unánime apoyo de los empresarios al Presidente contra la "industria del juicio". Diferentes cámaras y dirigentes expresaron su preocupación por la elevada litigiosidad en los fueros laborales, que "atenta contra el empleo y la competitividad"; impacto en las Pymes.”[4]
La nota remite a los dichos de Macri en contra de la "mafia de los juicios laborales" y que "la proliferación de juicios obliga a los empresarios a evitar contratar gente".
Allí puede leerse al titular de la UIA, Miguel Acevedo diciendo: "Estuvimos conversando sobre el tema laboral y estamos totalmente de acuerdo con los dichos del Presidente del otro día, porque esto aumenta terriblemente los costos y no va en beneficio del trabajador, sino al contrario, porque hace que haya más trabajo en negro en vez de trabajo registrado".
Una declaración que hace profesión de fe sobre la impunidad empresarial que no registra el trabajo y condena a la inseguridad a millones de personas, que según la estadística oficial son un tercio de las trabajadoras y los trabajadores.
En el mismo sentido se expresan, según La Nación, organizaciones empresarias de la banca extranjera, la construcción y el comercio, en lo que queda clara la fuerte ofensiva del capital sobre el trabajo.
No se trata de un problema local, sino que esta ofensiva se expresa en las expectativas por cambios laborales y previsionales regresivos en trámite en Brasil y en la agenda de las clases dominantes a escala mundial.
La expectativa de las grandes empresas y del gobierno está puesta en las elecciones de octubre y en las condiciones políticas que se generen para disciplinar el conflicto social y la demanda de ingresos, en momentos en que se preparan las discusiones del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, la Productividad y el Empleo.
Es una agenda muy exigente entre una mayoría afectada en sus ingresos, con crecimiento del desempleo, del 9,2% y 9,9% de subocupación, según el INDEC para el primer trimestre del 2017.[5] La situación está agravada en el conurbano bonaerense con 11,8% de desempleo; 10,3% en el Gran Rosario y 9,6% en el Gran Córdoba. Se trata de los tres distritos de concentración de trabajadores y población.
La disputa es por el ingreso, entre propietarios de medios de producción altamente concentrados, una minoría, y la mayoría de la sociedad que vive de ingresos fijos y bajo las consecuencias del ajuste fiscal, el crecimiento de los precios (aun cuando tienden a bajar) y el escaso crecimiento que por ahora se solventa con más deuda pública.
Buenos Aires, 16 de junio de 2017



[1] Ministerio de Finanzas de la República Argentina. Resultado de la Licitación de Bonos del Tesoro en Pesos a tasa de Política Monetaria y de Letras del Tesoro. 14 de junio 2017. En: http://www.minfinanzas.gob.ar/resultado-de-la-licitacion-de-bonos-del-tesoro-en-pesos-a-tasa-de-politica-monetaria-y-de-letras-del-tesoro/ (consultado el 16/06/2017)  
[2] BCRA. Principales variables. En: http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Principales_variables.asp (consultado el 16/06/2017)
[3] Ibidem
[4] Diario La Nación de Buenos Aires, Argentina, 16 de junio de 2017. En: http://www.lanacion.com.ar/2034115-unanime-apoyo-de-los-empresarios-al-presidente-contra-la-industria-del-juicio (consultado el 16/06/2017)
[5] INDEC.  Mercado de trabajo, principales indicadores (EPH). Primer trimestre de 2017En: http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/EPH_cont_1trim17.pdf (consultado el 16/06/2017)

Argentina subordinada a la agenda del capitalismo mundial

Pasó Angela Merkel por la Argentina y elogió al Presidente y su política; antes Mauricio Macri visitó a Donald Trump con el mismo resultado; y aun antes había venido al país Barack Obama y desde otra visión al actual ocupante de la Casa Blanca también batió palmas por el rumbo local.
Son varios los jefes de Estado y Organismos Internacionales que elogian y saludan el proceso político de la Argentina, aun cuando no aparecen los resultados económicos.
Pese a la baja del índice de precios, la inflación continúa castigando a gran parte de la población, la que tiene ingresos fijos y bajos. El crecimiento es mínimo y proyecta una imagen de estancamiento, especialmente en la producción industrial, con sus secuelas de cesantías y suspensiones.
Lo que elogian es la subordinación del país al guión elaborado por ese poder mundial, al que lógicamente aspira integrar el gobierno argentino. Además, pretenden marcar el camino en la región, no ya con golpes blandos sino con consenso electoral.
Ese es el atractivo del Gobierno Macri para el poder mundial, el consenso que se apresta a recrear y confirmar en octubre para así afirmar el rumbo de la liberalización.
Intereses materiales por la liberalización
La cuestión de fondo es que atrás de unos y otros, los de afuera y los de acá, están las corporaciones transnacionales, los que definen las inversiones y que con sus ganancias acumulan y se valorizan en la renovada disputa por el poder y la dominación.
Por eso también, la crónica informa de visitas al país de líderes empresarios o cónclaves del presidente en el exterior con esos eventuales inversores.
Es un entramado de poder entre grandes Empresas, Estados nacionales y Organismos internacionales que disputan entre sí la orientación del destino mundial.
Todos ellos, las corporaciones transnacionales, los jefes de gobierno de los países capitalistas desarrollados y los organismos internacionales, todos, coinciden en destacar el rumbo asumido por el gobierno Macri.
Ahora Merkel elogió el camino hacia la apertura económica y el libre comercio, dejando la esperanza que eso fructificará algún día, si se es consecuente y disciplinado en las medidas que se impulsen para asegurar la inserción del país en el sistema mundial.
El discurso es reiterativo en loas a la liberalización, como si ésta política fuera nueva en el país. De hecho, nos remite a la lógica ortodoxa de los equipos de Martínez de Hoz o de Cavallo, emblemáticos en la aplicación de políticas de inserción mundial subordinada de la Argentina en las últimas cuatro décadas.
Institucionalidad del poder mundial
Argentina quiere integrarse en los ámbitos que definen el poder global y no es nuevo. Ello tiene antecedentes más atrás de las aspiraciones menemistas por integrarse al primer mundo y nos los recuerdan personajes de las clases dominantes cuando recuperan el destino de grandeza de la Argentina del centenario, lugar perdido desde la aspiración por la industrialización.
Por eso Macri insiste en el retorno a los “mercados”, que es su credo y su tradición familiar de empresario, y ahora tiene más sentido la pertenencia de Argentina al G20, que en 2008 apareció como el ámbito global desde la hegemonía del G7 (EEUU, Canadá, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y Japón) para ampliar el consenso con otros países que emergían a la visibilidad de inversores (China, Rusia, India, Brasil, México y Argentina, entre otros), y juntos encontrar salidas liberalizadoras a la crisis de entonces.
Merkel entregará la posta de la coordinación del Grupo de los 20 a Macri, ya que Alemania ejerce esa función este año y a la Argentina le tocará el próximo.
Además, la Argentina es sede entre el 10 y 13 de diciembre próximo de la Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, OMC, con el propósito de estimular precisamente el libre comercio, forma eufemística para denominar el programa de máxima de los grandes capitales por apropiarse del mercado mundial.
Ambos jefes de gobierno, Merkel y Macri se interesan para que la cumbre próxima del G20 en Berlín, el 7/7/17 organice adecuadamente la agenda de discusión mundial favorable a la liberalización, con el condimento conflictivo que supone la presencia de Trump en el cónclave.
Todos quieren y profesan el libre comercio, el libre cambio y la libre competencia. Son líderes e ideólogos del orden capitalista. Sin embargo, cada quien atiende su juego. Trump aspira a desarmar a su favor la institucionalidad lograda en tratados o acuerdos internacionales en gestiones anteriores. Necesita hacerlo para cumplir con sus promesas de “hacer grande América otra vez” y mantener los consensos internos.
Merkel defiende los intereses de la hegemonía alemana en Europa, y Macri tiene la ilusión que su prédica por la liberalización, su credo ideológico, promueva la llegada de inversiones que tanto EEUU como Europa pretenden para sus territorios, salvo que el ajuste fiscal y la pérdida de derechos laborales y sociales hagan atractiva a la Argentina para las empresas extranjeras.
El debate por los acuerdos de París
Lo curioso es que todos lo critican a Trump por anunciar el retiro de EEUU de los acuerdos sobre el calentamiento global y el cambio climático, cuando EEUU, Alemania y otras grandes potencias son principales productores materiales y difusores de la contaminación en cada territorio que asienta sus empresas transnacionales.
Vale también para la Argentina que se propone el objetivo de llegar rápidamente al millón de autos producidos en el país y aspira hacer realidad, vía fractura hidráulica (fracking) la explotación de vaca muerta, al tiempo que celebra acuerdos para potenciar la depredación de la naturaleza en cómplices acuerdos con gobernadores e inversores de una producción primaria exportadora que más que progreso acelera la devastación.
Es un debate mentiroso el que se suscita entre los responsables del cambio climático, que con el modelo productivo profundizan el carácter depredador de un orden económico social que junto a la pobreza, la desigualdad y la explotación, ofrece campo arrasado con inundaciones y contaminación que afectan la flora, la fauna y nuestra vida.
Ni siquiera alcanza con la mitigación sustentada en los acuerdos internacionales y convoca a discutir a fondo la crítica a la forma hegemónica de la producción, la distribución, el cambio y el consumo, colocando por delante la convergencia de un metabolismo social y natural que ofrezca horizonte de continuidad a la vida.
Lamentablemente no es lo que se discute y todo queda en discursos diplomáticos que esconden el interés de las grandes empresas por asegurar su lógica de la ganancia, la acumulación y la dominación.

Buenos Aires, 9 de junio de 2017

Rentabilidad para los inversores como premisa de la recuperación económica

Resulta conocida la apuesta del gobierno por la atracción de inversores externos para recuperar el orden económico ante los límites locales, del sector privado o el público.
Las posibilidades de recuperación económica dentro del capitalismo remiten al crecimiento del consumo, de la inversión o del saldo favorable del intercambio externo. Es la ecuación que permite reproducir una lógica de acumulación.
Por eso, la decisión gubernamental se concentra desde el inicio de la gestión en las inversiones externas, siendo ese el foco de las visitas al exterior del presidente y su equipo, o lo que define las presencias extranjeras en Argentina en variadas iniciativas.
Bajo esas premisas no sorprenden las afirmaciones del Ministro de la Producción en estos días, Francisco Cabrera, al señalar que  “Argentina necesita inversiones y una de las razones por las que no llegan es porque la rentabilidad no es la esperada respecto del riesgo". Señalado en el Foro “Argentina-Unión Europea”[1]
Es un diagnóstico que le permite explicar el bajo desempeño de la actividad económica en el país, donde la opción por el ajuste supone una disminución del consumo, especialmente de los sectores de menores ingresos relativos, junto al balance negativo del comercio exterior derivado de la apertura importadora.
Al no haber consumo suficiente ni saldo positivo del balance comercial, todo se reduce a que lleguen inversiones desde el exterior y para eso hay que asegurarles rentabilidad. La necesidad gubernamental pasa por lograr que esas inversiones lleguen a la Argentina.
Esperaban una lluvia de inversiones externas
El gobierno imaginaba que su sola presencia en la gestión desde diciembre del 2015 y las concesiones originarias a la demanda de los grandes inversores atraerían capitales del exterior. Es evidente que no alcanzó con la devaluación, la quita de retenciones a las exportaciones y los pagos vía fortísimo endeudamiento público externo a los acreedores en conflicto.
No fue ni es tan simple que vengan inversiones a la Argentina, ya que además de los problemas globales, no solo del vecino Brasil, se suman cuestiones locales para demorar decisiones de inversiones productivas en el país. Entre otras, reconoce el Ministro, el retraso en materia de infraestructura y en la provisión de energía, la cuestión tributaria y muy especialmente las laborales, no solo salarios, sino capacidad de organización sindical y protesta social. Convengamos también que los elevados rendimientos financieros compiten con la actividad productiva.
Para eso se estructuraron los acuerdos económicos con China, que aun resta conocer su letra chica y capacidad real de ejecución, sin perjuicio de señalar nuevos mecanismos de dependencia tecnológica, económica y financiera que recrea con recurrencia el país.
A modo de ejemplo de lo que esperan, se reiteró por parte de Cabrera algunos anuncios de próximas inversiones en hidrocarburos no convencionales, en el yacimiento de Vaca Muerta. Es una apuesta a la reproducción de una matriz energética discutida en todo el mundo ante los problemas ambientales derivados del modelo productivo y la subordinación al petróleo, reiterando la dependencia tecnológica con las grandes petroleras, caso de los acuerdos YPF-Chevron.
Se trata de un tema que trasciende la coyuntura, en coincidencia con la decisión de EEUU de retirarse de los acuerdos de París, que son por cierto, muy limitados e incapaces de frenar la destrucción de la naturaleza que propicia el modelo productivo del capitalismo mundial. Pareciera que la Argentina apuesta en el mismo sentido que la estrategia estadounidense, que logró posicionar, luego de cuatro décadas, a EEUU como principal productor de petróleo del mundo gracias a la fractura hidráulica (fracking) para extracción de hidrocarburos no convencionales.
Argentina intenta continuar ese camino y ser plataforma de difusión en la región de la tecnología del fracking desde su lugar como segunda reserva mundial de gas no convencional (shale-gas) y cuarta de petróleo no convencional (shale-oil).
Todo para favorecer al capital externo
Queda claro que la opción gubernamental apunta a generar condiciones para atraer capitales externos y por eso promete una próxima reforma tributaria, atractiva para los capitales y desoyendo dos demandas que afectan el regresivo régimen impositivo de la Argentina.
Lo principal de la recaudación, más del 50% proviene del IVA y Ganancias, siendo muy regresivo el primero y el segundo se asienta muy especialmente en los ingresos de la cuarta categoría que aportan los trabajadores,
No dudamos entonces, que las reformas tributarias intentarán ser favorables para las ganancias de los inversores y ratificando la regresividad del régimen impositivo.
En materia laboral es evidente el objetivo gubernamental por reducir el costo salarial y laboral para mejorar la opción por las ganancias y la acumulación de capitales.
Desde el Ministerio de Trabajo se impulsan iniciativas políticas, jurídicas, ideológicas comunicacionales para disputar consenso contra los trabajadores y sus protestas.
La judicialización del conflicto social es un hecho creciente, a lo que se suman acciones coercitivas contra dirigentes sindicales, con sanciones que incluyen el encarcelamiento, e intervenciones bajo nuevas modalidades a organizaciones sindicales. Son prácticas exacerbadas y  que recuperan formas generalizadas en tiempos de dictadura. Se busca consenso social crítico a la lucha sindical, animando un clima social favorable al accionar “pro-patronal”.
No debe subestimarse el accionar ideológico comunicativo del gobierno en la disputa del consenso sobre el futuro económico, donde todo se resume en sostener la lógica de los capitales. Dice David Harvey que el enigma del capital remite a la naturalización del proceso de valorización, que lleva a todo tenedor de dinero a invertirlo para mantener su valor y acrecentarlo, pero también a la reproducción del ciclo desde el consumo, con lo cual la cotidianeidad reitera el modo de funcionamiento de la lógica de valorización de capitales. No solo actúan los inversores, sino también los consumidores.
Mucho más opera este proceso cuando las estadísticas oficiales reconocen el retroceso manufacturero en el país, con datos del Estimador Mensual Industrial (EMI) que indican que “...la actividad industrial de abril de 2017 presenta una caída de 2,3% con respecto al mismo mes del año 2016” y para “...el primer cuatrimestre del año 2017 con respecto al mismo período del año 2016 muestra una disminución de 2,4%”.[2]
Esa baja en la producción industrial explica el cierre de empresas, las suspensiones y los despidos, más la presión por reducir salarios o actualizaciones de ingresos, por lo que se requiere contrarrestar el imaginario sobre la evolución de la economía con accionar ideológico político. La respuesta es que hace falta crecer y para ello, generar condiciones favorables a la rentabilidad empresarial.
Según el gobierno, la demanda de los inversores pasa por darle continuidad a la lógica regresiva de la política del gobierno, lo que necesita consolidarse en la elección de octubre próximo. Por eso, ante la falta de resultados tangibles en materia económica, vale la ilusión de un tiempo futuro mejor bajo la lógica favorable a las ganancias de los potenciales inversores externos.
Es una cuestión política que exige exacerbar argumentos para una política contra y más allá de los intereses del capitalismo, lo que supone otro modelo productivo y de desarrollo. Lo que supone una preocupación de largo aliento y que sobrepasa los límites del proceso electoral en curso.
Buenos Aires, 5 de junio de 2017